El Partido Socialista a través de los denominados «Cuadernos Socialistas» difunde el fundamento del diputado Roque Arregui en la Cámara de Representantes en la aprobación de la Ley General de Educación.
Palabras del Diputado Roque Arregui, miembro informante de la mayoría. Cámara de Representantes – 1 de diciembre de 2008.
La Cámara de Diputados se apresta a votar la nueva Ley General de Educación que va a tener nuestro país. Cuando un Parlamento se apresta a votar una normativa del área que corresponda, esta no está aislada sino que forma parte de un conjunto de acciones y del quehacer nacional. Es por eso que nosotros enmarcamos esta nueva Ley General de Educación en el concepto de que la educación tiene un significativo papel en la formación del ser humano y en la construcción social; asimismo, tiene su ligazón con un proyecto de país apegado a valores de democracia, de justicia, de solidaridad, de promoción de los derechos humanos y de progreso.
Por tal motivo, la actual Administración está encarando una integralidad de acciones para que la educación cumpla con el rol que mencionábamos.
Más recursos para la enseñanza pública
El crecimiento permanente y significativo de los recursos económicos hasta llegar a la meta planteada del 4,5% del Producto Bruto Interno para la enseñanza pública -que para el próximo año va a representar US$ 1.500:000.000 invertidos-está permitiendo una cantidad de mejoras en distintas áreas de la educación; por ejemplo, nos viene posibilitando aumentar el poder adquisitivo de los trabajadores de la enseñanza -que se encontraban a niveles bastante depreciados-de manera gradual y sostenida. Así se está realizando; era un compromiso de nuestro Gobierno.
Esto ha permitido crear cargos que se hacían imprescindibles para cumplir funciones docentes en distintas áreas y para reducir la cantidad de alumnos por grupo. Se trata de cargos de maestros comunitarios, de profesores y de trabajadores de la enseñanza en tareas de apoyo, como, por ejemplo, adscriptos y auxiliares de servicio, personal que es fundamental.
En tal sentido quiero señalar lo siguiente, señor Presidente: si hay algo básico en el proceso educativo es el recurso humano, que es el que está en contacto con el educando, con el niño, con el joven y con el adulto que participa de la educación. Por eso, es fundamental priorizar y prestigiar la función del docente y la de los otros trabajadores de la enseñanza que colaboran en su apoyo.
Este crecimiento de los recursos permite realizar importantes inversiones en materia de infraestructura edilicia, en un sistema educativo que cuenta con cerca de tres mil centros que tenían déficit crónicos, carencias de mantenimiento, necesidades de refacción. También se necesita construir más cantidad de centros educativos.
Dicho crecimiento también ha permitido invertir en planes, en programas, en equipamientos y en materiales didácticos fundamentales para lograr mejores resultados educativos.
Plan Ceibal
Entre la integralidad de acciones debemos mencionar, asimismo, el Plan Ceibal y su instrumentación, que tiene profundas características integradoras y coloca a todos los niños y a las niñas de este país en pie de igualdad en cuanto al acceso a la tecnología de la información y la comunicación. Ha representado una acción realmente revolucionaria, que ha pasado a ser ejemplo a nivel internacional.
Es importante señalar que, luego de la reforma vareliana, que tanto representó en cuanto a la democratización de la educación y del conocimiento y a la socialización, el Plan Ceibal ha sido el paso
posterior de mayor trascendencia en la materia, que permite cerrar la brecha digital.
¿Cómo no vamos a mencionar entre esta integralidad de
acciones la obligatoriedad de la educación inicial en el nivel de cuatro años a partir de 2009, que fue votada por unanimidad en
este Parlamento, porque se ha entendido la importancia que tiene
la educación a nivel temprano?
Integralidad de acciones
Por otra parte, quiero señalar la importancia de otra ley que
hemos votado en este Parlamento, que establece la obligatoriedad
de la educación física en la totalidad de las escuelas públicas
urbanas y rurales y en todas las clases, porque partimos del
concepto de que hay que formar al ser humano de manera integral
y la educación física forma parte de ello.
