Difundimos el informe en mayoría de parte del Frente Amplio en lo referente al Presupuesto Nacional que comenzó a ser analizado en el plenario de la Cámara de Representantes el domingo 10 de octubre.
En este primer caso en lo referente a la propuesta para el Ministerio del Interior.
1) Ministerio del Interior. Las principales acciones al cambio de gestión. Se destinan más de $4.000 millones incrementales a 2014. Esto implica un crecimiento de un 42% en términos reales de los recursos aplicados a esta Cartera.
La presente Administración tiene como uno de sus principales desafíos la mejora de la gestión y de la política relativa al desarrollo de los recursos humanos, especialmente el Instituto Policial.
Como es sabido, tenemos un problema estructural referido al Servicio Extraordinario de Custodia y Vigilancia, conocido como servicio 222. Esto provoca una incorrecta gestión de los recursos humanos. En la actualidad, el máximo autorizado de horas asignadas a este servicio es de 200 horas. Lo que se propone es una disminución gradual de dichas horas, hasta alcanzar, a finales del período de gobierno, las 50 horas mensuales por funcionario. A lo largo de este período se reduce para un Agente de Segunda la proporción de los ingresos que va a recibir por el Servicio 222, en comparación con su remuneración salarial de base. Va a pasar de los niveles actuales, que están en el orden del 40% de la remuneración del Agente de Segunda; a un 17% al final del período de Gobierno. Esto mejorará sustancialmente la calidad de vida de los funcionarios policiales.
En la proyección que estamos presentando tratamos de expresar de manera sintética, y a modo de ejemplo, el aumento salarial y real que recibirá la Policía en el período. Por ejemplo, un Agente de Segunda recibirá, hacia el final del período de Gobierno, un 62% real adicional con respecto al punto de partida. Cabe decir, si incluimos las proyecciones de inflación, se duplican en términos nominales, los salarios del personal policial.
También es necesario incrementar la eficiencia y calidad de la policía. En este punto cabe resaltar el control centralizado del servicio 222, la implementación de un sistema central de horas, la exclusividad del personal, la capacitación anual (pedagógica y física) y la calificación de los efectivos.
A su vez, cabe destacar que existe un importante aumento salarial vinculado estrechamente a modificaciones significativas en la gestión y forma de trabajo de la policía. Dichos incrementos se diferenciarán en función del grado y a cada año transcurrido del período, asignando una partida fija (de hasta 36% en el quinquenio) y a una variable, relacionada al cumplimiento de “compromisos de gestión” (de hasta 15% en el quinquenio).
Además de estos aumentos existirá un incentivo económico mensual para los funcionarios de las unidades “prevento-represivas” (funcionarios de calle, cárceles, bomberos, policía caminera).
En virtud del déficit de recursos humanos se propone crear más de 3.200 cargos, cuyo fin es mejorar el diseño organizacional del inciso. Estamos proponiendo la creación efectiva de cargos, 1.000 cargos para el mantenimiento del orden público, o sea, personal de Jefatura más Guardia Republicana; 1.580 para el Sistema Penitenciario; 600 para Bomberos, Policía Caminera, Policía Técnica, Identificación Civil, y el resto se crean en la Guardia Republicana, en el Instituto Nacional de Rehabilitación, en la Dirección Nacional contra el Crimen Organizado y en Interpol.
Del mismo modo, serán creadas dentro de la Secretaría diversas unidades: Auditoría Interna, Programas y Procedimientos Centralizados de Gestión (asignación de recursos, compras centralizadas); Soporte Profesional – Administrativo a las unidades ejecutoras y Programa de Gestión Integral Carcelaria.
Por último en esta ley de Presupuesto se prevé la incorporación de tres polígonos de tiro virtuales, que no tienen un costo excesivo y que subsanaran la poca práctica de tiro que tienen nuestros policías. La intención es que nuestros policías tengan mejor puntería que los delincuentes, cuestión que se ha corroborado en los enfrentamientos no es así. La práctica en polígono permitirá situar al policía en una situación de riesgo virtual para mejorar su capacidad de tiro, sin incrementar los importantes gastos de munición.
Reforma de la administración Carcelaria. Nos planteamos fortalecer la política carcelaria como un elemento muy relevante en la política de seguridad. Teniendo en cuenta que entre un 60% y un 70% de los presos reinciden en el cometimiento del delito, hablamos de una cifra de reinserción altísima que a su vez, suele ser cometiendo delitos aún más graves que aquellos por los que fueron encarcelados. Por lo tanto, si no resolvemos bien el problema en las cárceles, no estamos apoyando a la política de seguridad, prioritaria para este gobierno.
