Compartimos el pronunciamiento de la Directiva Nacional de la Vertiente Artiguista (VA) fechado el domingo 5 de junio.
“Ante la situación por la que atraviesa el Frente Amplio, la necesidad de un análisis autocrítico a fondo y la adopción de medidas para su superación, compartimos las siguientes reflexiones y propuestas para su consideración por parte de los compañeros integrantes de las bases, sectores políticos y frenteamplistas en general.
Las circunstancias políticas ocurridas en torno al trámite de la Ley de Caducidad y sus resultados, deben ser objeto de un análisis autocrítico y en profundidad en el Frente Amplio y el gobierno. Se frustró una iniciativa sobre un tema emblemático como lo es la cuestión de los Derechos Humanos. Hubo iniciativas de sectores y del Poder Ejecutivo, se trasladó a la fuerza política para su resolución -la que trabajó arduamente y adoptó una posición unánime-, se generó fuertes tensiones al interior de las bancadas y una intervención decisiva del Presidente y Vicepresidente de la República desestimada a nivel de la fuerza política y el parlamento, exhibiendo marchas y contra marchas en la fuerza de gobierno. Se pusieron en cuestión temas relevantes para la Democracia como el funcionamiento de los Partidos y el respeto a los pronunciamientos ciudadanos, con un fuerte desgaste a nivel ciudadano y la desaprobación a lo actuado, tanto de quienes respaldaban la iniciativa frustrada como de aquellos que la rechazaban. Lo más grave: se perdió la votación en el Parlamento por incumplimiento de una resolución de la fuerza política, que a diferencia de anteriores incumplimientos impidió, por primera vez desde su llegada al gobierno nacional, la concreción de una iniciativa del Frente Amplio. Con ello se afectó la unidad de acción y la gobernabilidad, expresando una situación interna crítica que trasciende ampliamente esa votación.
1. En setiembre de 2010, al abrirse el debate interno de evaluación del proceso electoral y la situación de la fuerza política, elevamos al FA una agenda de cambios en el documento titulado “Autocrítica y renovación del Frente Amplio” centrado en las siguientes propuestas: reafirmar la identidad frenteamplista; enriquecer el proyecto estratégico de la izquierda; desarrollar la alianza social de los cambios; fortalecer la inserción social y el trabajo local del FA; preservar la unidad de acción; ampliar la participación del pueblo frenteamplista en la vida interna y en su expresión representativa; impulsar la renovación generacional; apelar a la consulta directa en temas críticos; desarrollar la elaboración programática y la formación; y defender los logros de los gobiernos progresistas.
Desde el gobierno, el Frente Amplio ha concretado avances económicos y sociales en nuestro país que suponen importantes mejoras en las condiciones de vida de nuestra gente y en el camino de desarrollo, que debemos profundizar. A nivel político por el contrario, han pasado 8 meses y no se ha avanzado en lo político a nivel interno; hemos retrocedido. Los hechos recientes ponen al desnudo ese retroceso, principalmente expresado como crisis de conducción y funcionamiento colectivo de la fuerza política, lesión de su identidad y credibilidad, ruptura de la unidad de acción y desencuentros entre los frenteamplistas, la estructura política y el Poder Ejecutivo. Todo ello en una cuestión tan sensible como la política de DDHH.
¿Cuál es el factor de fondo que explica esta crisis? Se pueden enumerar muchos errores estratégicos y políticos de largo arrastre (como haber replanteado la cuestión de la Ley de Caducidad en forma conjunta con las elecciones nacionales, haberlo hecho sin el consenso político y social con el que históricamente definimos los caminos a seguir en materia de derechos humanos) y una lista igualmente larga de errores recientes de toda naturaleza incluyendo reacciones no suficientemente estimadas por parte de la opinión pública. En la última oportunidad todos los sectores manifestaron consenso con la ley interpretativa cuando de antemano existían diferencias. En el fondo de la cuestión se encuentran diferencias políticas e ideológicas en la cuestión de los DDHH y diferencias sobre el proceso de toma de decisiones, su legitimidad y el funcionamiento de la estructura de la fuerza política. Estas diferencias se expresaron como crisis profunda.
El 19 de mayo con la no aprobación de la ley interpretativa, el FA llegó a una situación límite. No sólo por el resultado en sí mismo, sino por el proceso que llevó a él. Estaban en juego aspectos vinculados al propio proyecto de Ley sobre una cuestión fundamental de fuerte contenido democrático, ético e identitario para la izquierda que estuvo planteada expresamente en el programa de gobierno del FA presentado a la ciudadanía en 2009; pero también se puso en cuestión quién y cómo se decide en la Fuerza Política, el alcance de sus resoluciones en los temas de gobierno y su legitimidad. Sobre este punto está planteado una discusión que es ineludible afrontar, en la medida que se han ido delineando y expresando a la interna y públicamente diferencias que afectan el funcionamiento colectivo y los mecanismos que nos hemos dado para procesar decisiones en el marco de unidad en la diversidad que definen al Frente Amplio.