La elaboración de nuevos planes y programas a nivel de la
educación primaria, media y de formación docente es parte de esa
integralidad de acciones. Además, la incorporación de la historia
reciente es fundamental para cubrir ese tremendo bache que
teníamos, que hacía que los educandos no estuvieran en contacto
con algo que es fundamental; así, de alguna forma, por omisión
aunque no por acción, se estaba violando la laicidad, porque en la
medida en que existe ignorancia, hay violación de la laicidad.
Asimismo, hay una clara orientación y una acción efectiva en
marcha para no retrasar más la educación sexual, que es fundamental
y que de alguna forma estaba detenida; realmente, no
estaba a la altura que correspondía.
En todo esto y mucho más es en lo que se ha venido trabajando y
avanzando en materia educativa.
Ahora bien; todo ello debe complementarse con la aprobación
de una nueva normativa legal, que es un debe que se arrastra
desde 1985, cuando en un período muy especial de la vida
democrática de nuestro país, cuando se salía de la dictadura y se
procedía a la reinstitucionalización democrática, se aprobó la Ley
N° 15.739, denominada Ley de Emergencia. Fue una ley de
emergencia que aún hoy está vigente para el sistema educativo; en
su título se estableció que era una ley de emergencia, lo cual
implica que la totalidad del espectro político de este país que en
aquel tiempo se expidió, entendió que había que hacer modificaciones
de fondo, profundas, para poner la educación a la altura de
lo que necesita nuestra gente y nuestro país.
Veintitrés años han pasado desde entonces, señor Presidente, y
el actual Gobierno asume la responsabilidad de poner manos a la
obra e inicia el proceso para aprobar una nueva ley de educación.
Queremos hacer una pequeña acotación antes de proseguir con
esta exposición. Se nos ha dicho que ha habido incapacidad de
parte del actual Gobierno y de la Administración para fomentar un
diálogo y para poder avanzar en la materia. Yo digo que lo que ha
habido en este país en los veinte años posteriores al 1° de marzo
de 1985 fue incapacidad propositiva de parte de quienes tenían las
mayorías parlamentarias para cambiar la actual normativa legal.
Ha faltado capacidad propositiva, aun en este período de
Gobierno, como para que desde otros ámbitos muy legítimos, con
visiones distintas o coincidentes, se propusieran nuevos contenidos
para modificar la ley de emergencia. Esto es lo que ha habido
en cuanto a incapacidad, señor Presidente.
Para aprobar una nueva ley general de educación, la actual
Administración entendió que era fundamental dar participación a
todos los que tuviesen la posibilidad de efectuar aportes en esta
materia, pero también, en una integralidad de acciones, de hacer
propuestas educativas de todo tipo. Y es así que se convocó a un
debate educativo, que se realizó a lo largo y ancho de este país, en
asambleas de base territorial en ciudades, en pueblos, en barrios.
Esto dio lugar a un Congreso Nacional, en el que se realizaron
valiosos, muy importantes y plurales aportes. Eso habla de la
característica de nuestra sociedad democrática y de la diversidad
de opiniones, que en algunos casos eran coincidentes y, en otros,
contradictorias, pero fundamentales para que el legislador, en el
rol que le concede la ciudadanía de ser su representante, tomase
precisamente esos aportes.
Cuando se elaboró el proyecto de ley que hoy está a consideración,
los aportes de las asambleas de base, del Congreso Nacional,
fueron insumos privilegiados para la definición de sus contenidos.
También se tomaron otros insumos procedentes de la sociedad
civil, de las distintas orientaciones, porque es obligación del
legislador y de la Administración oír todas las voces, todas las
opiniones y, posteriormente, definir.
La Ley General de Educación
La que se está proponiendo, señor Presidente, es una ley
general de educación. Una ley general de educación significa que
contempla la educación en los distintos estadios, desde la primera
infancia hasta el final, en el sistema formal, en lo que hoy es la
ANEP y en lo que serán el Instituto Universitario de Educación y el
Instituto Técnico Superior. Además, una ley general de educación
debe contemplar el ámbito de la educación no formal, es decir, esa
educación que se da en el seno de la sociedad civil a través de
distintas instituciones sociales, deportivas, culturales, a través de
distintas organizaciones, cuyas energías liberadas para contribuir
a la formación del ser humano en las distintas áreas son fundamentales.
