MONTEVIDEO, oct. 2009. (IPS) – Fabián Rodríguez está por cumplir con una larga condena por robo. Tras pasar por tres de las hacinadas prisiones de máxima seguridad de Uruguay, finalmente recaló en un centro donde el trabajo y el respeto son pilares básicos. Ahora dirige la panadería que abastece a otros 200 presos y a los carceleros.

Así lo consigna un artículo de la agencia IPS firmada por el periodista Pablo Alfano.

El Centro Nacional de Rehabilitación (CNR), que ocupa el edificio dejado por un hospital psiquiátrico, es hoy una cárcel prácticamente sin rejas y modelo en el cuestionado sistema penitenciario de este país por el bajísimo porcentaje de reincidencia en el delito que muestran los liberados de ese lugar.

Rodríguez estuvo en el penal de Libertad, paradójico nombre para el centro ubicado a unos 50 kilómetros de Montevideo donde la dictadura amontonó presos políticos de 1973 a 1985, en el Complejo Penitenciario Santiago Vázquez, el mayor del país, y en La Tablada, ambos en las afueras de la capital uruguaya. Estos establecimientos están en la mira de los organismos internacionales de derechos humanos por las condiciones nefastas en que están los reclusos.

En La Tablada, sin embargo, Rodríguez pudo aprender el oficio de panadero, «mirando y pagando derecho de piso», y luego participó en la fundación, con otros presos, de la Cooperativa Panificadora de Apoyo Social.

Fue entonces que, según narra a IPS, gestionó su traslado y allí comenzó un corto periplo que culminó con la inauguración, a fines de julio, de una panadería que en principio es una filial de la cooperativa nacida en La Tablada, aunque mantiene la esperanza de armar una propia con sus compañeros del CNR.

En Uruguay, la población carcelaria casi se triplicó desde 1995, en especial por el endurecimiento de penas por delitos menores en el marco de una campaña política y mediática de sectores conservadores frente a un leve incremento entonces de la violencia urbana.

El último informe divulgado por el comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario, el abogado Álvaro Garcé, indica que se pasó de 2.791 presos en 1990 a 8.100 en marzo pasado, uno de los más altos índices de América Latina en relación a la población en este país de 3,3 millones de habitantes.

Garcé hizo hincapié en que las cárceles uruguayas no preparan a los presos para reinsertarse en la sociedad debido al alto consumo de drogas, alcohol, los bajos niveles de escolaridad y en particular por el hacinamiento, al contar hasta ahora sólo con capacidad para 6.164 reclusos y teniendo en cuenta que ingresan casi 100 nuevos cada mes.

Tras el breve respiro que significó la libertad de 800 presos próximos a cumplir su pena gracias a la ley de emergencia carcelaria impulsada por el gobierno izquierdista del Frente Amplio apenas asumió en 2005, hoy el sistema volvió a desbordarse al punto de merecer este año una severa reprimenda de Manfred Nowak, relator especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura.

El gobierno ha dispuesto una serie de medidas de ampliación de prisiones y habilitación de otros centros, en un proceso aún en sus inicios que descomprimirán el sistema junto a proyectos de reformas del orden legal.

La prueba de esta situación extrema es que alrededor de 60 por ciento de los liberados vuelven a delinquir.

Por eso el CNR es una especie de isla, ya que desde 2002 tiene una tasa de reincidencia que oscila entre 10 y 12 por ciento, explicó a IPS el subdirector de la institución, comisario inspector Enrique Mesa. Y aclaró que en Uruguay esta tasa se mide luego de pasados los cinco años que el recluso fue liberado y se demostró fehacientemente que no volvió a delinquir.

MANOJO DE IDEAS LIBERADORAS

«Para nosotros el proyecto de la panadería fue bien interesante desde el momento en que se planteó», dice a IPS el director del CNR, inspector mayor Gustavo Belarra.

