Un grupo de representantes de las organizaciones no gubernamentales ABC Rural (Asociación Bañados de Carrasco Montevideo Rural) y APRAC (Asociación Pro Recuperación del Arroyo Carrasco) se reunió con el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, con el objetivo de trasladarle su gran preocupación por la posibilidad de la instalación en la zona de una nueva cárcel para 2.000 reclusos.
Los representantes de las dos organizaciones no gubernamentales explicaron al ministro y al director general de Secretaría de esa cartera, doctor Charles Carrera, que la anunciada instalación de una nueva cárcel en la zona de Punta de Rieles representaría un “gravísimo daño” para una zona rural de gran valor ambiental y paisajístico, y generaría un daño “irreparable” para los esfuerzos que públicos y privados realizan para la recuperación de la zona Bañados de Carrasco.
El ministro Bonomi se mostró sensible al planteo de estas organizaciones sociales y dio tranquilidad a sus representes de que el lugar para la instalación del nuevo complejo carcelario aún no está definido y que la zona de Punta de Rieles “es sólo uno de los sitios a estudio”, según manifestaron los representantes de ABC Rural y Aprac luego de la reunión.
Bonomi se mostró sensible a los planteamientos y se comprometió a evaluar otras alternativas. Las otras localizaciones que se han manejado hasta el momento son predios que ya se poseen.
Asimismo, el jefe de la cartera del Interior se comprometió a que se contrate a un urbanista para que participe del estudio de factibilidad técnica, financiera, socioeconómica y ambiental del proyecto carcelario para 2.000 reclusos, el cual le será encomendado a una empresa consultora.
En el llamado realizado por la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) en coordinación con el Ministerio de Interior no estaba prevista la contratación de un profesional entendido en ordenamiento territorial, según comentó el presidente de la ONG ABC Rural, ingeniero agrónomo Roberto Garese, quien fue uno de los asistentes a la reunión.
“La participación de un urbanista es muy importante para la consideración del lugar más adecuado para la instalación de una cárcel, por el impacto de estos emprendimientos en el territorio hoy y en el futuro desarrollo de la ciudad ya que una vez hecho quedan definitivamente. Por otro lado, la compra del terreno frente a los 100 millones de dólares mencionados que se van a destinar es una parte ínfima de la inversión, por lo que se debería considerar no sólo los terrenos disponibles sino también otros”, sostuvo Garese.
En la reunión estuvo presente el director general de Secretaría del Ministerio del Interior, Charles Carrera, quien se mostró abierto a recibir otras propuestas de localización para el recinto penitenciario.
La empresa consultora elegida para llevar a cabo el estudio de factibilidad contará con un plazo de 75 días para la redacción de su informe final.
Uno de los aspectos que la consultora deberá analizar son los posibles impactos ambientales directos e indirectos del proyecto.
Previamente a la determinación de los lugares a ser estudiados para la ubicación del penal, la firma consultora podrá analizar distintas alternativas.
“La cárcel no se debe instalar en esta zona de Punta de Rieles porque es parte del área de los Bañados de Carrasco, la cual tiene un gran potencial tanto ambiental como para el desarrollo de otras actividades”, manifestó Garese.
El ingeniero agrónomo destacó que se trata de la mayor área verde de la zona metropolitana y que es cuatro veces superior al Parque Rosevelt.
El Parque Bañados de Carrasco comprende 1.240 hectáreas y constituye una importante área de reserva de flora y fauna, la cual es rodeada por la zona rural Bañados de Carrasco, señaló Garese, quien agregó que con la instalación de la cárcel “se afecta todo una zona rural de gran valor ambiental”.
Destacó que si se llegara a concretar la instalación del penal en la zona, “se formaría, por disposiciones municipales, un área de exclusión en todo el entorno al predio carcelario donde se prohíbe la instalación de muchas actividades”.
Los representantes de las ONG se mostraron satisfechos por los compromisos adoptados por el ministro Bonomi y se ofrecieron a estudiar otros sitios.
“Pedimos que se haga un estudio más amplio y completo y si Punta de Rieles es el lugar indicado, colaboraremos como es nuestra costumbre”, concluyó el presidente de la ONG ABC Rural – APRAC.