El Título I del proyecto de ley, que trata sobre las «Definiciones,
fines y orientaciones generales de la educación» y el Capítulo VII
del Título II, referente a las «Líneas transversales», le ponen un
norte y una orientación al sistema educativo. La educación no es
neutra ni aséptica; implica compromiso con valores y principios
comunes de la sociedad y, por lo tanto, compromete a todos los
actores vinculados a ella: alumnos, docentes, autoridades,
etcétera.
Se ha dicho que la primer parte de este proyecto de ley es
meramente declarativa porque habla de fines, de principios, de
políticas educativas, de orientaciones generales. Como decía
antes, esta ley de educación no puede ser neutral ante los valores
de la sociedad; tiene que tomar partido. Ante la solidaridad y el
individualismo no puede ser neutral; toma partido por la solidaridad.
Ante la justicia y la injusticia no puede ser neutral; toma
partido por la justicia. Ante los derechos humanos y la violación de
ellos, toma partido, genera un compromiso. Y de eso se trata: de
que las autoridades de la enseñanza, de que las autoridades
nacionales, de que los docentes, los padres, los alumnos y la
sociedad en general estén mandatados por una norma al servicio
de los valores comunes de toda la sociedad. Por eso es importante
dejar consignado en la primer parte del proyecto lo que estaba
mencionando.
En el artículo 1º de este proyecto de ley -y no es casual que sea
en su primer artículo-se define la educación como un derecho
humano fundamental. Se establece que la educación es un bien
público, o sea, un bien de la sociedad en su conjunto, de todos sin
excepción. Asimismo, se establece una orientación: la de que en el
ámbito educativo van a estar plenamente vigentes los derechos
humanos, que el sujeto de la educación, la prioridad de todo el
accionar, el centro, es el educando y que todos los demás tenemos
que contemplar esa situación.
El Capítulo II del Título I está referido a los principios de la
educación. En él estamos tomando y reafirmando los principios
varelianos, que son fundamentales y característicos de la sociedad
uruguaya y de la educación pública. En cuanto a que exista
universalidad, se reafirma el principio de la gratuidad de la
enseñanza, para que todos tengan acceso a ella. Los otros
principios son la obligatoriedad y la laicidad. En este último quiero
detenerme unos instantes. La laicidad es un principio fundamental,
no solamente para esta fuerza política, sino para la totalidad de
las fuerzas políticas democráticas de este país y para la totalidad
de la sociedad uruguaya. Eso significa -está establecido en el
proyecto-que los educandos, los alumnos, van a estar en contacto
con todas las interpretaciones de la realidad. Se les debe proporcionar
una visión integral que les permita, en la libertad de
conciencia posterior y en su autonomía, tomar sus propias
definiciones en un ámbito de libertad plena. No existe laicidad sin
libertad de cátedra, porque el docente, como profesional de la
enseñanza, formado como corresponde y cumpliendo con los
planes, con los programas, con los fines, las orientaciones y los
principios que este proyecto de ley claramente establece, lo que
debe hacer, con libertad y respetando lo que decíamos, es una
exposición integral de todas las posturas ante aquellos temas que
se requieran.
En el Capítulo II, «De los principios de la educación», que no
figuraban en la ley, se contemplan los temas de la diversidad y de la
inclusión para quienes tienen capacidades diferentes, para que los
colectivos minoritarios que se encuentran en situación de
vulnerabilidad, para que a aquellos sectores que social, cultural o
geográficamente de alguna manera están en inferioridad de
condiciones en el ámbito de la educación, efectivamente se los
incluya, se les respete la libertad y se adopten las medidas
correspondientes.
Entre los fines de la política educativa -y esto será mandato por
ley-se establece promover la justicia, la solidaridad, la libertad, la
democracia, la inclusión social, la integración regional e internacional
y la convivencia pacífica.
El tema de la igualdad de oportunidades o de la equidad pasa a
ser fundamental para incluir a todas las personas y poder lograr
situaciones de igualdad, independientemente de la edad, del
género, de la raza, de la etnia y de la orientación sexual.
Cuando llegue el momento de concretar esos fines, esos
principios y la orientación de la política educativa de este proyecto
de ley de educación, habrá dos ámbitos en los cuales deberá
plasmarse y concretarse: el de la educación formal y el de la
educación no formal.