1. Ante la postura de defensa de los mecanismos de funcionamiento actual establecidos por los acuerdos políticos, reglamentos de las bancadas y Estatutos que han permitido el funcionamiento colectivo del FA y nos obligan a todos hasta que no sean modificados por un nuevo acuerdo político, se ha desarrollado otra postura que desacredita lo que hoy funciona, y que fundamenta según el caso, la existencia de un divorcio entre la estructura política y “el pueblo frenteamplista”, entre esa estructura orgánica y las corrientes mayoritarias, o el desencuentro de ésta con el Poder Ejecutivo y los principales referentes de nuestro gobierno. Esta postura que no es nueva, se ha expresado en varios momentos por algunos compañeros que han quedado en minoría o han discrepado con posiciones adoptadas, particularmente en los últimos tiempos en referencia a temas electorales, al cuestionarse por ejemplo las potestades del Congreso para definir el candidato a Presidente -que luego fuera refrendado por la votación de la ciudadanía frenteamplista-, o ante temas políticos como la definición de posturas sobre el TLC, ley de caducidad, etc. De manera franca, respetuosa, con argumentos, pero con firmeza y convicción, creemos que hay que asumir la discusión en profundidad y controvertir esa posición que creemos equivocada; básicamente porque se hacen desde una lógica que cuestiona la legitimidad de las reglas de funcionamiento colectivo y principios básicos que hacen a la unidad que las fuerzas progresista han construido a lo largo de su historia, que la han hecho posible y que son imprescindibles para llevar adelante el proceso de cambios que da razón de ser al Frente Amplio.
En realidad han existido desencuentros entre la estructura y la ciudadanía o con el gobierno , y se han dado por diversas razones: ya sea por responsabilidad de la estructura o por decisiones asumidas por los sectores. Un desencuentro importante se produjo en oportunidad de la elección de la candidatura a la Intendencia de Montevideo; en aquella instancia predominó la postura impulsada por los sectores mayoritarios aliados con otros de gran peso en la estructura, contraponiéndose a una amplia sensibilidad en la ciudadanía frenteamplista y en la opinión pública, lo que en buena medida explica el voto en blanco de un gran número de frenteamplistas, lo que junto a la derrota electoral en la disputa de cuatro Intendencias abrió el debate y la autocrítica interna que aún no ha dado resultados. Si no hay cambios, estas realidades pueden volver a expresarse en otros temas, con preocupantes resultados. No obstante ello creemos que la existencia de problemas en el Frente Amplio no debe llevarnos a cuestionar su identidad hasta su propia existencia, sino impulsarnos a un proceso de fuerte renovación.
La estructura común del Frente Amplio debe adecuarse a la nueva realidad y procesar cambios, pero ello no debe confundirse con que deba minimizarse al punto de desaparecer; tampoco que deba cuestionarse la existencia de reglas que garanticen su unidad de acción o su movimiento de base. No queremos ser un partido tradicional más. Por el contrario, debemos fortalecer a la fuerza política. Ello supone mantener su lógica de coalición y movimiento, y también, ajustar los mecanismos democráticos de representación y resolución con mayorías especiales que promuevan la construcción de consensos sin bloquear su capacidad de decisión en la interna. Creemos en el papel fundamental de la coalición de sectores y partidos funcionando en un marco de inclusión, unidad y representatividad. No creemos que quienes tienen derecho a decidir en la coalición sean solo los grupos con caudal electoral ni tampoco que ellos deban incidir de forma equivalente a grupos muy pequeños o con representaciones testimoniales; creemos en la representatividad y proporcionalidad, pero no en la exclusión de sectores, muchos de los cuales son fundadores del FA. Renovar para fortalecer el funcionamiento colectivo del FA implica a su vez, ampliar lo máximo posible los ámbitos de participación militante, y en los temas fundamentales, abrir mecanismos de consulta directa a los frenteamplistas.
