Al comienzo de la sesión el edil Edison Casulo (Partido Nacional – Lista 71) señaló su satisfacción de que la Intendencia Municipal de Montevideo atendiera el requerimiento del Partido Nacional y diera cumplimiento a lo dispuesto en el TOCAF publicando en la página web los actos de adjudicación de licitaciones públicas y abreviadas, contrataciones directas en régimen de excepción, ampliación de las mismas y actos de reiteración de gastos por observación del Tribunal de Cuentas.

Señaló que previo a la asunción de las nuevas autoridades departamentales, la bancada de Unidad Nacional se reunió con la futura Intendenta Ana Olivera quien recibió el planteo siendo el mismo reiterado a mediados de agosto en ocasión de la discusión de la Rendición de Cuentas Departamental al Secretario General Ricardo Prato quién expresó que esa situación ya había sido corregida agregando que  “Lamentablemente tenemos que reconocer que en el 2009 no se pudo cumplir con eso”, y que la permanencia de la Intendencia Municipal de Montevideo como incumplidora se debía a aspectos de trámite.

Al día de hoy hemos constatado que la información está disponible y nos alegra esta situación ya que es muy buena para todos los montevideanos, destacamos la actitud positiva de la Intendenta Ana Olivera que fue más allá de su responsabilidad de gestión directa y proporcionó la información desde enero de este año, es una clara señal de ruptura con la actitud frente a este tema del jerarca anterior, resaltó el curul.

Una penosa actitud Municipal para con Un Techo para mi País.

Posteriormente y como asunto político, el edil planteo la difícil situación en la cual el Consejo del Municipio D ha colocado a la ONG Un Techo para mi País y a las familias del asentamiento conocido Imprimex por la cercanía con esa fábrica.

El día anterior, miércoles 1 de setiembre, este Consejo citó a los responsables de esa organización y les notificó por escrito que se oponía a las acciones que los voluntarios llevarían a cabo este fin de semana para ayudar a ocho familias de las quince que se encuentran en esa zona, ya que “tendrá efectos negativos para los planes oficiales previstos para dicho espacio”.

Tal vez sean de recibo esos planes municipales, deberemos estudiarlo, lo que sí no es de recibo es que actuales concejales del Concejo Municipal y que antes eran funcionarios políticos del centro comunal 11 donde se encuentra el asentamiento, recorrieran en esa calidad conjuntamente con la ONG la zona en años anteriores y no establecieran esa circunstancia, sorprendiendo hoy a esta organización en su buena fe y vocación altruista, bloqueando su acción, claramente hay responsabilidades políticas, señalo el edil.

La Junta acusó recibo y se llevarán a cabo gestiones a diferente nivel en las próximas horas para cooperar para resolver esta situación.

Desde el gobierno nacional se propone apostar al “Plan Juntos” para la emergencia pendiente de la gestión anterior, se le solicita al Parlamento Nacional cinco millones de dólares para construir viviendas pero en simultáneo desde los actores del mismo gobierno pero a nivel municipal se “invita a suscribir la constancia” de que no pueden llevar a cabo la tarea a una organización que trabaja en la misma dirección.

Esto nos abre dos situaciones muy preocupantes, por un lado nos queda la sensación de sujeción estatal sobre las acciones de una organización social, una especie de intento de subordinar el voluntariado al interés gubernamental y por otro, se deja sin posibilidades a una respuesta inmediata que permite elevar la dignidad humana de personas con carencias extremas que queda a merced de decisiones discrecionales de la administración local, si es que ella es de su competencia, situación que también debemos estudiar profundamente.

Los montevideanos hemos sido espectadores en los últimos 20 años de acciones en diferentes grados con esta orientación, es hora que el gobierno asuma el rol diferente de la sociedad civil y coopere con ella. La creatividad y la fuerza de las comunidades, la vitalidad del voluntariado para llegar antes y mejor allí donde el estado está ausente, organizada de múltiples maneras no puede ser orientada en otra dirección que no sea la que la misma organización resuelva o sujetada si la administración no concuerda con ello, es parte sustancial de la libertad de asociación y sustentada en el estado de derecho.

Aquí hay temas muy relevantes para los montevideanos, pero quiero volver a resaltar lo más importante, estas personas que quedan esperando mientras se dilucida esto o se aprueban nuevas medidas, y yo le pregunto al gobierno municipal ¿mientras tanto, qué pasa con estas familias? concluyó el edil.

Edison Casulo

Edil Partido Nacional (Lista 71)