En el ámbito de la educación formal se estructura y se recoge
buena parte de lo que ya existe en los distintos niveles. Estamos
hablando de la educación inicial -que a los efectos legales se
establece entre los tres y cinco años de edad-, de la educación
primaria, de la educación media básica, de la educación media
superior, de la educación terciaria, de la formación en la educación
con carácter universitario, de la educación terciaria universitaria y
de la educación de posgrado.
Movilidad de los estudiantes
Hay algo que nosotros entendemos importante que se haya
plasmado en este proyecto de ley general de educación. Me
refiero a la movilidad de los estudiantes, a permitir que a aquel
alumno que ha realizado un curso en determinada orientación y
decide cambiarla -ya sea por distintas situaciones en su vida,
porque cree que otra orientación es la mejor o por motivos
laborales-, se le acrediten las materias que sirven para la otra
orientación, es decir, le sirva lo cursado, aprendido e integrado, de
modo que todo ello no sea en vano y tenga que empezar desde el
principio. Nos parece que ello es fundamental.
Educación a distancia y semipresencial
También incorporamos normas relativas a la educación a
distancia y semipresencial como modalidades que aportan a la
enseñanza. Antes de Internet, la educación a distancia y semipresencial
se usaba a través de distintos mecanismos, pero con la
tecnología de la información y de la comunicación, con la democratización
de ese acceso, debemos tomar en cuenta la educación
a distancia y semipresencial como un instrumento más, aunque no
como un instrumento sustitutivo de la presencia, porque nos
queda absolutamente claro -como docentes que somos- que el
relacionamiento directo del docente con el educando es fundamental
para lograr resultados educativos. Pero debemos admitir
que estas tecnologías pasan a ser un aporte fundamental y
contribuyen sobre todo con aquellos que están más alejados
geográficamente de un centro educativo y con aquellos que por
motivos laborales no pueden asistir a la totalidad de los cursos. De
esa manera tienen la posibilidad de acceder a conocimientos y
hasta de hacer intercambios de información directamente con los
docentes. Por eso consideramos que es necesario modernizar y
poner a tono la actual Ley de Educación, que hoy no contempla
estos aspectos.
Educación no formal
Hay otro ámbito que nos parece insustituible, que es la educación
no formal. Me refiero a las instituciones de la sociedad civil, a
las que se les reconoce -como veremos más adelante-su importancia,
y se analiza si aportan, para ver qué puede hacer el Estado en
esa materia, sin sustituirla.
La educación en la primera infancia es considerada fundamental,
tomada desde el punto de vista legal desde el nacimiento hasta
los tres años de edad, con la importancia y la conciencia que tiene
para esa etapa la estimulación temprana, la integralidad de
acciones entre lo educativo, la salud y lo social.
Reinserción y continuidad educativa
Hay un Capítulo que no podemos mencionar en forma muy
sintética. Me refiero a la reinserción y a la continuidad educativa.
En este punto es fundamental lograr el abatimiento de la deserción;
encontrar mecanismos para que quienes han abandonado el
sistema formal se reinserten. Ello nos parece muy importante.
Para reinsertar en el sistema de educación formal a dichas
personas -niños, jóvenes o adultos- es necesario tomar en cuenta
los conocimientos que la propia vida les ha dado, porque quizás se
aprende más en la sociedad y en la vida que en un centro educativo.
Esto no es nuevo, señor Presidente. En la educación primaria
hay un instrumento de validación de conocimientos por el sistema
de acreditación por aprendizaje, con lo cual se realizan evaluaciones
y se ve si esos conocimientos son los adecuados para poder
reinsertarse. Lo que hacemos ahora -damos un paso más-es
encarar esto hacia los niveles superiores, hacia la educación media
y la educación superior.
Rol de los Centros Educativos
Ahora quiero referirme -porque tenemos que medir los tiempos
para poder desarrollar nuestra exposición- al rol que le asignamos
a los centros educativos. Estos son clave; son la esencia misma
donde se desarrolla el fenómeno educativo. Es el núcleo base, es la
célula fundamental, allí donde está el alumno y el docente; todo lo
demás debe estar al servicio del centro educativo como institución.
