Numerosos aspectos no resueltos en los bancos oficiales provocaron declaración de preconflicto.
Entrevista a CARLOS MÁRQUEZ, presidente del Consejo de Sector Financiero Oficial de Aebu.
MANUEL MÉNDEZ – La banca oficial entró en preconflicto, con un conjunto de reclamos no atendidos. El Consejo de Sector Financiero Oficial hizo la denuncia correspondiente ante el Ministerio de Trabajo, con la cláusula de prevención de conflictos. ¿Por qué se llega a esta instancia?
CARLOS MÁRQUEZ – Hay una serie de temas puntuales, y desde hace un tiempo el sindicato ha insistido en que deben ser discutidos con los trabajadores organizados. Los temas están incluidos en el convenio colectivo y en la Ley 18.508 que crea la Agencia Nacional de Vivienda. Reconocemos que algunas autoridades recién se han instalado y tal vez no conozcan a ciencia cierta las características de nuestro colectivo.
Tenemos situaciones preconflictivas en tres bancos oficiales y hay una discusión pendiente en el BCU en estas horas. Lo que estamos haciendo es activar la cláusula de preconflicto incluida en el convenio colectivo del sector, a los efectos de ser convocados por el Ministerio de Trabajo, la OPP (Oficina de Planeamiento y Presupuesto) y los directorios de los bancos para tener en siete días una instancia de intercambio que permita avanzar en estos temas, porque muchos requieren de voluntad política para ser resueltos.
Estamos dando una discusión mayor desde el PIT-CNT, la Mesa Sindical Coordinadora de Entes y Aebu. La discusión que estamos dando sobre la reforma del Estado implica algunos de estos aspectos que hacen a las condiciones de trabajo y a la forma en que los trabajadores nos comprometemos con el funcionamiento de estas empresas, que deben estar orientadas hacia la profundización de esta reforma.
Hay que reconocer que mucho se ha avanzado en las relaciones laborales de trabajadores y patronales en estos tiempos. Sin embargo, creemos que parte de nuestra responsabilidad es continuar reclamando mejoras que creemos se deben dar.
El sanatorio y la central de servicios médicos del BSE tienen enormes dificultades, porque hay condiciones de trabajo que no se adecuan a las exigencias que hacemos en cuanto a lograr los niveles de presupuestación necesarios luego de la detección de una imperiosa necesidad de personal en el banco. Hay aspectos de infraestructura que hay que atender. El sanatorio ha quedado chico para brindar el servicio adecuado y de calidad que requiere el usuario. Hay una actividad de eminente corte social que debe ser priorizada.
En ese sentido, apelamos a ser recibidos por el directorio, una vez mantenida la reunión con el Ministerio de Trabajo. Ya instalado el nuevo directorio habría que conversar sobre la mejora de las condiciones de trabajo de nuestros compañeros, fundamentalmente en la central de servicios médicos. Allí se han dado una serie de cortocircuitos que podrían ser evitados por las autoridades. El trabajador queda haciendo frente a situaciones indeseables, como muchas veces surgen en el BSE.
En la Agencia Nacional de Vivienda, recientemente creada, existe una violación del convenio colectivo. Los directorios del BHU y la ANV no están cumpliendo con el artículo 32 de la Ley 18.125 de negociación colectiva, que establece que cuando se detecta necesidad de personal en el BHU se debe recurrir a la nómina de personal de la Agencia Nacional de Vivienda, en función de los perfiles que se requieran. Si luego todavía subsiste la necesidad de personal se deberían hacer llamados externos.
Nosotros apelamos a la creación de trabajos genuinos; sin embargo en la agencia se contrata personal con contratos a término, pasando por encima de los acuerdos que mucho ha costado alcanzar, en procesos absolutamente traumáticos, porque con el proceso refundacional la institución fue prácticamente quebrada.
En los acuerdos que hemos tenido que suscribir los trabajadores con las autoridades se buscaba tener una política de vivienda adecuada a las necesidades de la población, fundamentalmente para los sectores de menores recursos. Y hay que trabajar permanentemente, porque sin el compromiso del trabajador ninguna reforma funciona. Por ello se debe reconocer los derechos del trabajador equilibrados con los del usuario. Pero las leyes 18.125 y 18.508 no se están cumpliendo.
MM – ¿Qué pasa con el BROU y el BCU?
