En declaraciones hechas a Comambiental, Raúl Estrada Oyuela, quien fuera encargado de Asuntos Ambientales de la Cancillería Argentina, expresó que aún hoy las negociaciones con Uruguay no avanzaron lo suficiente para el monitorio de la planta UPM (ex Botnia). Sobre la nueva pastera que se construirá sobre el Río de la Plata , expresó: «se carece de información ambiental» y  «contaminará las aguas».

Según el embajador, el anunciado acuerdo en noviembre entre los cancilleres Timerman y Almagro por el monitoreo de la ex Botnia no es tal porque se requiere un canje de notas: el documento presentado ante la CARU no es un acuerdo concreto sino solamente un proyecto, señala el artículo publicado el lunes 17 de enero. La semana pasada, el Comité Científico de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) dio a conocer las actividades realizadas entre septiembre y diciembre del año pasado, pero el documento no cumplió con las expectativas generadas (Ver «El Informe de la CARU»).

El comienzo de 2011 trajo también la noticia de la autorización de parte del gobierno uruguayo de una nueva papelera: Montes del Plata, la cual se ubicará en el departamento de Colonia. Lo llamativo del caso es que la misma cuenta con el visto bueno del canciller argentino quien dice que la pastera no viola el tratado del Río de la Plata. ComAmbiental conversó con Raúl Estrada Oyuela sobre este tema y sobre el monitoreo conjunto de la ex-Botnia, que establece el fallo de la Corte Internacional de La Haya.

ComAmbiental: ¿Cuál es su opinión sobre el aval que le dio la Argentina, a través del Canciller Héctor Timerman, a la instalación de la papelera Montes del Plata?

EO: Creo que el Canciller no hizo otra cosa que reiterar lo que en su momento había manifestado Alberto Fernández cuando era Jefe del Gabinete de Ministros y se adelantó a dar su beneplácito a ENCE, que entonces era la empresa que tenía el emprendimiento. Se adelantó tanto que dio la conformidad argentina antes que el proyecto hubiera sido analizado por las autoridades uruguayas, lo que provocó cierto resquemor ya olvidado.

CA: ¿Qué diferencias hay con el Estatuto del Río Uruguay?

EO: Aún hoy se carece de información ambiental completa pero el régimen que establece el Tratado del Río de la Plata es diferente al creado por el Estatuto del Río Uruguay. Este último requiere que la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) se pronuncie sobre los efectos que una obra puede tener sobre la navegación del río y la calidad de las aguas. El Tratado sólo manda que la Comisión Administradora del Río de la Plata se pronuncie sobre el efecto que las obras pueden tener en las condiciones de navegabilidad, dejando a cada parte separadamente el cuidado de la calidad de las aguas, como si no se tratara de un recurso compartido.

Hace unas semanas, en una conferencia que pronunció en la Facultad de Derecho de la UBA, el Embajador uruguayo Edison González Lapeyre explicó que la diferencia se produjo porque cuando durante la negociación del Tratado del Río de la Plata su país planteó la cuestión de la calidad de las aguas, los negociadores argentinos teniendo en cuenta las complicaciones que podría generar el Riachuelo, pidieron que ese paso se omitiera. El interés principal en ese momento (1973/4) era resolver viejos problemas del Río en el gobierno del General Perón quien, antes de 1955, había tenido muchos roces políticos con el Uruguay. No he visto publicado si la Comisión del Rio de la Plata ha dado su conformidad con la obra, pero es probable que así lo haya hecho ateniéndose al texto estricto del tratado.

CA: ¿Considera que puede provocar nuevas protestas en nuestro país?

EO: No creo que vaya a provocar protestas públicas en la Argentina porque la gente no se moviliza ni por el Riachuelo ni por el Reconquista. Es posible que haya alguna resistencia en la zona de Colonia del Sacramento por los riesgos de contaminación del agua, el aire y del suelo, pero especialmente porque la obra convocará a muchos trabajadores, quizás más de 3.000, y terminada la tarea en unos dos años, esas personas permanecerán como desocupados en la zona, como ya ha ocurrido con la gente que trabajó en Botnia/UPM, donde hoy no hay más de 45 empleados uruguayos.

No hay que equivocarse: el Río de la Plata tiene mucha mayor capacidad de dispersión de los contaminantes líquidos que el Río Uruguay, pero aun así la planta contaminará las aguas que reciben afluentes poluídos del Paraná y del Uruguay, más el Reconquista y el Riachuelo, más la planta uruguaya de papel Fanapel, más las descargas de cloacas crudas que proyecta Aysa, más la remoción del lecho del puerto de Montevideo para construir otro muelle. Encima de todo esto las emisiones gaseosas llegarán abundantes al delta y quizás hasta el Tigre.

CA: Al igual que con la papelera UPM, se justifica su construcción porque aún no hay pruebas de su contaminación. ¿Considera adecuada la política internacional en materia ambiental de la Argentina? ¿Se respeta el principio de precaución?