Por eso, al centro educativo le asignamos una importancia
fundamental, porque es el lugar del proceso de la enseñanzaaprendizaje,
de la socialización, de la construcción colectiva del
conocimiento, de la integración, de la convivencia social y cívica,
del respeto, de la promoción de los derechos humanos. Es por eso
que el proyecto de ley establece que el Estado fortalecerá la
gestión de los centros educativos en los aspectos económicos y
financieros, en lo que tiene que ver con el equipamiento pedagógico
y la parte edilicia. Asimismo, fortalecerá lo relativo al personal
docente, no docente, administrativo y en todo aquello que
requiera para su funcionamiento.
Consejos de Participación
No puedo pasar por alto -aunque esto está en otra parte del
proyecto de ley general de educación-la creación de algo que va a
ser fundamental para el sentido de pertenencia; me refiero a los
Consejos de Participación. Creemos que todos aquellos que, de
una u otra forma, están ligados al centro educativo, tienen que
participar de él, planteando iniciativas, generando asesoramiento,
comprometiéndose y colaborando. Para eso estamos dando
forma institucional a este principio, creando Consejos de
Participación en cada una de las escuelas, en cada liceo y en cada
centro de la UTU. Esos Consejos de Participación estarán integrados
por representantes de los docentes, de los estudiantes en el
caso de la educación media, de los padres, de las madres o de los
referentes familiares o de la comunidad. Esa participación va a
generar más eficiencia en el centro educativo y, además, algo que
es muy importante: compromiso.
Quiero señalar un aspecto de uno de los sectores que es
fundamental para los Consejos de Participación: los estudiantes.
Actualmente, como vemos que el sistema normativo legal no
permite la vida institucional de los estudiantes, legislamos para
que en los Consejos de Participación de las escuelas, los liceos y las
escuelas de la UTU por lo menos un tercio de los miembros sea
estudiante, de manera que no quede supeditado al azar o a la
voluntad, estableciendo un mínimo de sesiones de los Consejos de
Participación para que funcionen efectivamente. Esto es fundamental,
porque que un estudiante pueda llevar al Consejo de
Participación sus inquietudes, sus sensibilidades, sus necesidades,
sus pedidos, sus críticas, sus discrepancias con el funcionamiento
del centro educativo, genera mejores lineamientos en ese centro y
compromiso de parte de ellos. Se termina con ese sentimiento de
ajenidad que muchas veces existe, por el cual el educando está
esperando que suene la campanilla o el timbre final para irse
cuanto antes y no volver más. Queremos que el estudiante sienta a
la institución educativa como algo propio y de su vida; pero no lo
puede sentir así mientras no esté participando efectivamente.
Además, estamos creando algo que, por resolución y voluntad
política, se hizo por la vía administrativa: que se institucionalice el
Congreso Nacional de Educación. Así, estamos planteando muy
claramente tres principios básicos para el funcionamiento del
sistema educativo, que se complementan uno con el otro, por lo
que no se pueden tomar en forma aislada pues sería un error. Estos
son: el principio de la autonomía, el principio de la coordinación y
el principio de la participación, participación que elevamos a la
categoría de principio y no como algo meramente declarativo.
La autonomía es fundamental, y así lo entendemos en nuestras
convicciones. Además, hay un mandato expreso de la Constitución
de la República que establece que los servicios docentes del
Estado estarán a cargo de Entes Autónomos. Por tal motivo,
estamos creando dos instituciones fundamentales para la
educación de este país: el Instituto Universitario de Educación,
que formará a los docentes, y el Instituto Terciario Superior, que
formará técnicos calificados para el mundo de la producción y del
trabajo. Reitero que estas instituciones se crean como Entes
Autónomos.
El siguiente principio es el de la coordinación. No nos quedaríamos
contentos si no relacionáramos uno con el otro, porque si
cada Ente Autónomo no coordinase con los otros, en un sistema
nacional de educación pública, tendríamos un sistema de chacras
aisladas, sin comunicaciones, sin continuidad en la política
educativa. Entonces, quienes estarían perdiendo no serían los
distintos sectores de la sociedad ni los diferentes partidos
políticos, sino los estudiantes y la educación. La formación del ser
humano es una sola desde su nacimiento hasta el último día, y las
políticas educativas deben estar coordinadas. De ahí lo fundamental
de la coordinación.