Los desencuentros o desequilibrios entre fuerza política, gobierno y ciudadanía frenteamplista, solo tiene tres desenlaces posibles: a) el estallido de la expresión orgánica de la Fuerza política, con el consiguiente impacto en la unidad y en la gobernabilidad (que es lo que se provoca al desconocer la legitimidad de sus decisiones); b) la marginación o atonía de la misma, atenuando la capacidad de incidencia en la sociedad y en un Poder Ejecutivo que tampoco la convoca (que fue lo que en importante medida sucedió en el período anterior) , o c) la construcción de un nuevo acuerdo, un tercer camino que consideramos más constructivo, conveniente y con proyección de futuro. Proponemos la refundación del pacto político del Frente Amplio, que asuma la defensa de sus estructuras comunes al mismo tiempo que su renovación y el fortalecimiento de su conducción; que restablezca el principio de la unidad de acción, que apele al consenso en temas críticos de gobierno en el interior de la estructura orgánica e imponga la regla de resolución por dos tercios en el Plenario Nacional, establezca las Asambleas de adherentes en Coordinadoras y Departamentales como órganos de referencia para la toma de decisiones en forma previa a los Plenarios, e incorpore la consulta abierta mediante plebiscito interno en los temas que sean relevantes y sensibles para la población o en los que se registren fuertes diferencias internas para que decidan los frenteamplistas.
1. Articular adecuadamente a la fuerza política con el gobierno y asegurar su gobernabilidad, son cuestiones fundamentales para llevar adelante nuestro programa, a nivel estratégico y particularmente en la coyuntura. Reafirmamos enérgicamente la necesidad de adoptar la mas firme de las actitudes para garantizar el cumplimiento de las resoluciones adoptadas colectivamente y los mecanismos que garantizan la unidad de acción y la gobernabilidad, seriamente dañada por actitudes como las asumidas por el senador Saravia y en particular por el diputado Semproni, por lo que esperamos que el Tribunal de Conducta Política se expida con rigor, aplicando, en forma estricta, el código de conducta ética y el compromiso político del Frente Amplio.
Flaco favor le haremos al Frente Amplio, al propio gobierno y al pueblo uruguayo, si ante la gravedad de lo sucedido tratáramos de barrer debajo de la alfombra.
El Frente Amplio nació para transformar el país a través de la acción política permanente a todos los niveles mediante la administración democrática del gobierno. Su objetivo y el de nuestra militancia política es llevar adelante un programa de cambios económicos, sociales y culturales que incluyen la defensa de los derechos humanos, la verdad y la justicia como compromiso ético y democratizador irrenunciable, por lo que seguiremos bregando para eliminar la Ley de Caducidad y sus efectos. En ese sentido resulta fundamental la decisión del Poder Ejecutivo de dictar los decretos que permitan desarchivar todos los casos de violación de los Derechos Humanos que fueran comprendidos en el marco de la interpretación dicha Ley por los gobiernos colorados y blancos desde el año 1985 al 2004.
Reafirmamos el firme respaldo al gobierno encabezado por Presidente de la República, compañero José “Pepe” Mujica, que ha logrado importantes avances expresados en los niveles de crecimiento económico, la mejora de las condiciones de vida de amplios sectores de la población y en los ingresos de los trabajadores, así como en los progresos en la integración regional. A su vez, nuestro gobierno debe encarar la mejora de la gestión en áreas claves, la coordinación de las acciones tanto a nivel interno como de comunicación, y la profundización de la transformación del país mediante la definición de una agenda de prioridades de gobierno, que incluya:
* Impulso del desarrollo sustentable: fortalecimiento y diversificación de la estructura económica; consolidación y mejora del sistema de promoción de la inversión productiva, la incorporación de valor agregado y el trabajo calificado; concreción de avances significativos en las infraestructura de transporte, en particular fluvial y ferroviario, energía y telecomunicaciones; rol activo del Estado en las áreas estratégicas con fortalecimiento de la inversión y gestión de las Empresas Públicas; instrumentación de la Ley de contratación publico privada; respeto del medio ambiente; y profundización de la integración regional.
* Avance en la distribución de la riqueza: mejora progresiva del sistema tributario aliviando la imposición a los sectores medios; respaldo al incremento de la tributación agropecuaria de los grandes productores y propietarios de la tierra, desestimulando su concentración;
* Fortalecimiento del sistema de protección social: y expansión de las asignaciones familiares, cambios urgentes en materia educativa, implementación inmediata del plan de viviendas, mejora de gestión en ASSE y desarrollo del sistema integrado de salud.
* Atención prioritaria a la seguridad ciudadana: continuar fortaleciendo las políticas públicas de represión del delito, combate al crimen organizado, así como las definiciones asumidas en torno a la situación de los menores en conflicto con la ley penal con la creación del Sistema de Responsabilización Penal Adolescente (SIRPA) todo ello sobre la base de importantes políticas de integración social.
* Concretar avances en Salud sexual y reproductiva: aprobación del proyecto de despenalización del aborto”.
Directiva Nacional de la Vertiente Artiguista
5 de Junio, 2011.