Tras un minucioso relevamiento que insumió dos meses, la Cámara de Lucha contra la Piratería y el Contrabando prepara una fuerte ofensiva judicial que, en su primera fase, supondrá denuncias judiciales, aplicación de severas multas y pedidos de procesamiento para los propietarios de más de un millar de hogares de Montevideo y el interior del país que instalaron en sus domicilios receptores de señales de recepción de cable que operan en infracción a las leyes vigentes.
La ofensiva comenzó a reflejarse en las últimas semanas en algunos primeros operativos que tuvieron lugar en la zona de la Ciudad de la Costa y algunas ciudades del interior, pero la Cámara de Lucha contra la Piratería y el Contrabando prevé multiplicar en las próximas semanas las denuncias frente a la Justicia, en procura de obtener las órdenes de allanamiento correspondientes para proceder a requisar los equipos, aplicar las multas que prevé la ley y poner a los responsables a disposición de la Justicia, se inforó el Miércoles 30 de Marzo.
“Un primer relevamiento, que se ha realizado con apoyo de tecnología satelital, ha permitido detectar un número realmente preocupante de antenas que muestran que el equipo que en esos hogares se usa para bajar las señales de cable está violando las leyes vigentes. En todos los casos ya detectados se va a muy proceder haciendo recaer todo el peso de la ley sobre los responsables de estos delitos. Sería bueno que las personas que lo están haciendo se preparen para la posibilidad de recibir a la Policía en su casa, para un allanamiento frente a sus vecinos, para multas de hasta 80 unidades reajustables y para tener que responder ante un juez, pudiendo terminar con un procesamiento”, explicó la presidenta de la comisión que lidera esta ofensiva, la abogada Virginia Cervieri.
La profesional dijo que en el departamento de Lavalleja los operativos ya se iniciaron. Las denuncias se han sustentado un trabajo de campo que se sigue desarrollando en diversas zonas de la capital del país. “Tenemos perfectamente identificados los apartamentos de Pocitos y las casas de Carrasco y Punta Gorda que están incurriendo en este delito. Es tiempo de que la gente entienda que está violando una ley y que las consecuencias son severas”, dijo Cervieri.
En cada caso constatado, la Cámara de Lucha contra la Piratería y el Contrabando se reúne con la autoridad policial competente y presenta una denuncia penal por infracción a la Ley Nº 17.520 de Uso Indebido de Señales a ser Recepcionadas en régimen de Suscripción, así como por violación de la Ley Nº 17616 de Derechos de Autor. Hogares y comercios ya han comenzado a ser allanados.
“La gente nos dice que ellos creyeron que no pasaría nada, que lo hicieron inocentemente, que el decodificador fue comprado en negocios formales y con boleta, pero se les explica que están violando leyes vigentes. El equipo se incauta y el caso se pone en manos de la Justicia, que incluso puede disponer el procesamiento del responsable”, explica Cervieri.
La experta asegura que hoy en día, gracias a la tecnología disponible, el relevamiento de las azoteas de todos los hogares del país se ha vuelto una tarea no sólo posible, sino simple. “Quien está violando la ley tiene que entender que en muy poco tiempo alguien golpeará a su puerta, llegará con la Policía, constatará el delito, incautará los equipos y lo pasará a disposición del juez. Es algo severo, porque es muy grave violar estas normas y actuar como si nada fuera a sucederle a uno”, sostuvo.