EO: Como lo han puesto en evidencia la imposibilidad de la CARU para acordar un sistema de monitoreo y las quejas argentinas enviadas en noviembre pasado, hay serios problemas de contaminación con UPM y Uruguay no acierta a dar una respuesta coherente. Yo creo y he dicho públicamente que la Argentina no tiene política ambiental y en consecuencia no respeta, entre otros, el principio de precaución consagrado en la Ley General del Ambiente.

CA: ¿Cuál es la evaluación personal que puede realizar sobre el Plan de Monitoreo acordado por los cancilleres Timerman y Almagro en noviembre? ¿Es un documento sólido desde la perspectiva jurídica y diplomática?

EO: Lamentablemente no existe tal plan de monitoreo, sólo expresiones de deseos de los cancilleres que no se concretaron. Ahora el Comité Científico tiene hasta el 2 de febrero para hacer una propuesta de plan de monitoreo a la CARU. Ese plan debió estar listo a fines de julio, y nos acercamos a cumplir un año de la sentencia de la Corte de La Haya y Uruguay sigue haciendo lo que quiere sin controles.

En realidad la información dada en noviembre son enunciados de intenciones tales como «el objetivo general del programa es implementar un monitoreo continuo», «para ello se propone implementar un programa de monitoreo ininterrumpido, multi-dimensional integrado» y «asimismo, el Comité Científico llevará a cabo otro conjunto de acciones». Estos enunciados terminan con un condicionamiento a las voluntades políticas que nada tiene que ver con la determinación científica de los hechos cuando dice: «Dentro de este conjunto se podrán incluir, entre otras, la instalación de muestreadores pasivos para integrar los pulsos registrados en el medio en sustratos artificiales y biológicos. La información obtenida, sin perjuicio de hacerse pública, no formará parte de las conclusiones del programa de monitoreo hasta tanto haya sido incorporada a la normativa CARU».

La debilidad de ese entendimiento se pone de manifiesto en la frase que dice «a continuación se presenta la finalidad y acciones que se prevé desarrollar en las Notas Reversales» lo que significa remitirse a un acuerdo intergubernamental futuro y aún inexistente. El contenido propuesto para ese acuerdo intergubernamental sólo se expone parcialmente en dos columnas, una de las cuales contiene propuestas que no están aceptadas aún.

En síntesis, no hubo acuerdo en noviembre y por eso se esperan resultados del Comité Científico para el 2 de febrero.

CA: Durante esta semana se dio a conocer una carta de la delegación argentina del Comité Científico que efectúa el Plan de Monitoreo donde se comunica a la parte uruguaya que UPM utiliza un sistema de tratamiento de efluentes que se encuentra prohibido por la normativa uruguaya. Si bien los primeros resultados del monitoreo se conocerán en febrero, ¿Qué expectativas tiene respecto al mismo?

EO: Es preocupante que el Comité Científico integrado por ambos países haga una constatación el 6 de octubre, obviamente no llega a un acuerdo sobre el camino a seguir, y el 24 de noviembre, más de un mes y medio después, la Delegación Argentina en la CARU tenga que plantearle el asunto a la Delegación Uruguaya en la CARU como si nunca hubieran discutido el tema. Esto habla de deslealtad política para aceptar la constación científica, y la confusión sobre este punto en el Uruguay está bien reflejada por las respuestas ambiguas de Jorge Rucks, director de DINAMA, publicadas el 14 de enero en el sitio web de El Espectador.

El informe de la CARU

El documento presentado por la CARU el 11 de enero, generó expectativas en torno a resultados de los controles hechos durante el período septiembre- diciembre 2010. Pero sólo se detallan las actividades realizadas. El diario La Nación informó que una fuente del gobierno uruguayo comentó que «los controles que se han hecho hasta ahora demostraron que no hay contaminación, y eso no importa si los hizo Uruguay o si se hicieron en forma conjunta entre los dos países, por lo que no se puede esperar otra cosa que la misma conclusión».

En la misma fecha Cancillería Argentina dio a conocer una carta escrita por la delegación argentina de la CARU que data del 24 de noviembre de 2010. En ella se manifiesta una creciente preocupación al corroborar durante una prueba hecha el 6 de octubre, que la planta UPM utiliza el sistema de dilución para el tratamiento de efluentes. Tratamiento que se encuentra prohibido A su vez, se observó que la empresa tiene la intención de tratar sus efluentes industriales con efluentes cloacales de Fray Bentos, acción que no cuenta con la autorización ambiental otorgada el 14 de febrero de 2005. Por este motivo se le socilitó al gobierno uruguayo que tome medidas al respecto por lo que UPM deberá cambiar su sistema de efluentes. Página 12 reprodujo unas declaraciones radiales de Gastón Silberman, presidente de la CARU, quien sostuvo que «el problema no es tan grave como se plantea» pero que de todas formas se cambiará el sistema aunque llevará un tiempo.

Fuente: www.comambiental.com.ar