Vencer la lógica. Eso se propusieron los vecinos del asentamiento El Monarca, en la capital uruguaya, para convertirlo en un barrio digno. Mientras los gobiernos corren contrarreloj hacia las Metas del Milenio, los ciudadanos se organizan como pueden para el objetivo imperioso de la vivienda decente.
«Muchos decían que iba a ser un ‘cantegril’ (tugurio) más, que iba a ser una ‘juntadera de pichis’ (despectivamente, hacinamiento de pobres)», cuenta a IPS Washington «El Bocha» Suárez, en nota que lleva la firma del periodista Raúl Pierri.
Este hombre de 52 años, cuya voz tiene un timbre casi adolescente pero que modula con la energía y vigor de la plena madurez, es hoy el factótum de El Monarca. Es la cara visible de la comisión barrial, a quien todos consultan ante cualquier inconveniente.
«Estoy en todo. Siempre tengo que estar a la orden, pero la cosa va funcionando así bastante redondita», dice optimista este padre de cuatro hijos, carpintero y constructor, que vende artesanías con su esposa y sueña con un nuevo campo de deportes para el barrio que vio surgir de la nada, y ahora prospera en las afueras de Montevideo.
«Había otros asentamientos en la zona, pero ninguno creció como El Monarca», destaca, orgulloso, aunque aclara que eso implicó un gran costo.
Mejorar la vivienda es uno de los compromisos de los países en el marco de los ocho grandes Objetivos de Desarrollo para el Mileno aprobados por los gobierno en 2000 en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.
Una de las metas específicas fijadas por el foro mundial es «haber mejorado considerablemente, en 2020, la vida de por lo menos 100 millones de habitantes de barrios marginales».
En Uruguay, con indicadores sociales de los mejores de América Latina, no está exento de esta problemática. Existen 566 asentamientos irregulares, 36,6 por ciento de los cuales se formaron entre 1991 y 2000, la década donde se registró su mayor expansión, según un catastro publicado en octubre pasado por la organización no gubernamental latinoamericana Un Techo para Mi País.
De ese total, 61,1 por ciento están en Montevideo y 13,6 por ciento en el vecino Canelones, dos de los 19 departamentos en que se divide el país y donde residen más de la mitad de los 3,3 millones de uruguayos.
Se estima que hoy viven más de 251.000 uruguayos en estas condiciones. Los más grandes asentamientos existen en la periferia de la capital, y tienen una antigüedad promedio de 22 años. Más de la mitad crecen en terrenos de propiedad estatal y el resto en tierras privadas o mixtas.
Al contrario de lo que ocurre en otros países de América Latina, en los asentamientos irregulares de Uruguay predominan las viviendas construidas con materiales durables, como bloques y ladrillos, aunque con estructura de mala calidad. También la chapa y el cartón están presentes casi siempre.
En más de 80 por ciento de estos barrios populosos, todas las viviendas tienen algún acceso a agua potable, pero las mediciones no precisan si éste es por medio de un servicio directo o a terrenos aledaños. También casi todas cuentan con energía eléctrica, pero en más de 50 por ciento de los casos son conexiones ilegales. En cuanto a saneamiento, casi 80 por ciento de las casas dependen de «pozos negros».
Su ubicación al margen de las ciudades los aleja de servicios esenciales. Las comisarías policiales y los hospitales son los que están más distanciados de la mayoría de estos barrios, seguidos por las guarderías para niños y las escuelas secundarias.
«El término ‘cantegril’ (una irónica alusión al exclusivo Cantegril Country Club, del balneario de Punta del Este) ya no es utilizado en Uruguay, pues respondió a una dinámica de ocupación y estructura social de mediados del siglo XX, distinta a la actual. Hoy hablamos de asentamientos irregulares», explicó a IPS la directora social de la oficina uruguaya de Un Techo para mi País, Cynthia Pérez.
Los asentamientos fueron creciendo en forma caótica principalmente en torno a la ciudad de Montevideo en el marco de los crecientes problemas habitacionales, iniciados en la última dictadura cívico-militar (1973-1985).
Entre los censos nacionales de 1985 y 1996, se comprobó que 62 barrios más céntricos de Montevideo perdieron más de 10 por ciento de su población, mientras que en las áreas periféricas el crecimiento fue de 13 por ciento y de 35 por ciento en la zona metropolitana, que abarca también a parte de los departamentos de Canelones y de San José.
Uruguay, tras profundizarse en los años 90 las políticas económicas de corte neoliberal, cayó en recesión de 1999 a 2002, cuando el sistema financiero colapsó, las reservas de divisas casi desaparecieron, el desempleo trepó a un récord histórico mayor a 20 por ciento de los activos. Sólo ese último año el salario mermó 20 por ciento y los desalojos por falta de pago de alquiler crecieron 20 por ciento.
La pobreza se catapultó de afectar a 15 por ciento de los uruguayos en 1995 a casi 34 por ciento en 2003.
DE ALQUILAR A OCUPAR
El salto de un habitante urbano a un asentamiento irregular es un duro golpe de realidad. Establecer nexos con otras personas en la misma situación es el primer paso para reconstruir su vida.
«Tal vez el mayor impacto para las familias sea a nivel psicosocial, ya que lo más padecido en los asentamientos es la irregularidad, no sólo por la falta de título de propiedad sobre el terreno que ocupa, lo cual incide en el sentimiento de seguridad y la proyección de crecimiento y superación futura, sino en lo que respecta a la carencia de servicios básicos regularizados», explicó Pérez.
