«No se considera un gasto sino una inversión», aseguró María Elena Martínez, directora de DDHH del MEC, al divulgar un informe específico sobre el tema. El mismo acompañará el Informe Nacional que se presentará en mayo, ante el Examen Periódico Universal del Consejo de DDHH de Naciones Unidas en Ginebra. La lucha por la igualdad tuvo una dedicación especial, teniendo en cuenta que es una de las prioridades de este Gobierno.

Se difundieron los  datos del «Informe sobre el Gasto Público en Derechos Humanos» correspondiente al período 2004-2007 (inclusive),  que será sometido a la discusión de los países representados en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en Ginebra, el próximo 11 de mayo de 2009.

En el acto de presentación  participaron: la directora de DDHH, María Elena Martínez; Nora Beretta, integrante de CINVE (Centro de Investigaciones Económicas), quien elaboró el documento; Andrés Scagliola, integrante de la Dirección de DDHH del MEC, quien unificó los datos; Laura Dupuy, directora de Derechos Humanos y Derecho Humanitario del MRREE, y Carlos Grau, director de CINVE.

Se trata del primer informe que presenta Uruguay ante el Examen Periódico Universal, mecanismo de revisión de la situación de los DDHH por países, del recientemente creado Consejo de DDHH, caracterizado por los principios de universalidad de derechos e igualdad entre países.

El Informe sobre el Gasto Público en DDHH se estructura en torno a tres grupos de derechos humanos fundamentales: derechos civiles y políticos (lucha por una mayor calidad democrática); derechos sociales, económicos y culturales, y de las mujeres (lucha por la igualdad) y los derechos de los colectivos en situación de vulnerabilidad.

De esta información se deduce que se registró un aumento importante del gasto público en DDHH en este período de gobierno. El gasto en derechos civiles y políticos creció un 31%; en derechos económicos, sociales y culturales un 48%, y en derechos de colectivos en situación de vulnerabilidad un 92%.

En total, el gasto público en políticas públicas directamente vinculadas al conjunto de los derechos humanos creció un 60% de 2004 a 2007.

Martínez explicó que el informe escrito ya se envió hace varios meses a las Naciones Unidas, pero el 11 de mayo lo defenderán en forma verbal, y el 13 del mismo mes les realizan las observaciones y recomendaciones.

Se trata de un estudio muy primario, no se ha hecho muchas veces, e inclusive dijo desconocer que en otras partes del mundo exista uno que abarque todos los derechos humanos. Por ejemplo, en materia de derecho político, incluye los gastos en elecciones, que en este período abarca la nacional y la departamental. Se incluyen también los trabajos de desenterramiento de restos o levantamiento de tierra en cuarteles. También, en materia de derechos sociales, educación y vivienda. Además se incluyen los derechos a la tercera generación, como son los derechos al medio ambiente (incluyendo los inconvenientes entre Uruguay y Argentina por los reclamos de contaminación del Río Uruguay), y los derechos de cooperación, entre otros.

Si se analiza lo que se gastaba en 2004 y antes, y se lo compara con la actualidad, el incremento es muy notorio.

Continuando con el desglose citado anteriormente, Martínez se refirió a los derechos de la libertad, de la igualdad y los colectivos discriminados. La directora informó que donde se registró un aumento  fue en el derecho a la igualdad, que es donde este Gobierno puso prioridad, para que los más desposeídos tuvieran una mejora en su calidad de vida. El aumento se explica en la creación del  Ministerio de Desarrollo Social. También,  hubo aumentos en los colectivos más vulnerables,  porque se registraron modificaciones en Inmujer, que tiene una situación más autónoma, pese a que no gasta demasiado. También,  se invirtió en niños y discapacitados.

Asimismo, aclaró que no ven el tema como un «gasto», sino como una inversión,  puesto que está destinando a los DDHH de las personas.  

Total del Gasto Público en DDHH

Del Informe,  se desglosa que si se suman todas las áreas, el gasto público en DDHH promedio por año, alcanzó prácticamente los 215 mil millones de pesos (en valores constantes de 2003), lo que equivale a 9.3 mil millones de dólares como promedio anual. Esto representa el 58.2% del gasto público en el período.

El mayor aumento en esa participación se produjo en 2007,  cuando pasó de 58.4 a 62.6%. Esto revela que prácticamente 2/3 del gasto público de origen presupuestal está siendo dedicado a financiar servicios y actividades vinculadas a la protección y promoción de los derechos humanos. 

Lucha por una mayor calidad democrática

Los indicadores que reflejan la calidad democrática están fundamentalmente vinculados al funcionamiento de las instituciones que garantizan los derechos políticos de las personas y el acceso a la justicia.

En Uruguay, el gasto promedio anual ha sido de 7.365 millones de pesos, en valores constantes (casi 318 millones de dólares por año) lo que representa en promedio 8% del gasto público para todo el período.

El gasto asignado a la lucha por mayor calidad democrática creció en forma sistemática acumulando casi 31% de aumento en valores reales.

