Compartimos el artículo del Viernes 29 de abril de Voces Semanario en donde se reconoce la opinión del profesional Hoenir Sarthou en relación a los denominados megaoperativos del Ministerio del Interior.
“Sobre los “megaoperativos” policiales organizados por el Ministerio del Interior en varios barrios de Montevideo se han dicho muchas cosas.
Se ha dicho que son violatorios de la Constitución, en la medida en que, durante su realización, se detiene a personas sin orden judicial y sin que estuvieran delinquiendo en forma flagrante en el momento de ser detenidas.
Se ha dicho que son discriminatorios, dado que los operativos sólo se han realizado hasta ahora en barrios con población predominantemente pobre.
Se ha dicho además que son inútiles, porque los delincuentes “grandes” se enteran de algún modo del operativo y se escapan y porque es absurdo pensar que van a dejar de delinquir porque un día su barrio se vea invadido por la policía, cuando saben que al día siguiente todo volverá a la “normalidad”.
Se ha dicho también que responden a una finalidad política. La de dar a la población la impresión de que se hace algo drástico contra la delincuencia, aunque la medida sea en sí misma ineficaz. La presencia de los medios de comunicación (canales de TV) en el mismo momento en que se cumplían los operativos parece avalar esta tesis.
Finalmente, se ha dicho que se tiende a disimular –con aparatosos despliegues- el hecho de que la policía no puede o no quiere desarticular a las organizaciones delictivas mediante un trabajo regular de inteligencia y represión debidamente dirigidas. En otras palabras, que la policía es parte del problema y no la solución.
Hay pocos argumentos para rebatir esas afirmaciones. Efectivamente, la detención injustificada de personas es inconstitucional; la invasión policial de barrios pobres puede resultar discriminatoria para los habitantes del barrio (que, debe presumirse, son en su enorme mayoría honestos); la medida parece ser más espectacular que eficaz, lo que abona la hipótesis de una finalidad política y mediática; y, para terminar, sigue sin quedar claro por qué la policía no utiliza la información de la que parece disponer para combatir a la delincuencia mediante un trabajo regular.
Sin embargo, estos operativos no ocurren en el vacío. Hay en el país una incipiente pero fuerte reacción conservadora. Sus señales más evidentes son la indignación de la opinión pública con el crecimiento de la delincuencia y de la sensación de inseguridad, que se refleja en el tratamiento que dan al tema los medios de comunicación; la ocurrencia de algunos hechos de justicia por mano propia contra delincuentes o presuntos delincuentes; una mayor tolerancia de los jueces hacia quienes efectúan esos actos violentos de “justicia por mano propia”; la generalizada convicción de que las normas y los organismos públicos destinados a la atención de los menores de edad (Código de la Niñez y la Adolescencia, INAU, justicia de menores, etc.) no funcionan como es debido; y finalmente la campaña organizada por el Partido Colorado, con aparente éxito inicial, para rebajar la edad de imputabilidad.
Todo indica que en la sociedad uruguaya toma cuerpo una actitud de hartazgo respecto a la delincuencia y, por extensión, respecto a las políticas oficiales ante la delincuencia.
Ahora, ¿de qué está harta la gente? ¿Qué es lo que parece no estar funcionando bien en las políticas oficiales?
Desde mucho antes de llegar al gobierno, la izquierda uruguaya adoptó como concepto central el paradigma de los derechos humanos. En materia de políticas de justicia, sobre todo de justicia penal y en particular de las relativas a menores de edad, ese paradigma tiende a adoptar un discurso muy crítico respecto a los modelos tradicionales de justicia. Les critica su escaso respeto a los derechos humanos de los presuntos infractores, su falta de sensibilidad ante las causas sociales del delito y su excesiva recurrencia a la privación de libertad como medida preventiva y como sanción.
Respecto a los menores de edad, el paradigma de los derechos humanos se ha propuesto sustituir al clásico modelo “tutelar”, en el que los menores están limitados en el ejercicio de ciertos derechos y sujetos a la tutela de sus padres, o, en defecto de éstos, del Estado, por el modelo en que los menores de edad (“niños, niñas y adolescentes”) son considerados ante todo “sujetos de derecho” independientes, lo que se considera indispensable para el pleno goce de los derechos humanos de los menores.
Si bien algunas de las críticas al modelo tradicional de justicia y al modelo “tutelar” relativo a menores son ciertas, la realidad es que el discurso de izquierda en la materia (fundado en el paradigma de los derechos humanos) se ha reducido a la crítica y demolición de esos modelos, pero no ha propuesto alternativas prácticas para hacer frente a la criminalidad y a las situaciones en que los menores de edad –pese a gozar de cuanto “derechos humano” se le quiera reconocer o declarar- quedan desamparados y sin control de adultos responsables. El resultado de la demolición del sistema tradicional y de la falta de alternativas realistas es una sociedad sin rumbo, tanto en materia de criminalidad como de políticas de minoridad.
Que el delito tiene causas sociales es cierto, pero eso no significa que, además de políticas sociales adecuadas, no deban adoptarse medidas preventivas y sancionatorias para proteger al resto de las personas y para disuadir a otros potenciales delincuentes. Que el encarcelamiento no es la única medida posible es cierto, pero eso no impide que haya que privar de libertad en ciertos casos. Que las cárceles y los centros de internación de menores son tradicionalmente ámbitos de destrucción de las personas es cierto. Pero eso no significa que haya que dejar de encarcelar a los delincuentes peligrosos y de internar a los menores que reinciden en el delito, sino que hay que construir cárceles dignas y centros de internación de menores en los que se pueda pensar seriamente en la reeducación, cosa en la que se ha avanzado poco o nada durante los dos gobiernos del Frente Amplio.
En pocas palabras: es falso que la demolición de los sistemas tradicionales de represión del delito y de tratamiento de los menores de edad produzca por sí sola una sociedad pacífica, justa y respetuosa de los derechos humanos. Seguramente, los modelos tradicionales deberán ser sustituidos por otros, que no hagan “la vista gorda” frente a los problemas y que sean capaces de adoptar medidas sancionatorias y reeducativas sin privar a nadie de garantías y derechos.
Todo indica que los “megaoperativos” policiales son un intento de calmar o complacer a la reacción conservadora –de espíritu represivo- que crece en nuestra sociedad. Y me aventuro a decir que serán tan inútiles como las otras medidas que propone la reacción conservadora, como la rebaja de la edad de imputabilidad.
Las causas sociales de la delincuencia siguen presentes: un modelo económico que sigue excluyendo a muchísimas personas, con el consiguiente crecimiento de la marginalidad, sobre todo cultural; políticas sociales asistenciales que consolidan la marginalidad en lugar de combatirla; un sistema educativo que ha dejado de promover la integración social y la conciencia ciudadana; una errónea concepción de la niñez y de la adolescencia, a las que se pretende tratar con declaraciones de derechos en lugar de con políticas educativas firmes aplicadas por adultos responsables.
En suma, hay una crisis de cierta concepción ideológica de la izquierda uruguaya. Y esa crisis se expresa en el fracaso de las políticas sociales y educativas y –con notoriedad- de las políticas relativas al delito.
La crisis es grave, sobre todo porque la izquierda se niega a reconocerla y a adoptar alternativas. Jugando a la defensiva, oscila entre insistir en la crítica a modelos anteriores, sin proponer uno nuevo, o mimetizarse con la reacción conservadora y aplicar o simular medidas represivas.
Fuente: Semanario Voces.