Compartimos la ponencia del diputado Gerardo Amarilla realizada en la Cámara de Representantes en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, celebrada el miércoles 8 de junio.

“5 de junio de 2011 – Día Mundial del Medio Ambiente.

El Estado Ambiental de la Nación.

Hace 400 años Hernandarias introducía el ganado vacuno en el territorio de la Banda Oriental y desde ese preciso instante tiene el origen uno de los procesos que tal vez adquieran la mayor trascendencia para este territorio y sus futuros pobladores.

Si tan sólo por un momento, nos pudiéramos ver en perspectiva, como sociedad ubicada en un territorio, apreciando lo que ha sucedido en siglos, la introducción de la ganadería y su posterior desarrollo que llega hasta nuestros días, constituye en sí la actividad de mayor impacto ambiental que hemos tenido en estos lares.

Este año, el Día Mundial del Medio Ambiente se enfoca en la importancia de los bosques y justamente en referencia a la introducción de la Ganadería, tenemos que decir que nuestros bosques nativos, nuestro monte autóctono que aproximadamente ocupa actualmente entre el 3 y 4 % del territorio nacional, según estudios ocuparía más del doble de esa extensión si no hubiera existido la ganadería. Seguramente también hubo un considerable impacto en las pasturas naturales y ni que hablar sobre la presión ejercida por esta producción sobre otros mamíferos, algunos de los cuales fueron extinguidos.

La pregunta es podríamos haber concebido otro modelo de asentamiento de humanos en estas tierras y un digno desarrollo sin ganadería?.

Carlos Maggi nos deleitaba en un artículo donde recreaba los momentos en los cuales Hernandarias investigó estas tierras y tomó la decisión de introducir vacunos. Decisión que no fue producto del azar o de un momento irreflexivo sino que seguramente consideró todos los extremos y optó por la necesidad de dotar de nuevos y necesarios recursos para poder asentar posteriormente a las poblaciones.

Seguramente que hoy, desde la distancia y apreciando los conocimientos de aquella época, apreciamos como correcta la decisión y nos vinculamos directamente como nación a todo ese desarrollo, hasta el punto de simbolizar la abundancia en nuestro escudo nacional con un vacuno.

Luego la sociedad internacional consideró nuevos problemas y articuló nuevas alternativas y soluciones.

En 1972, se realiza la primera Cumbre de Naciones Unidas sobre el Medio Humano, suscribiendo una Declaración el 5 de junio, y comienza a permear en las diferentes sociedades una nueva concepción de cómo relacionarnos con la naturaleza y los recursos naturales.

Una consideración especial para el representante de Uruguay en aquella Cumbre, el embajador Dr. Mateo Magariños de Mello, quien desde aquella instancia abrazó la causa ambiental y tuvo una gran incidencia en la generación de la conciencia en nuestro país y el posterior desarrollo del derecho ambiental nacional.

Luego vienen algunos íconos que no podemos obviar, la creación del MVOTMA por ley nº 16.112  publicada precisamente hace 21 años, el 8 de junio en 1990 y bajo la presidencia del Dr. Luis Alberto Lacalle también se aprobó una herramienta fundamental, la ley 16.466 de Impacto Ambiental, sin la cual sería imposible implementar cualquier Política Pública Ambiental.

Luego tenemos la Ley General de Protección Ambiental Nº 17.283, que integra y desarrolla la norma constitucional establecida en el Artículo 47 incluida a partir de la reforma constitucional de 1996.  No podemos soslayar debido a su trascendental importancia y su particular vigencia la Ley 17.234 que declara de interés general la creación y gestión del sistema Nacional de Áreas  Naturales Protegidas.

Hasta aquí resulta sumamente importante destacar el gran esfuerzo de todas las fuerzas políticas por conseguir los consensos que permitieron el voto unánime o de grandes mayorías en relación a esas normas. Esto nos informa que aún sin reconocerlo nos habíamos manejado hasta ahí, en el tema ambiental, con una Política de Estado. Subrayamos esto porque a partir de allí se han sucedido descuidos y desentendimientos por los que hemos perdido esa visión, implementando medidas o propuestas sin consenso y que por ende adolecen de una fragilidad inicial que luego tienen negativas consecuencias en su implementación.

Estamos ante desafíos y presiones que realmente nos reclaman volver a la senda de grandes consensos ambientales de toda la sociedad para poder enfrentarlos como país.

Asistimos a un avance exponencial de la agricultura intensiva con usos importantes de agrotóxicos.

Estamos ante un aumento sustancial del consumo que deriva entre otras consecuencias una mayor generación de residuos.  A pesar de algunos esfuerzos este proceso no es acompañado por las medidas necesarias de reciclaje.

Tenemos un Proyecto de construcción del Puente sobre la Laguna Garzón que genera inquietudes, reclamos y rechazos.

Nos sorprende un Proyecto de Megaminería a cielo abierto que genera reclamos y conflictos con otros sectores, pero que sobre todo nos despierta una gran incógnita sobre el impacto del emprendimiento en todas sus fases y la transparencia de la información ambiental.

Ni que hablar de propuestas disparatadas de subastar tierras incluidas en áreas naturales protegidas. Cuestión que es impensable acá y en cualquier parte del mundo y que no es por un decreto que dicha propuesta resulta inviable sino que contradice la legislación ambiental y los principios que frente a la materia tienen raigambre constitucional.

Enfrentamos fenómenos como el de los 600 pingüinos y delfines que aparecen en nuestras costas y casualmente en el mismo sitio se hallan envases plásticos de residuos tóxicos.  Aguardamos en forma urgente una respuesta oficial respecto a ello y de paso reclamamos formalmente el cumplimiento del Artículo 12 de la Ley 17.283 por el que el Poder Ejecutivo debería enviar anualmente un Informe Ambiental que no hemos recibido en el seno de este Parlamento.

Todas estas presiones y fenómenos no admiten que pasivamente asistamos a la “Política de los Hechos Consumados” y nos repleguemos a dejar entrar a quien quiera,  como quiera y hacer cualquier cosa.

Precisamos una Política Ambiental de Estado, una Política de Nación y para ser más exigente una Política Ambiental de Generación.

No consideramos prudente y serio frente a estos temas que la política se fije de acuerdo a los anuncios de representantes de empresas extranjeras o en base a afirmaciones de jerarcas y que van en zig zag, terminando con un pretendido contundente “TA”, que casi autoritariamente no amerita más discusión.

En estos temas ambientales no admitimos la prepotencia, le decimos NO a la improvisación si queremos definir una política ambiental seria de cara al siglo XXI.

Tenemos que inspirarnos para ello en los principios que proponía el Maestro Mateo Magariños cuando establecía que el nuevo paradigma de la política ambiental debería basarse en una concepción global, integral, piramidal, prioritaria (en el entendido de preservar la vida misma en el planeta) y solidarista, tanto a nivel inter generacional así como intra generacional.

A partir de la inclusión del texto actual del Artículo 47 de nuestra Constitución hemos asistido a una variación del Estado Social que se ha complementado y ahora es – o debería ser – un Estado Social Ambiental.

Ya no vale todo para obtener una mayor y aparente prosperidad. Tenemos un límite  establecido por el concepto de desarrollo sustentable, recogido en nuestra legislación y por el que podemos satisfacer nuestras necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades.

Frente a todo esto necesitamos políticas ambientales serias, transparentes, a largo plazo, firmes ante las presiones y por lo tanto políticas que comprendan a toda la Nación.