El secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, informó que se revocarán -a través de una resolución y por razones de legitimidad- todos los actos administrativos incluidos en la Ley de Caducidad. El anuncio se realizó el lunes 27 de junio, fecha en que se conmemoran los 38 años del golpe de Estado, luego de finalizada la reunión del Gabinete Social.
El Poder Ejecutivo anunció en la Torre Ejecutiva, que se revocarán los más de 80 actos administrativos que se encuentran amparados por la Ley de Caducidad para que se continúe con las investigaciones sobre violaciones de los derechos humanos durante la dictadura.
En ese marco, la Presidencia de la República y el Consejo de Ministros decidieron dictar una resolución que, por razones de legitimidad, revocará los actos administrativos dictados por el Poder Ejecutivo -en aplicación del Artículo 3º de la Ley 15.848 del 22 de diciembre de 1986- que consideró que los hechos denunciados se comprendían en las disposiciones del Artículo 1º de la Ley 15.848.
Explicó que la resolución se sustenta en la sentencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó para el caso Gelman versus Uruguay, el cual dispone que el Estado debe garantizar que la Ley de Caducidad no vuelva a representar un obstáculo para la investigación.
Asimismo, recordó que nuestro país ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos (Ley 15.737 del 8 de marzo de de 1985), la Convención contra la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes (24 de octubre de 1986) y la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad (21 de setiembre de 2001), así como también la Suprema Corte de Justicia declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad.
Por su parte, en la órbita de la Secretaría de la Presidencia de la República se conformó una comisión ad hoc, integrada por la Dirección de Derechos Humanos y Cancillería, la cual trabaja en el análisis exhaustivo de la sentencia dictada por la CIDH a los efectos de su cumplimiento.
En ese ámbito se incrementarán las competencias de la Comisión de Seguimiento (ex Comisión para la Paz) y se apostará a la conformación de una comisión interministerial en la materia. Además, promueve el cumplimiento de la sentencia de la CIDH en materia de reparación económica a la familia Gelman.
Breccia resaltó que la resolución solamente revoca los actos realizados por el Poder Ejecutivo para excluirlos de la Ley de Caducidad. Una vez promulgado el Poder Judicial será el encargado de determinar cómo continuarán las acciones para cada caso, así como también si corresponde o no desarchivar los expedientes.
Fuente: Presidencia de la República. www.presidencia.gub.uy