Los representantes del Frente Amplio (FA) en la comisión bicameral que analiza posibles modificaciones en el sistema penal juvenil, presentó en el día de ayer un documento en el que se destaca la creación de un Instituto de Responsabilización Penal Adolescente (IRPA), así como la penalización de la tentativa de hurto. De esta manera el FA parece dar por concluida la discusión respecto a la propuesta del Partido Colorado de bajar la edad de imputabilidad a los 16 años, así como la del Partido Nacional, que pretendía aumentar las penas máximas de privación de libertad de 5 a 10 años. Ninguna de las propuestas contaba con consenso entre los legisladores del FA, e incluso entre algunos representantes de los partidos tradicionales.
En lo referente a la penalización de la tentativa de hurto, desde el FA se reconoció que es una situación que “debe ser revisada”, pero en la medida en que se definan penas alternativas a la privación de libertad.
Sobre este punto, Luis Pedernera, del Comité de los Derechos del Niño-Uruguay, señaló durante su reunión con la comisión, llevada a cabo días atrás, que durante el 2009, el INAU gastó U$S 2300 mensuales por la atención de cada adolescente privado de libertad. Pedernera denunció la inexistencia de programas socioeducativos para los adolescentes, así como las condiciones en que éstos son recluidos, ya que llegan a pasar las 24 horas del día encerrados. “Así no se puede funcionar; el cotidiano tiene que estar mínimamente planificado”, aseguró.
Respecto a mantener o no los antecedentes de los adolescentes que cometen infracciones a la ley penal, una vez cumplidos los 18 años, el documento señala que este punto “no tiene ninguna relación con la resolución de los problemas de los menores de edad en conflicto con la ley penal”. Los representantes del FA expresaron, no obstante, que el tema “debe estudiarse, sin prejuicios pero con mucha rigurosidad científica”.
Si bien el oficialismo había dado señales de que podría llegar a implementarse una modificación en el Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA), para mantener los antecedentes de los menores de edad, propuesta defendida por el propio ministro del Interior, Eduardo Bonomi, las intervenciones de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, y de representantes del Comité de los Derechos del Niño, y UNICEF Uruguay, fueron determinantes para que, en un principio, la legislación vigente permanezca incambiada. Jorge Chediak, presidente de la SCJ, había manifestado que un cambio en el CNA pondría al Estado “en una clara infracción que podría acarrear su responsabilidad internacional”.
El documento señala también la necesidad de contar con una base de datos confiable, ya que “la actual situación de producción de datos por diferentes instituciones, distintos criterios en la forma de construcción de los mismos, vuelve imprescindible que los organismos encargados de su producción establezcan criterios comunes”.
Fuente: El País, Daniel Isgleas, pág. A10; la diaria, CA, pág. 3; El Observador, pág. 6; Últimas Noticias, pág. 5; 24/12/2010 y Agencia Vos y Voz.