«Cuando uno habita en un barrio regular tiene acceso a servicios de calidad, por lo cual no es necesario un significativo grado de organización comunitaria. Esto no sucede en el asentamiento, en el cual es imprescindible el nivel de asociatividad que puedan tener los vecinos», indicó.
La labor de la sociedad civil organizada se vio reforzada en los últimos años con políticas públicas específicas. Uruguay pactó un acuerdo en 1999 con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para crear el Programa de Integración de Asentamientos Irregulares (PIAI), dependiente del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.
Desde marzo de 2005, cuando asumió el gobierno izquierdista de Tabaré Vázquez, el PIAI ha gestionado 45 proyectos de mejoramiento barrial, que afectan a 64 asentamientos, para lo cual se destinaron 70 millones de dólares, con 24 obras finalizadas o próximas a ello, siete en proceso licitatorio, ocho a licitarse este año y seis en etapas de diseño y presupuesto, indicó a IPS la coordinadora del programa, Susana Pereyra.
En este periodo, 30.000 personas han sido beneficiadas. El BID aprobó el año pasado otra línea de crédito por 300 millones de dólares para financiar nuevos proyectos del PIAI.
Vázquez hizo de las políticas sociales el centro de su gobierno. Desde 2005 se registra una constante recuperación económica, la pobreza descendió de 34 a casi 21 por ciento y el desempleo cayó al récord de siete por ciento. Sin embargo, en los últimos tres años surgieron 21 nuevos asentamientos. Esto indica que el problema no cesa pese al esfuerzo.
EL MONARCA
El nivel de asociatividad en los asentamientos irregulares es considerablemente bajo. Pero existen casos como El Monarca, donde fueron los propios ocupantes quienes presionaron a las autoridades y contactaron a organizaciones de la sociedad civil para proveerse de servicios esenciales.
El barrio se hizo prácticamente de la nada. En 1995, un grupo pequeño de familias sin hogar decidieron ocupar un gran terreno en las afueras de Montevideo, propiedad de un hacendado que había fallecido y que sus descendientes habían abandonado tras emigrar a España.
Estas familias cortaron el alambrado y dividieron con hilo parcelas de 12 por 30 metros para cada una. Lograron organizarse, y poco a poco comenzaron a llegar más personas desalojadas y desempleadas de Montevideo, así como trabajadores del campo buscando suerte en la ciudad.
Así el lugar fue tomando forma. Crearon una comisión, redactaron una lista de vecinos, comenzaron a cobrar una cuota social por familia y colocaron banderas rojas en las parcelas aún no ocupadas, para evitar que alguien se quedara con más de una.
Se calcula que hoy viven unas 350 familias allí. El terreno fue a remate judicial, y los vecinos lograron recolectar 35.000 dólares, pero el Ministerio de vivienda hizo una oferta mayor. Ahora está en marcha el proceso de cesión a sus ocupantes.
«Nos propusimos no dar el brazo a torcer, vencer la lógica», cuando todo se presentaba adverso, subrayó «El Bocha» Suárez.
Con aportes individuales de mano de obra, materiales y capacidad se fue construyendo un barrio. Comenzaron a desaparecer las chapas y las maderas, y empezaron a emerger las casas dignas, así como las primeras calles y un salón comunal.
Mediante una fuerte presión, campañas ante la prensa e intensas gestiones, obtuvieron del gobierno agua potable, electricidad, líneas de teléfono, y el municipio envió a recolectar la basura. Los vecinos se movilizaron también para construir una policlínica.
Los principales desafíos de El Monarca ahora son instalar saneamiento (las casas tienen «pozos negros»), un sistema de desagüe paras las lluvias, mejorar la iluminación vial y la construcción de un espacio deportivo y recreativo en la plaza principal.
«Las ganas, el amor y el sacrificio ayudaron a construir El Monarca, pero sobre todo la perseverancia», afirmó Suárez cuando explicó el éxito de este sueño.
La construcción solidaria
Un Techo para mi País es una de las organizaciones no gubernamentales que se ocupa de mejorar las condiciones de vivienda en Uruguay. Se trabaja «en base a un modelo de intervención en tres etapas, orientado a enfrentar la exclusión de las clases más marginadas de nuestra sociedad», indicó Cynthia Pérez, su directora social en este país.
Lo primero es la construcción de viviendas de emergencia para las familias más vulnerables, que les permitan proyectarse hacia la comunidad. Luego se inicia la etapa de habilitación social, «con el fin de promover el desarrollo, organización y fortalecimiento de las comunidades a través de la capacitación en oficios, microcréditos, educación, salud, jurídica y agricultura urbana», indicó.
El paso final es lograr que el propio asentamiento sea capaz de llegar a una solución definitiva de su problema habitacional, construyendo casas duraderas en barrios integrados y ejercer de forma efectiva su ciudadanía.
«Actualmente llevamos 1.227 viviendas de emergencia construidas en 43 asentamientos. La etapa de habilitación social se desarrolla en ocho de éstos», detalló Pérez.
El mayor desafío de Un Techo para mi País en Uruguay, que cuenta con 8.000 voluntarios, «es lograr la consolidación de un proyecto piloto de vivienda definitiva, construir 1.200 más entre 2009 y 2010, y llegar a 20 asentamientos más con la etapa de habilitación social».
Fuente: Agencia IPS. http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=92221