Tan importante es la coordinación que en la Constitución de la
República, además de la autonomía, se prevé que la ley establecerá
la coordinación de las instituciones. El constituyente estableció
con claridad y con inteligencia que la autonomía y la coordinación
son aspectos complementarios y no antagónicos.
El otro principio es el de la participación. Ya nos referimos a este
cuando hablamos de los Consejos de Participación, de la participación
en el centro docente. Veremos después la participación en los
organismos de dirección de la enseñanza.
Organismos de dirección de la enseñanza
Ahora vamos a pasar a los organismos de dirección de la
enseñanza.
Por una parte, tenemos que delimitar claramente y establecer
con precisión cuáles son los roles del Ministerio de Educación y
Cultura en la materia. Por algo se llama Ministerio de Educación.
Pero no puede asumir ninguna competencia relativa a los Entes
Autónomos, como la ANEP y la Universidad de la República, ni a los
otros dos institutos que se crean. Este lineamiento sigue los
cometidos establecidos en la ley.
Ahora, pasamos a lo que es la Administración Nacional de
Educación Pública, ANEP. Hoy, está regida por un Consejo
Directivo Central, que es el titular del Ente Autónomo y que tiene
varios Consejos Desconcentrados: el de Primaria, el de Secundaria
y el de UTU. Entonces, respetando esa estructura general como
Ente Autónomo y con consejos desconcentrados, pero haciendo
variaciones que son muy importantes, estamos proponiendo un
cambio en lo que es la integración de los organismos directivos.
Dicha integración nos parece fundamental para avanzar en el
lineamiento de la participación a la cual hacíamos referencia.
Voy a dar un ejemplo concreto.
En el caso del CODICEN, titular del Ente Autónomo ANEP, hoy
está integrado por cinco miembros, designados en su totalidad
por el Poder Ejecutivo con venia de la Cámara de Senadores.
Nosotros estamos incorporando algo que nos parece un avance
sustantivo: la integración de los docentes en el Consejo Directivo
Central, electos por los propios docentes. Dos representantes de
los docentes, electos por voto secreto y directo, van a formar parte
del CODICEN. Se trata de un avance sustantivo en materia de
participación. Se nos ha criticado diciendo que esto es participacionismo.
Se nos ha dicho que esto es ceder a las corporaciones.
Nosotros decimos que aquí lo que se hace es integrar inteligentemente
la representación de la sociedad uruguaya en un sistema
democrático representativo, con lo que significa la integración de
los directamente involucrados, los docentes, en el fenómeno
educativo. ¡Vaya si habrá experiencias interesantes y positivas en
la vida de nuestro país! Voy a tomar el ejemplo del Banco de
Previsión Social. Allí, los trabajadores eligen a sus representantes,
los jubilados al suyo y los empresarios a otro.
Este CODICEN nuevo, que se va a integrar de una manera
distinta a partir de esta Ley General de Educación, tendrá la virtud
de integrar dos visiones fundamentales: la de aquellos que fueron
designados por el Gobierno electo democráticamente y la de los
propios docentes, que van a llevar sus pensamientos, sus iniciativas,
sus asesoramientos, sus críticas y sus discrepancias a fin de
construir modelos educativos integrados y comprometidos, de
mayor eficiencia, con conocimiento de la realidad. Y, ¿en beneficio
de quién? De quien corresponde: del sujeto y centro de la
educación, el educando; el joven; el estudiante; el niño y el adulto
que concurren al sistema de educación formal.
Luego, en este Ente Autónomo están los Consejos
Desconcentrados. Vamos a seguir teniendo el Consejo de
Educación Primaria, pero le hacemos una corrección en el título.
En realidad, este Consejo hoy cumple también la función de
Consejo de Educación Inicial. Por eso, se cambia la denominación
y pasa a llamarse: Consejo de Educación Inicial y Primaria.
En cuanto al ciclo básico, en la actualidad una parte está a cargo
de la UTU, otra de Secundaria y el siguiente fragmento de
Séptimo, Octavo y Noveno años funciona en las escuelas. Si
creemos que tenemos que dar igualdad de oportunidades a los
estudiantes, más allá de valoraciones y modalidades distintas,
debe haber una propuesta común y unificadora de alta calidad, de
formación integral, en la que se incorpore de forma importante la
tecnología que hoy tiene el ciclo básico de la UTU. Y es importante
rescatar este elemento para todo el ciclo básico. A fin de no tener
fragmentos del ciclo básico en distintos consejos desconcentrados,
estamos creando el Consejo de Educación Media Básica.