CM – En el BROU hay una buena situación financiera producto del esfuerzo, el compromiso y el trabajo de nuestros compañeros en cada frente de batalla. Nosotros nos involucramos en el funcionamiento de las instituciones para mejorarlas. No queremos seguir detectando —como permanentemente ocurre en nuestras recorridas por Montevideo y el interior del país— que los usuarios que deberían ser priorizados por una institución con un carácter social ineludible, a veces realizan colas bajo la lluvia o en horarios de sol a pique en verano…
Tampoco se está respetando el horario de trabajo de 6.30 horas. Esta fue una conquista de nuestro sindicato, saludada por organizaciones hermanas de la región. Al detectar dificultades de empleo a partir de las crisis, hemos repartido el trabajo entre nuestros compañeros, haciendo que ingresaran compañeros de la banca privada. También promovimos el ingreso de personal joven, como se dio con estas administraciones de gobierno en los últimos años. Cuando se hacen análisis del funcionamiento del Estado y la banca pública hay que hacer referencia a que en los gobiernos anteriores hubo leyes para inhibir el ingreso a través del mecanismo de concurso, como finalmente nosotros logramos que se hiciera. Pero como consecuencia se fueron generando capas de funcionarios con promedios altísimos de edad, y todas las dificultades que esta situación acarrea, en un país donde tenemos un problema demográfico.
No se está cumpliendo el horario de trabajo de 6.30 horas para los trabajadores de la banca oficial, y nosotros reclamamos ir a la implementación de un doble turno en ella, para tener las puertas abiertas durante más tiempo en beneficio del usuario.
Por otro lado, es absolutamente ineludible el ingreso de personal joven. Debe existir la posibilidad de que se siga tomando personal joven, como es imprescindible, igual que atender a la necesidad de seguir abriendo puertas en cada lugar del país, fundamentalmente en el Interior, donde el funcionamiento de la banca como facilitador de la producción esté asociado a la reactivación de sectores agrícolas y ganaderos.
Hay otros dos puntos que son de altísima sensibilidad para nosotros. Fuimos tal vez la primera organización cuyos trabajadores ingresaron al Fonasa. En aquel momento, en el marco de la renovación del convenio colectivo, nos planteamos que no íbamos a discutir bajo ningún concepto la esencia de la reforma de la salud, porque coincidíamos y nos comprometíamos con ella. Nosotros pasamos a pagar por las partidas y las prestaciones de salud que se brindan a los trabajadores bancarios y sus familias, cuando antes lo recibíamos gratis. Pero dijimos que era parte del proceso de reforma y que teníamos que involucrarnos en ella. Pero pretendíamos que no se rebajara la calidad de las prestaciones, y que las instituciones sigan responsabilizándose del seguimiento y el diseño de los contratos, como establece la OIT.
El trabajador no debe quedar librado de manera independiente y solitaria a tener que suscribir un contrato con una mutualista, cuando todos sabemos que hay un concepto absolutamente mercantilista de la salud, en que las mutualistas retacean las prestaciones y pretenden rebajar el precio o subirlo, por las prestaciones que brindan.
En el interior del país el monopolio de Femi ha sido abusado de manera sistemática. Se han rebajado prestaciones de salud brindadas a los compañeros, sobre todo en el Interior. Y el BROU, de manera unilateral e inconsulta, a través de parte de sus sectores administrativos y con participación de alguna secretaría de su directorio, ha suscrito acuerdos que rebajan las prestaciones brindadas al trabajador, a sus hijos y a los jubilados… Son aspectos que están en los convenios colectivos y tienen que ser discutidos con el sindicato. Pero en la renovación del convenio colectivo de 2007 se estableció el mantenimiento de todas las prestaciones de salud tal como venían.
Si el BROU negocia a la baja los convenios de salud, que se haga cargo de brindar al trabajador la diferencia entre lo que estaba pagando antes y esta nueva negociación. Para nosotros este tema es fundamental, y por eso ayer mantuvimos un contacto con el Ministerio de Trabajo, para ponerlo al tanto. Y tenemos siete días para convocar el ámbito de negociación.
MM – ¿Y qué pasaba en el BCU?
CM – A partir de lo que planteó el presidente de la institución, hay modificaciones al organigrama de la institución. Allí tendría que participar el sindicato, y tenemos algunas diferencias. La comisión representativa ya se reunió por este tema. Por el momento no están incluidos dentro de la plataforma de temas que nos hizo solicitar la activación de la cláusula de preconflicto.
Pero queremos informar a los compañeros que ayer se comenzó a dar la discusión paralela a la que también se está dando en el PIT-CNT, sobre la reforma del Estado. Hubo una reunión de los tres consejos, porque esta reforma no involucra solo a los trabajadores públicos: es una reforma que debe discutir toda la ciudadanía. En ese sentido se echaron a andar las primeras bases de discusión, a los efectos de redefinir las áreas estratégicas en el país. Creemos que el sistema financiero público debería funcionar como facilitador de la producción.
Es fundamental discutir aquellos aspectos de basamento ideológico y definir el papel de la banca pública dentro del nuevo Estado, a partir de las transformaciones que se plantean. Para nosotros, la reforma del Estado debe estar asociada al desarrollo productivo, social y democrático del país.
Transcripción: Valentina Roldós.
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