Compartimos la opinión del diputado Julio Bango (Partido Socialista) respecto al proyecto de estado de emergencia sanitaria ante el conflicto con los anestesistas, en sesión del pasado jueves 16 de diciembre.
“Aquí se ha dicho que el tema de la Salud Pública no comenzó con el Gobierno del Frente Amplio, pero diría que se hace referencia a la salud estatal, porque para quienes somos de izquierda, la salud es un bien público y el sistema público de salud se constituye con la salud estatal y con la salud privada. Por supuesto que el tema de la salud estatal no comenzó con la izquierda en este país; empezó, se instaló, hizo eclosión, evolucionó y se fue al fondo del tacho de basura antes del Gobierno del Frente Amplio.
Lo que hemos intentado hacer es recuperarla, con enormes aciertos ‑que suponen que para el año 2015 haya dos millones cuatrocientas mil personas en el Sistema Nacional Integrado de Salud‑, y también con errores que debemos corregir, así como hay gestiones que debemos mejorar. Pero hemos asumido el desafío de garantizar el derecho de las uruguayas y de los uruguayos a la salud, que es un bien público y no una mercancía.
Voy a votar este proyecto y me voy a circunscribir solamente a esto, porque se han hecho muchos análisis políticos, históricos y coyunturales, que han dejado la pelota picando, como se dice habitualmente; no los voy a responder, los he anotado, y daremos el debate sobre esas cuestiones posteriormente, en otra oportunidad.
Quiero preguntar: ¿hay o no emergencia anestesicoquirúrgica en el Uruguay? ¿Hay o no cuatro mil personas esperando ser operadas, de las cuales mil quinientas ni siquiera pudieron coordinar su operación, dos mil quinientas ya deberían estar operadas, porque tienen firmada su operación, y mil ciento seis son niñas y niños? Hay emergencia anestesicoquirúrgica y este es un conflicto velado, implícito o explícito, pero es un conflicto entre un Estado que quiere garantizar los derechos de todos sus ciudadanos, y un oligopolio ‑como bien han dicho los señores Diputados Bernini y Posada‑ que intenta, con un criterio mercantil, atender estrictamente sus intereses, que pueden ser legítimos, pero que no coinciden con los de toda la población.
Se nos dice que esta propuesta es autoritaria pero, ¿los colegas legisladores no se han enterado de que se ha intentado negociar? Para poner el último ejemplo, digo que en la DINATRA se juntó al Sindicato Médico del Uruguay, a las SAQ y a la FEMI y se les planteó atender esos casos que estaban para operar, dar los fondos a los anestesicoquirúrgicos pero a cuenta de que no hubiera una reivindicación para todo el resto de las asociaciones y dijeron que no por escrito. ¿Esto no se sabe? Se nos tilda de autoritarios pero cuando estamos negociando no se toma en cuenta. Entonces, palos porque bogas y porque no bogas palos.
Por otra parte, aquí se ha hablado de linchamientos de anestesicoquirúrgicos como si estuviéramos frente a un club de bebés, que no tienen conflictos de intereses, que no presionan y que no están usando todo el poder que tienen para lograr la mercantilización de la salud. Eso es lo que está arriba de la mesa. Yo quiero decir que si ha habido linchamientos ‑no los hubo‑ acá también hubo toma de rehenes porque el conflicto arrancó en el Pereira Rossell, donde están los niños, las niñas y las mujeres y después se extendió al Pasteur, al Maciel y al Hospital de Las Piedras. Y no fue por un problema de gestión.
El conflicto se ha concentrado ahí porque es a donde se dirigen las intervenciones y las derivaciones que todo el interior hace en las operaciones de alta complejidad, no por un problema de gestión sino porque allí se resumen las necesidades de todo el país, no solo de la zona metropolitana.
Culmino diciendo que en abril de 2005, en Salto me tocó ver cómo Lucrecia, de cuatro años, perteneciente al Plan de Emergencia, vomitaba lombrices. La tuve que llevar a upa a conocer el hospital por primera vez en su vida para que la desparasitaran. Por suerte, ya no tenemos estos casos.
Espero que votando este proyecto de ley -y respetando el derecho de los legisladores que quieren hacer lo contrario-, podamos dar lugar a que todas esas personas, todos esos niños, esas niñas y esas mujeres que se están por operar, puedan hacerlo.
Ante lo que planteaba el señor Diputado Verri sobre la situación en Paysandú, solicito que agreguen los medios de comunicación, a la requisitoria que hacía el señor Diputado Cardoso acerca de la capacidad ociosa que puede haber en hospitales del interior —no sé en particular en el de Paysandú—, que se debe a que derivan intervenciones quirúrgicas complejas al Hospital Pasteur, al Centro Hospitalario Pereira Rossell, al Hospital Maciel y al Hospital de Las Piedras.
También hay que decir algo sobre cómo utilizar la capacidad ociosa o cómo responder a los excesos que se producen por la lista de espera en los hospitales públicos. Primero, el hospital público deriva a otro hospital público, que es el Hospital Policial o el Hospital de Clínicas, y luego se deriva a privados; por ejemplo, el Centro Hospitalario Pereira Rossell deriva a la Asociación Española. En ese caso, el costo es de $ 40.000. Se da la paradoja —y con esto termino agradeciéndole al señor Diputado Verri— de que esos $ 40.000 que pagamos todos, los cobra un anestesista en la mutualista quien, precisamente, no cubre las guardias del Centro Hospitalario Pereira Rossell”.