Se aprobó en la Cámara de Diputados el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
La diputada nacionalista Verónica Alonso argumentó en Cámara que “se dará un paso importante al aprobar la adhesión al Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad porque es altamente significativo”.
“Lo que hoy votamos coloca al Gobierno de nuestro país en una posición de mucha mayor exigencia. Porque no solo deberá realizar los ajustes legales necesarios para que las normas nacionales no vayan en contra de lo establecido por esta Convención Internacional, sino lo más importante, es que el Gobierno deberá tomar conciencia que debe cambiar la actitud”.
“Esta nueva actitud va a traer consigo mejoras en todos los ámbitos para las personas con discapacidad: en lo que tiene que ver con el acceso al mercado laboral, salud, educación, transporte, accesibilidad en infraestructura, accesibilidad en información, entre otras áreas. Si desde el Estado se marca que tiene, no solo la intención, sino la voluntad de cumplir simple y claramente con muchas cosas que las leyes marcan, se habrá avanzado muchísimo”.
La legisladora aprovechó la oportunidad para reclamarle al Gobierno que reglamente la Ley sobre Discapacidad, que se aprobó en la legislatura anterior y aún falta su reglamentación por parte del Poder Ejecutivo -“El hecho de que la ley 18.651 no haya sido reglamentada, muestra que se sigue sin tomar en cuenta tantos derechos vulnerados, donde ni siquiera hay exigencias por parte del Estado, permitiéndose así que existan grandes diferencias entre la normativa y la realidad. Hemos avanzado en los papeles y en las intenciones, y muy poco en el derecho cotidiano”.
“Si bien es cierto que la existencia de instrumentos internacionales como la Convención abre un panorama alentador sobre el tema, no resulta suficiente si tenemos constantes violaciones a las leyes vigentes”.
“Lo que establece la Convención Internacional no debe convertirse en letra muerta, sino que debemos aunar esfuerzos para garantizar la participación plena y una mejor calidad de vida de las personas con discapacidad. Porque si una democracia no garantiza los derechos ciudadanos de sus sectores más vulnerables, como son las personas con discapacidad, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que tenemos una democracia restringida”.
En nuestro país más del 80% de las personas con discapacidad están en situación de pobreza y ese dato es indignante.