Comedor comunitario del albergue de la Paz, situado en la avenida del Puerto de Valencia, a la hora de la comida el pasado viernes 27 de febrero, según consigna Beatriz Lledó desde Alicante para www.lasprovincias.es

Una única palabra que esconde muchas historias diferentes. La crisis castiga a los valencianos pero también se ceba con los inmigrantes que residen en la Comunitat. Los centros de acogida están al completo, proliferan los pisos patera y la lista de parados extranjeros se amplía día a día. Es la radiografía de los inmigrantes afectados por la situación económica.

La realidad llega a ser tan dura que cada vez son más los que anhelan regresar a su país. El sueño de una vida mejor se desvanece con la crisis. Ahora tienen que desandar el camino que recorrieron en busca de un futuro mejor. Las solicitudes de retorno en lo que va de año ya han cuadruplicado todas las registradas a lo largo de 2008. «El año pasado hubo un total de 64 peticiones. En lo que llevamos de 2009 ya hemos contabilizado 241», apuntaron desde la Conselleria de Inmigración.

La mayor parte de los inmigrantes que se acogen al programa de retorno voluntario de la Generalitat y Cruz Roja proceden de Sudamérica. Bolivianos, brasileños, uruguayos, ecuatorianos y argentinos son los que más desean volver a su país de origen.

Por provincias, Valencia encabeza las solicitudes con 193 (frente a las 20 registradas el año pasado), seguida de Alicante, con 93 y Castellón, donde ha habido nueve peticiones de repatriación.

«En verano comenzaron a llamar personas que querían regresar a su país porque no podían hacer frente a la crisis. Desde entonces, cada vez hay más peticiones», apuntaron fuentes del consulado de Uruguay en Valencia.

El viaje puede costar entre 700 y 1.000 euros por lo que no todos se pueden ir por sus propios medios. En estos casos se subvenciona todo el traslado.

«Ya se han hecho decenas de repatriaciones gracias a las comunidades autónomas, el Gobierno de España y el de Uruguay. Y ahora mismo tenemos en espera en el consulado a otras 11 personas», explicaron las mismas fuentes.

Un dato relevante es que cada día acude al menos una persona a la delegación para pedir su repatriación.

Ayuda entre ecuatorianos

La situación también es complicada para los ecuatorianos. «Hay decenas de familias que ya se han vuelto a sus casas y casi medio centenar más quiere volver cuanto antes. Se han quedado sin trabajo por la crisis y ahora no pueden pagar ni su casa. Los compatriotas hacemos todo lo posible para que tengan un techo donde quedarse», afirmó Enrique, un ecuatoriano residente en Valencia.

El cónsul de Chile, Leopoldo López, también advirtió del aumento de peticiones de vuelta. «Aunque en menor medida que otras nacionalidades sudamericanas, es cierto que hay peticiones. Desde el año pasado hemos trasladado a seis chilenos que estaban realmente en una situación muy desfavorecida», explicó.

Mientras tanto, la crisis ya ha hecho que más de 34.000 personas procedentes de países extracomunitarios estén sin trabajo en la Comunitat. La mayoría se dedicaban a la hostelería y la construcción. «He trabajado mucho tiempo como soldador pero llevo varios meses en los que nadie me contrata», asegura Hasan, un marroquí que vive en Valencia desde hace cuatro años.

Hacinados

Sin dinero, ni él ni nadie puede hacer frente a los gastos diarios. Ni a las hipotecas. Ni tan siquiera a los alquileres. Por eso son muchos los que se ven abocados a compartir piso con varias familias. Esta misma semana Cáritas de Valencia denunciaba el hacinamiento en pisos de 90 metros cuadrados en los que viven hasta 20 inmigrantes. En algunos casos, pagan 150 euros al mes por dormir por turnos en una cama.

La crisis también ha desembocado en que los centros de acogida estén prácticamente completos. La mayoría de las 562 plazas de acogida existentes en la Comunitat Valenciana están ocupadas por extranjeros sin recursos.

La Conselleria de Inmigración ha detectado que, desde el pasado mes de noviembre, quienes necesitan estas plazas no son temporeros ni personas de paso, sino que es gente que, afectada por la crisis, no tiene más remedio que acudir a un albergue.

«Sin estos centros de acogida se corre el riesgo de que el hacinamiento en las viviendas vaya a más. Por ello, es vital que el Gobierno de España ponga el dinero para evitar la saturación en las plazas de estos centros», apuntó el conseller de Inmigración, Rafael Blasco.

Fuente: http://www.lasprovincias.es