Desde Argentina se acusa a Uruguay de facilitar la llegada a la plaza financiera local de dinero proveniente del vecino país y se preguntan “¿es Uruguay un paraíso fiscal?”.
Según los últimos datos revelados por el Banco Central del Uruguay (BCU), los bancos contaban en el mes de junio con u$s2.786 millones de no residentes, de los cuales se estima que un 90% pertenece a argentinos.
En ese mismo lapso, de la Argentina se fueron u$s12.700 millones. Y los períodos de fuerte salida de dólares fueron, justamente, los que más engrosaron las arcas del sistema financiero de nuestro país.
En julio de este año, los depósitos de argentinos en el sistema financiero del país vecino se incrementaron casi un 40%, respecto de igual mes del 2008.
Una nota publicada en el medio electrónico “infobae profesional” recoge un informe de la consultora financiera Datarisk. En ella se señala que “cuando la incertidumbre en Argentina aumenta, se incrementan casi automáticamente los depósitos de los no residentes en el país vecino. Este comportamiento quedó en evidencia durante la crisis de 2002, momento en el que se registró un fuerte crecimiento que alcanzó el máximo histórico de u$s6 mil millones, casi la mitad de las colocaciones totales de la época”.
Una de las formas más comunes de operar sin ser residente es a través de las «Sociedades Financieras de Inversiones» conocidas como SAFI.
Las SAFI son empresas “off shore” (autorizadas a funcionar en otro país) cuyo verdadero dueño está a resguardo en los cofres de alguna escribanía uruguaya.
Estimaciones confiables precisan que alrededor de 100.000 argentinos tienen SAFI, a través de las cuales poseen todo tipo de bienes, en particular, propiedades a lo largo de la costa oriental.
“Ni Brasil ni la Argentina logran que el pequeño país hermano les proporcione información catastral de Punta del Este, ni tampoco ha cesado el uso de sociedades pantalla por parte de empresas y personas jurídicas residentes en la Argentina y Brasil que desean sustraerse a la acción de los fiscos”, apuntó Jorge Gaggero, especialista en temas tributarios del Cefidar.
Recientemente el gobierno uruguayo dictó una norma según la cual, estas sociedades deberán demostrar que se mantienen en actividad, es decir, se verán obligadas a transformarse en sociedades anónimas o de otra índole.