Los abogados Bruno Gaiero e Ignacio Soba lanzaron “La regulación procesal del habeas data”, un trabajo de 222 páginas en el que los autores analizan la forma en que Uruguay ha regulado la protección de datos personales y el acceso a la información pública, a la vez que profundizan en ello y en los mecanismos creados para reclamar estos derechos fundamentales en el país.
La obra no sólo profundiza en la regulación que Uruguay se ha dado en esta materia para cumplir con los estándares internacionales básicos en materia de derechos fundamentales, seguridad de las inversiones y transparencia en la gestión de gobierno, sino que también da respuesta a las interrogantes más frecuentes que la reciente legislación procesal plantea en torno al instituto del “habeas data”.
“La información es un ‘arma de doble filo’. Todos sabemos que la información une al mundo, pero también que cuando cae en las manos incorrectas o cuando es utilizada de forma inadecuada –incluso cuando es con la mejor de las intenciones-, el almacenamiento y tránsito de la información se puede transformar en una cuestión crítica. En especial, cuando se trata de datos personales y datos sensibles. Y bien es sabido que, hoy en día, las nuevas tecnologías aplicadas al almacenamiento y difusión de datos hacen que este fenómeno se haya potenciado exponencialmente”, explica Gaiero, un abogado de 29 años que lleva casi una década formando parte del Departamento Contencioso de FERRERE Abogados.
Gaiero asegura que el régimen nazi demostró cómo el registro de simples informaciones personales “representó la causa eficiente de perdición para algunos y salvación para otros”. “La importancia de los registros como instrumento de selección se vuelve clara cuando se comparan los datos de exterminio de los judíos de Holanda, donde existía una infraestructura bien establecida de ‘holleriths’, y de Francia, cuya base de datos de tarjetas perforadas estaba en completo desorden. De una estimativa de 140.000 judíos holandeses, lamentablemente más de 102.000 fueron deportados y asesinados (el 73% de la población judía de ese país fue exterminada). No obstante, de una estimativa de 350.000 judíos residentes en Francia (más del doble que en Holanda) 85.000 fueron los deportados, siendo que cerca del 75% de los judíos de ese país salvaron sus vidas”, señala.
Hoy en día, la problemática ha tomado aristas mucho más variadas y cotidianas, tornándose en un tema de total actualidad. “Recientemente, una estrella del pop argentino ganó un cuantioso juicio contra los dos principales buscadores de Internet, Google y Yahoo, por el hecho de que indexaban en sus búsquedas páginas con contenidos sexuales que vinculaban el nombre y fotografía de la estrella con tales páginas y actividades allí promovidas. Por su parte, la red social Facebook ha tenido que enfrentar multitudinarias demandas a lo largo de todo el mundo por parte de usuarios, ex-usuarios y organizaciones no gubernamentales que aducen que la adictiva red no cumple con los estándares mínimos de privacidad y protección de datos personales. Por ejemplo, el astro del fútbol italiano, Alessandro Del Piero, vio como creaban un ‘perfil’ falso suyo, que se asociaba con entornos nazis y propaganda de dicha ideología. El renombrado futbolista salió a la prensa a desmentir estos hechos y anunció entablar una contundente demanda contra la popular red social”, agrega Soba, que a sus 28 años es un abogado dedicado al Derecho Procesal.
Los autores coinciden en que “la información es poder” y que, cuando se trata de información pública, relativa a la gestión de un gobierno, el acceso a esa información hace a la transparencia.
“Nuestra obra explica cómo nuestro país, para cumplir con los estándares internacionales básicos en materia de derechos fundamentales, de seguridad en las inversiones y también transparencia en la gestión de gobierno, ha resuelto no ser menos que los sistemas jurídicos más modernos, dando una regulación específica tanto para el instituto del habeas data (del latín:“tráigase el dato”); en su modalidad de habeas data propio o protección de datos personales (ley 18.331), así como para el habeas data impropio o acceso a la información pública (ley 18.381).Pero todos sabemos que, lamentablemente, si no se establecen mecanismos para exigir estos derechos, la ley pasa a ser ‘letra muerta’”, sostiene Soba.
El libro analiza especialmente cómo la nueva normativa reguló el proceso judicial para reclamar estos derechos y permite al lector familiarizarse con los antecedentes históricos y legislativos, así como con los primeros fallos judiciales en torno a este tema, que permiten comprender cómo estos mecanismos legales pueden funcionar en el foro judicial uruguayo.