«Que los internos puedan dar cursos de capacitación y trabajar junto con sus compañeros, la mayoría de ellos padres de familia, es algo realmente importante, porque no sólo les permitirá tener una mejor inserción en el mercado laboral, sino que esto refuerza tremendamente los vínculos entre ellos, con la sociedad y con sus familias, y fortalece su autoestima», explica.

El CNR fue inaugurado el 31 de julio de 2002 en las instalaciones del ex hospital psiquiátrico Musto, en el norte del departamento de Montevideo, casi en el límite con el vecino Canelones. Con autonomía técnica y de gestión, depende financiera y administrativamente del Ministro del Interior.

«Se trata de un centro de ‘pre-egreso’ con un sistema progresivo de integración, que le permite a los internos adquirir distintas habilidades para facilitar la inclusión social cuando salen del sistema carcelario», apunta Belarra, quien ha pasado por distintas tareas desde la fundación misma del CNR. Hoy son 60 los egresados que trabajan sin haber tenido nunca más problemas con la ley.

Actualmente hay 192 reclusos, siete de ellos con salida diaria a estudiar, que conviven en habitaciones cuya gran mayoría no tiene rejas. Las pocas que hay son sólo para los recién ingresados.

Estos novatos son luego derivados al segundo piso, donde comparten habitaciones con otros compañeros pero ya sin esas medidas de seguridad y con más autonomía y posibilidades de retomar los estudios de escuela primaria o secundaria, ya que el lugar cuenta con aulas y maestros gracias a un convenio con la Administración Nacional de Educación Pública.

«La mayoría de los reclusos que llegan aquí son lo que llamamos analfabetos en desuso, es decir que hace tanto que no se sientan frente a un texto o una ecuación matemática que olvidaron cómo hacerlo. Por eso apelamos a lo que llamamos una liberación educativa, gradual, y sin que el interno se sienta obligado, que él mismo vea los beneficios», comenta Belarra.

También se cuenta con un cibercafé donado por la empresa estatal de telefonía y autogestionado por los propios reclusos.

DEL FÚTBOL AL TRABAJO

Durante la recorrida que hizo IPS, acompañado sólo por algunos presos, quedó claro el clima de respeto y de educación, que parecen ser la única norma que funciona en un lugar donde los derechos humanos se respetan en la práctica.

«Acá no hay penitencias ni palos. Acá es simple: tenés que estudiar, trabajar o atender tal actividad, te enfocás en eso y en tu tiempo libre hacés lo que querés», cuenta uno de los internos mientras señala un prolijo gimnasio donde algunos jóvenes se entretienen con aparatos de musculación, mancuernas o bolsas de boxeo.

Las cuatro normas básicas para permanecer en el CNR son no consumir ni traficar ninguna sustancia (droga o alcohol), cuidar los bienes de la institución y no agredir a nadie.

Mientras unos reclusos juegan al fútbol, a pocos metros otros trabajan la tierra con azada, pico, pala y carretillas. Son los llamados «primarios» (véase recuadro). Al poco rato de caminar por el lugar, sino fuera por el ocasional pasaje de algún policía uniformado, el visitante se olvida que está dentro de una cárcel rodeado de personas que cometieron delitos, algunos de ellos violentos.

Desde la fachada hasta las instalaciones internas están prolijamente pintadas de blanco, el olor que viene de la cocina realmente invita a quedarse y los baños están en excelentes condiciones. «Así tendrían que ser los baños públicos de bares y restaurantes y de algunos centros de enseñanza», comenta un policía al pasar.

Además de la panadería funciona un taller de carpintería y otro de herrería. Allí se arreglan los bancos y se confeccionan muebles y armarios para escuelas públicas de la zona, una «forma de ir mejorando los vínculos con la comunidad», informa Belarra.

De esos talleres han salido por ejemplo los clasificadores de cartas del Correo estatal y más de 100 tableros de básquetbol fabricados especialmente para un programa de atención a adictos a las drogas y de prevención de la presidencia de Uruguay, que fueron instalados en plazas de deportes públicas en todo el país.