El mayor crecimiento se observa en 2005 (dado el mayor gasto dedicado a libertades de expresión, acceso a la justicia y derecho a la seguridad).  

Lucha por la igualdad

El gasto en la lucha por la igualdad refleja el dinero utilizado por los organismos que brindan los servicios sociales más tradicionales y de mayor relevancia en cuanto a su magnitud (educación, salud y vivienda). Representa en promedio casi el 30% del gasto público total y aumentó en forma sistemática en todo el período analizado.

Constituía casi la mitad del gasto en DDHH en 2004 y 2005 pero bajó su participación en 2006 y aumentó en 2007, llegando a un 60%.

El gasto anual promedio de esta categoría es de 1080 millones de dólares. Medido en valores constantes este gasto aumentó 48% entre 2004 y 2007.

Los mayores aumentos fueron en educación y salud. También crecieron los gastos en vivienda y medio ambiente. 

Lucha por derechos de los colectivos en situación de vulnerabilidad

Los colectivos en situación de vulnerabilidad comprenden básicamente el gasto público social en infancia y en adultos mayores.

Las características demográficas del Uruguay con alta esperanza de vida al nacer y escaso crecimiento demográfico, sumado a la emigración de los jóvenes, la convierten en una sociedad con muchos adultos mayores y pocos niños, además la mitad de ellos viven en hogares con menores ingresos. El desarrollo de políticas generosas con la seguridad social en el pasado, determinaron una carga fiscal en pasividades sumamente pesada, con una relación activo-pasivo que genera mucha presión sobre el aporte de los primeros.

El MIDES procuró focalizar políticas sociales en jóvenes y niños. Sin embargo, en 2007 el gasto que el Presupuesto Nacional destina a cubrir situaciones de vejez era de 30.520 millones de pesos; mientras que el destinado a cubrir situaciones de vulnerabilidad en niños era de 2.550 millones de pesos. No son datos específicos porque se considera solo el gasto de INAU y programas específicos, y debe sumarse el gasto de ANEP que fue de 11.255 millones de pesos, lo que hace un total de 13.805 millones de pesos. De todas formas, no representa ni la mitad de la destinada a los adultos mayores.

Mientras que la variación real del gasto en infancia en el período (sin ANEP) aumentó 38,2%, el gasto en la atención de adultos mayores creció 104.9%. En tanto, el gasto en las personas privadas de libertad creció en forma muy moderada. 

Conclusiones

El gasto público social ha sido tradicionalmente alto en Uruguay, en particular el vinculado a los servicios sociales tradicionales (educación, salud y seguridad social). Pese a ello, desde hace algunas décadas se produjo un proceso de empobrecimiento y marginación de un sector amplio, lo que se vio agudizado por la crisis de 2002-2003. Cuando este Gobierno asume en 2005, implementa políticas sociales focalizadas en atender la situación de los sectores más empobrecidos y los grupos etarios más vulnerables.

Los aumentos del gasto registrados y antes mencionados, permiten afirmar que se cumplió con el objetivo del Gobierno en el sentido de fortalecer las políticas sociales y focalizarlas hacia los sectores más vulnerables.

Aún resta revertir el hecho que el gasto público social sigue siendo asignado en mayor medida a los sectores de adultos mayores,  por sobre los de niños y adolescentes. La estructura demográfica del país explica en gran parte estos datos. Esto podría modificarse, si se procuran más oportunidades para los jóvenes en el mercado laboral y se evita la emigración.

El informe aclara que algunos derechos humanos no alcanzan aún una asignación relevante de gasto público, tal es el caso del medio ambiente, la condición de las mujeres o el derecho a la información. En otros casos no se logra identificar gastos dirigidos a mejorar las condiciones de vida de los descendientes de indígenas o de africanos, ni tendiente a la libre orientación sexual e identidad de género.   

Temas en el debe

En otro orden, María Elena Martínez informó que su Dirección está elaborando un informe sobre los temas que quedan pendientes, con el objetivo de entregárselo a los «presidenciables».

«Aún quedan cosas por hacer», dijo; lo  más próximo a concretarse es la Ley de Reparación para los ex «represaliados», no solo presos sino también exiliados y familiares, que se encuentra a un paso de ser presentada en el Parlamento. Se aguarda que la semana próxima se entregue.

La Jerarca aclaró que quedan temas por cerrar en este período, pero que no se terminan, porque se debe trabajar muchísimo más, teniendo en cuenta que su Dirección se creó apenas el 2 de marzo de 2005. «Se hicieron las cosas más grandes, pero ahora es necesario bajar a punto», añadió.

Consultada por los temas que quedan en el debe, Martínez dijo que donde más se debe trabajar es con los discapacitados y la educación a estas personas.

Su administración avanzó en el tema pero en forma incipiente; se debe continuar y progresar mucho más, manifestó convencida.

«La discriminación es el derecho a atacar en el siglo XXI», y hay mucha discriminación en este país, aseguró Martínez.