Luego, como Consejos Desconcentrados tendremos el Consejo de
Educación Media Superior y el Consejo de Educación Técnico
Profesional, la UTU, de tan importante valor en la vida de nuestro
país y que muchas veces fue dejada como la cenicienta cuando el
rol que ha venido cumpliendo es fundamental para la formación
profesional, tecnológica, y para cuanta cosa sea necesaria para el
futuro.
Hoy, los Consejos Desconcentrados están integrados por tres
miembros. En el proyecto de ley general de educación nosotros
establecemos que los docentes deben participar de forma tal que
uno de los tres miembros de cada Consejo sea electo por los
propios docentes, por voto secreto y directo, en línea con lo que
significan los fundamentos de la participación que antes explicitábamos
para otros aspectos.
Algo que nos quedó en el debe -antes de seguir avanzando en la
consideración del proyecto de ley-es aclarar a partir de cuándo se
instalará el Consejo de Educación Media Básica.
Como esto no puede hacerse de un día para otro, ya que hay que
formular planes y programas que den igualdad de oportunidades,
formación integral y que incorporen lo tecnológico, teniendo en
cuenta la infraestructura edilicia y la necesidad de establecer un
proceso gradual y armónico en materia de docentes y de recursos
humanos, así como otra cantidad de aspectos, lo que aquí se
propone es una transición. Desde ahora hasta el 1º de enero de
2013 va a funcionar una Comisión que trabaje en este tema, en
coordinación con el CODICEN, Secundaria, UTU, y también en
diálogo con los docentes y los distintos actores involucrados.
Otra referencia, a modo de titular, es la creación de comisiones
consultivas en las que participen estudiantes, madres, padres,
otros responsables, trabajadores, empresarios y otros actores de
la vida civil y social.
Creación del Instituto Universitario de Educación y el Instituto
Terciario Superior
Voy a pasar a otro aspecto que nos parece un avance sustancial
para la educación uruguaya: la creación de dos instituciones con
carácter de Ente Autónomo. Me estoy refiriendo al Instituto
Universitario de Educación y al Instituto Terciario Superior. Me
quiero detener en la consideración de sus fines, su funcionamiento,
su estructura y las condiciones políticas para crearlos, porque
son fundamentales. Tanto es así que por lo menos en dos bancadas
de la oposición se ha manifestado, a texto expreso, que se trata
de instituciones necesarias. Entonces, tenemos que buscar la
forma de que estas se instalen. ¿Qué es el Instituto Universitario
de Educación con carácter de Ente Autónomo?
El Instituto Universitario de Educación va a formar a los maestros,
a los profesores, a los maestros técnicos y a los educadores
sociales, que hoy son formados en el INAU. De esa manera, los
docentes egresados de este Instituto tendrán su título de carácter
universitario, reclamo largamente realizado. Además de ser
fundamental para los propios docentes, tener un título universitario
otorga una importancia enorme en la educación, porque si hay
algo clave en esta materia son los docentes; su formación es el
factor neurálgico, porque son ellos, en contacto con el alumno, en
el proceso de socialización, de integración, de enseñanza, de
aprendizaje, quienes ponen el norte a la educación.
Cuando hablamos del carácter universitario no nos referimos a
un mero rótulo sino a un verdadero contenido donde deben estar
permanentemente presentes una formación académica de buen
nivel, la investigación -hoy en día este es un déficit-y la extensión.
También se establece la forma de validar los títulos de maestros
y profesores que no cursaron en este Instituto que ahora se va
crear, y que precisen la validación universitaria.
El Instituto Universitario de Educación es uno de los Entes
Autónomos que estamos proponiendo crear. ¿Cuál es el otro? El
Instituto Terciario Superior, que se encargará de formar técnicos
de alto nivel de calificación para el mundo del trabajo y de la
producción, que son fundamentales. Crear una red de instituciones
terciarias con técnicos de alto nivel es esencial para que los
trabajadores puedan acceder a puestos de trabajo a los que no
llegan porque no existen niveles de calificación.
