La reforma tributaria que estableció el impuesto a la renta a las personas físicas, creó el impuesto a los alquileres. Dicho impuesto, obviamente, en teoría y en la intención del legislador, estaba dirigido a gravar la renta de los propietarios de los inmuebles objeto de los contratos de arrendamientos. Pero, en los hechos, los propietarios de las fincas y locales alquilados trasladan el monto del impuesto a los inquilinos, incluyendo el mismo en el precio respectivo. Esto no se puede evitar, no hay fiscalización posible. Es la realidad indiscutible.
Basta observar las estadísticas para advertir la importante suba de los alquileres. Circunstancia que ha motivado más de un informe periodístico, entre otros, el del diario El País del 30 de mayo pasado, en el cuál, un importante operador inmobiliario, además, hace referencia a otro hecho que debería llamar la atención del gobierno: capitales argentinos se están radicando en la plaza a efectos de explotar el negocio de los alquileres.
La situación de referencia demuestra que la reforma tributaria debió estudiarse con mayor profundidad y que se debieron atender los cuestionamientos de la oposición. El fundamentalismo del equipo económico de la época (gobierno anterior) acalló todas las voces, incluso, las de economistas y legisladores del sector político del actual Presidente; fue notorio que algunos de éstos últimos votaron la ley y aspectos polémicos de la misma sólo por disciplina partidaria.
Pero, toda ley admite modificación a fin de salvar los errores o consecuencias negativas. Si ahora, de la cruda e incuestionable realidad, surge que los alquileres han subido de manera desproporcionada, al grado que el negocio de los arrendamientos de inmuebles se transforma en un gran atractivo para capitales extranjeros, el equipo económico actual y el Parlamento deberían intentar concretar alguna solución.
Todos los partidos políticos en sus plataformas electorales proclamaron la defensa de los más pobres. ¿Quiénes son los inquilinos en este país? Salvo respecto a los arrendamientos de las fincas para uso de los diplomáticos, en todos los casos, los inquilinos son personas que no tienen otra alternativa (para tener su casa-habitación) que arrendar. El que puede comprar su techo, obviamente, no va a pagar un alquiler.
¿Es correcto que los inquilinos paguen alquileres altos porque tienen que asumir el impuesto a los alquileres que trasladan los arrendadores? ¿Es correcto que nuestras autoridades gubernamentales se queden cruzadas de brazos y permitan que capitales extranjeros aprovechen esta situación y exploten el pingüe negocio lucrando a costa de los menos pudientes que alquilan por necesidad?
No se trata de señalar errores del equipo económico anterior, por el contrario, se trata de buscar una solución a un serio problema, que está planteado y forma parte de la realidad y castiga a quiénes todos los partidos se obligaron a proteger en la última campaña electoral, en función de la justicia social.
¿Qué se puede hacer?
En primer lugar, se deberían integrar las comisiones parlamentarias competentes en la materia y, junto con representantes del equipo económico, debería abordarse el estudio de la situación. Hay que comenzar por conocer con absoluta precisión el rendimiento del impuesto a los alquileres, el rendimiento neto para el erario público, lo que implica descontar –incluso- el costo de la recaudación de este impuesto (en recursos humanos y materiales). Una vez que se tenga ese dato específico y concreto, hay que tomar una decisión política, comparando el costo-beneficio y ver si existe un saldo positivo razonable, teniendo en cuenta la situación económica y social de la importante cantidad de inquilinos que hay en nuestra comunidad nacional.
Tal vez, luego de ese estudio, la solución surja por el peso de la lógica elemental y puede ocurrir que todos coincidan en que la misma no sea otra que la simple eliminación del impuesto a los alquileres. El Uruguay no tenía impuesto a los alquileres, seguramente ahora, con la altísima recaudación, no sea necesario para el Estado.
Se daría una muy buena señal si el oficialismo y la oposición aunaran esfuerzos para estudiar y solucionar un problema que afecta a gran parte de nuestra población: a quiénes tienen que recurrir a un alquiler para lograr un techo que albergue a su familia.
Alem García.
2 de junio de 2010.