Los participantes del 2° Encuentro Latinoamericano por la Memoria, la Verdad y la Justicia, celebrado en la ciudad de Montevideo entre el 24 y 26 de junio de 2011, a 38 años del golpe de Estado en Uruguay y en el Día Internacional contra la Tortura, coincidimos  en que en nuestros países se debe investigar, juzgar, penalizar, reparar y no olvidar los casos de tortura sufridos por nuestros pueblos, que indignan a nuestro sentimiento y condición humana, y constituye un crimen de lesa humanidad, es decir, imprescriptible, no amnistiable y pasible de persecución por la justicia internacional, cuando y donde fuera que se cometiere el delito, ya sea cuando las dictaduras del cono sur o por cualquier autoritarismo del presente.

Nos comprometemos contra la impunidad. Porque los impunes y los impunidores,  militares o civiles, no deben continuar sin castigo, ya que la aplicación de la tortura en la región implicó un plan supranacional, practicado en forma sistemática, con idéntica metodología y desde los mismos manuales, para imponer desde las dictaduras un modelo político y social, que requería la eliminación de toda resistencia popular y la instauración del terrorismo de Estado, con sus muertes y desapariciones, antes que el autoritarismo permitiera una reinstitucionalización condicionada por la aceptación de distintos tipos de leyes de amnistía, punto final o autoperdón.

Nos comprometemos con los reclamos de las víctimas y sus familiares. Porque con la tortura se buscó la cosificación del ser humano, su deshumanización y su destrucción física y moral, para dañar no sólo el cuerpo de la carne y el hueso, torturado con el golpe, la picana, el tacho, la colgadura, el plantón o la violación y llegar hasta a la perdida de embarazos, sino también al cuerpo social, cultural y ético de convivencia, entretejido por la comprensión y la solidaridad, para generar el miedo y la desprotección de la sociedad, provocándole un daño transgeneracional con la interrupción de la continuidad del relato no oficial de su propia historia.

Nos comprometemos con la reparación a quienes padecieron la tortura. Porque la tortura no es un tema del pasado, sino que su daño, secuelas físicas o morales, se siguen viviendo en forma constante por quienes la sufrieron y su entorno, transformándola en un crimen permanente, porque es tan cruel el tormento como la posterior ausencia de políticas de reparación social a sus víctimas, quienes deben convivir con los impunes victimarios, y porque también es necesario repensar, desde una mirada de género y otras ópticas, las políticas de memoria, justicia y reparación, ante las características que la violencia represiva tuvo sobre hombres y mujeres.

Nos comprometemos con los juicios contra  la tortura a nivel local e internacional. Porque las víctimas tienen el derecho de realizar las denuncias ante un sistema judicial independiente, que no debe estar sometido por el poder político, porque es un crimen imprescriptible que en cada país impone la justicia universal establecida por los convenios y tratados acordados desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 hasta las normas que lo tipifican en el tratado de Roma.

Nos comprometemos a impulsar una cultura y una educación que, basadas en los derechos humanos, sostengan la memoria. Porque es la cultura la que produce conceptos a partir de sus propias prácticas y herramientas, porque es la educación la que forja el aprendizaje y el conocimiento, porque ambas trasmiten y construyen la memoria colectiva que permitirá recordar y comprender lo ocurrido, para asegurar el nunca más al terrorismo de Estado. Un Estado que deberá ser vigilado por la sociedad, alerta en su conjunto, y a través de órganos autónomos de contralor.

Montevideo, 26 de junio de 2011.