Además, varios internos cursan estudios técnicos sanitarios, de electricidad, mecánica, jardinería y albañilería en la Universidad del Trabajo del Uruguay.

Por el CNR han pasado y continúan convenios laborales, entre otros, con entidades de la Iglesia Católica, de empresas privadas y estatales, como la petrolera Ancap, del servicio de aguas, el Puerto de Montevideo, de hospitales nacionales y el parlamento nacional.

Fabián Rodríguez es consciente que la tentación de reincidir está ahí y aún le quedan un par de años en el CNR, aunque quizás antes logre salidas transitorias o la libertad provisional. Eso depende de un juez. Pero esta vez, en lugar de aferrarse a un arma para obtener dinero sabe que con un poco de agua, harina y buena voluntad su vida estará lejos de la prisión.

PAN DE DIGNIDAD

Para montar la panadería hubo que comprar todo lo necesario y ello fue posible gracias a una donación de la gubernamental Junta Nacional de Drogas (JND) y de las empresas estatales de Seguros y de telefonía.

Además de elaborar pan y galletas para el CNR, Fabián Rodríguez ya dictó un curso a 13 internos de los cuales hoy tres siguen trabajando a su lado todos los días, desde la medianoche a las 7 de la mañana. «Luego dormimos algo y después de comer me voy un rato a jugar al fútbol o me pongo a hacer otras cosas… siempre hay cosas para hacer», cuenta a IPS este recluso.

En la panadería también se hacen pizzas, tortas, todo tipo de masas y otros productos de repostería y, en breve, comenzarán a hacer emparedados. Sus responsables ansían finalizar algunos trámites que les permitan elaborar exquisiteces para vender fuera de los muros del CNR.

De todas formas, mientras aguardan por la burocracia, los reclusos ya hicieron una gigantesca torta para el Día del Policía, otra de casi 100 quilogramos para el Día del Niño, compartida entre presos y familiares. También han atendido pedidos externos para celebrar cumpleaños y casamientos, explica, satisfecho, Rodríguez.

Con lo que gana por trabajar en la cárcel, ya comenzó a adquirir elementos para instalar su propia panadería el día que logre la libertad.

Comenta también que la JND le planteó extraoficialmente la posibilidad, una vez que recobre la libertad, de dar clases de panadería y repostería en la cárcel de Santiago Vázquez. «Yo dije que sí enseguida, lo único que sé es que salgo de acá y no vuelvo a robar más. Me gusta lo que hago y si puedo enseñarlo a otros mejor», enfatizó.

NUEVA OPORTUNIDAD

Al ingresar al enorme predio del CNR, lo primero que llama la atención es ver a jóvenes clavando con ganas la azada en la tierra y trasladándola en carretillas. Son los «primarios».

«Están quemando energía, todavía tienen que pucherearse (comer) bien y mover bastante el cuerpo para que se acostumbre a que ahora no hay más pasta base» de cocaína, explica a IPS un interno que oficia de anfitrión.

Se trata presos que forman parte del Proyecto Primarios, creado hace un año para jóvenes de hasta 29 años, sin antecedentes penales, que se les enjuicia por delitos leves o moderados vinculados al consumo de drogas, en especial la pasta base de cocaína, una sustancia altamente adictiva, conocida en otros países como «paco» o «la droga de los pobres».

La idea es disminuir las consecuencias negativas ocasionadas por el consumo y evitar mezclarlos en cárceles con reclusos más peligrosos, explica el inspector Belarra.

En coordinación con Cárcel Central, se busca a jóvenes con este perfil, quienes luego de una entrevista con psicólogos y psiquiatras ingresan al programa por su propia voluntad.

Los seis primeros meses son orientados a su desintoxicación y una fuerte «continentación» para asumir que terminaron en prisión debido al uso problemático de drogas.

Posteriormente, los técnicos del CNR comienzan a trabajar igual que con el resto de los reclusos, ofreciéndoles retomar estudios o aprender un oficio con miras a su reinserción laboral y sobre todo afectiva.