En ese sentido, en la Comisión multipartidaria hubo un acuerdo para transformar el Sistema Nacional de Cárceles en Instituto Nacional de Rehabilitación que, a la larga, contenga todas las cárceles, no solamente las que hoy están en ese sistema, sino también las que dependen de la Jefatura de Policía del Interior. Ahí se preveía una forma de separar paulatinamente al Instituto Nacional de Rehabilitación de la Policía, y el mecanismo pasaba por la regionalización de cárceles y por ir sustituyendo las vacantes policiales por vacantes penitenciarias del Escalafón «S». En el Presupuesto se plantea la posibilidad de contratar 1.580 funcionarios para cárceles en el Escalafón «S», De los 1.580 cargos para el Instituto Nacional de Rehabilitación, 1.190 son de Operador Penitenciario y 380 de profesionales técnicos universitarios. Es recién cuando se haya operado fuertemente esa sustitución de vacantes, que se realizara la separación del Instituto Nacional de Rehabilitación del Ministerio del Interior de la Policía, sobre todo, transformándolo en un órgano desconcentrado que tenga como organismo de referencia al Ministerio del Interior, pero sin depender de él.
En los artículos correspondientes se plantea la creación del Instituto Nacional de Rehabilitación, la creación como cargo de particular confianza del Director del Instituto Nacional de Rehabilitación, la creación de los cargos de operadores penitenciaros –que mencionamos con anterioridad , los cargos civiles de los técnicos que van a colaborar en el desarrollo de esa tarea, y lo que tiene que ver con los contratos zafrales.
El Instituto Nacional de Rehabilitación sustituye a la Dirección Nacional de Cárceles, Penitenciarías y Centros de Recuperación, unidad ejecutora 026. Se incorpora al Instituto la OSLA Oficina de Seguimiento de Libertad Asistida , el Patronato Nacional de Excarcelados y Liberados, el CNR, y las cárceles departamentales. Se dispondrá la creación del Instituto Nacional de Rehabilitación a los efectos de reestructurar el sistema de privación de libertad que se aplica en nuestro país y será responsable de la gestión de las medidas de privación de libertar en todo el país.
Es entonces en este punto que se recoge íntegramente el resultado de un consenso, se planteó un camino de transición por el cual se fueran nombrando Directores de Región que tendrán que hacer una coordinación con los Jefes de Policía. En un proceso de varios años, pero que en un primer momento se preveía aún más largo, se separaría el Instituto Nacional de Rehabilitación no sólo de la Policía, sino de su dependencia del Ministerio del Interior, creando un organismo descentralizado. Dicho proceso fue consensuado.
Con respecto a las dos nuevas cárceles previstas para después de aprobado el Presupuesto, entendemos que con las cárceles que se tienen del gobierno anterior, con la cárcel en espejo de Las Rosas y con la ampliación del CNR y de las chacras, estaremos aproximándonos mucho a terminar con el hacinamiento. Pero no solo se trata de esto, sino también de comenzar con políticas de rehabilitación, y para ello se requiere de la clasificación de los presos. Es aquí que se plantea la construcción de dos cárceles para 900 personas a partir del año que viene.
Violencia Doméstica. Los delitos vinculados a la violencia doméstica constituyen una problemática real y que es necesario erradicar. Para eso es esencial contar con los recursos humanos y materiales dedicados a la atención de las víctimas, a la investigación de estos actos delictivos y, sobre todo, a su prevención.
Por otra parte, el Ministerio asume un concepto integral de la violencia doméstica, según el marco legal existente, buscando priorizar las unidades especializadas en la materia a los efectos de poner en práctica una adecuada política transversal de género y de derechos humanos. Se busca con esto tener una nomenclatura común a nivel de todo el Inciso y empezar a trabajar en ese sentido. Con el artículo correspondiente podemos empezar a cuantificar a nivel del Presupuesto cuánto se invierte en la lucha contra la violencia doméstica.
INAU. El INAU cumple un papel primordial en la Seguridad Pública del país. Este es quien debe ejecutar las medidas socio-educativas no privativas y privativas de la libertad ambulatoria que la justicia competente establezca en todo el territorio nacional. Esto debe hacerlo mediante el Sistema de Ejecución de Medidas a Jóvenes en Infracción (SEMEJI). Es así que se habilitará la creación de 200 cargos en el SEMEJI, para atender situaciones de privación de libertad ambulatoria, lo que se sumaría a los establecimientos con que el INAU ya cuenta. Además, se destinará una partida para atender los programas de Medidas No Privativas de la Libertad Ambulatoria, piedra angular del SEMEJI.
Adicionalmente en el trámite en Comisión se tomó y reformuló una propuesta del Partido Nacional que consiste en la creación de un Fondo para la infraestructura de un instituto de rehabilitación del menor infractor a partir del producido del 20% de las ventas de bienes inmuebles urbanos que realice toda la Administración Pública.
Además de las partidas destinadas al desarrollo de los CAIF y del fortalecimiento del SEMEJI ya comentado, se contemplan mayores asignaciones presupuestales para ampliar los convenios con ONGs, realizar convenios de mejora de tiempo completo y desarrollar el programa de Acogimiento Familiar.
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