Hace pocas semanas, o pocos meses, el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social hizo un estudio que demuestra que sobra mano
de obra en puestos no calificados y que están faltando técnicos
calificados, por lo cual algunas industrias del mundo de la producción,
a veces contratan en el exterior, habiendo trabajadores
uruguayos con amplias capacidades como para formarse aquí.
Esto también es fundamental para el mundo de la producción.
Por eso estamos creando este Instituto Terciario Superior que,
como Ente Autónomo, además de la formación académica tendrá
como característica la extensión y la investigación. Y para estos dos
Institutos -Entes Autónomos-, el Universitario y el Terciario
Superior, establecemos una forma de Dirección que realmente
supondrá un carácter universitario, porque van a estar cogobernados
por representantes de los distintos órdenes: docentes,
estudiantes, egresados. En la Dirección también habrá representantes
de ANEP, que tienen mucho para aportar porque es donde
hoy se forman los docentes y técnicos. Habrá representantes de la
Universidad de la República porque su participación es fundamental
en lo que hace a la investigación y al carácter universitario. En el
Instituto Universitario de Educación habrá representantes del
INAU, porque allí se van a estar formando los educadores sociales
que trabajan en su ámbito y que cumplen un rol social importantísimo
en la integración de los niños para lograr una sociedad mucho
más equilibrada.
Decíamos que también nos íbamos a referir a las condiciones
políticas para la creación de estos dos Institutos, Entes
Autónomos. Sabido es por todos los colegas Diputados de este
Cuerpo que para poder crear Entes Autónomos se necesitan dos
tercios de votos, y que esta bancada, a pesar de contar con la
mayoría absoluta, no los tiene. Por lo tanto, para su creación como
Entes Autónomos vamos a necesitar el concurso de fuerzas de la
oposición. Hemos escuchado manifestaciones y leído expresiones
de las fuerzas de la oposición sobre la importancia que podían
tener estos Institutos. Cada uno asume libremente la posibilidad
de optar; cada uno de nosotros, con el voto afirmativo o negativo,
asumimos nuestras responsabilidades, que después son puestas a
consideración de la ciudadanía, que es la que juzga nuestras
acciones como sus representantes.
Quisiéramos contar con su voto, quisiéramos que estos
Institutos hoy quedasen integrados como Entes Autónomos.
Respetamos profundamente las decisiones que se adopten, pero
no podemos quedarnos en la sociedad en que vivimos sin hacer
absolutamente nada, sabiendo qué es lo que precisa la educación.
Si bien no tenemos las mayorías necesarias y somos profundamente
respetuosos de la Constitución de la República cuando
establece las mayorías requeridas para aprobar algunas leyes,
estamos buscando formas de avanzar en estos dos Institutos en
caso de que no se alcancen los dos tercios de votos.
En ese sentido, estamos comenzando dos líneas de acción. Una
de esas líneas es la creación de estos dos Institutos, en forma
transitoria, dentro de la ANEP, que ya es un Ente Autónomo. La
otra línea sería insistir en que estos dos Institutos se creen con
carácter de Ente Autónomo, para lo cual se estaría encomendando
a organismos como la Universidad de la República y la ANEP la
elaboración -además del paquete de planes, programas, estructuras
de funcionamiento, patrimonio y recursos humanos que
precisan estos dos Institutos-de una normativa legal, que el Poder
Ejecutivo deberá enviar al Parlamento para que, si en el futuro las
condiciones políticas varían por cualquier circunstancia, la
sociedad uruguaya pueda contar con estos dos Institutos con
carácter de Entes Autónomos.
Educación en la primera infancia
Como veo que estoy llegando al final del tiempo reglamentario,
voy a hablar de la educación en la primera infancia. Acá nos
referimos a instituciones con responsabilidad estatal en la
materia; estamos legislando y reafirmando los conceptos.
A efectos legales, como primera infancia se define al tramo
comprendido entre el nacimiento y los tres años de edad. Hay tres
instituciones estatales: el Instituto del Niño y Adolescente del
Uruguay, la Administración Nacional de Educación Pública y el
Ministerio de Educación y Cultura, que reafirman sus competencias
en el contralor y el desarrollo de la educación en distintos
aspectos. Es necesario que estas tres instituciones trabajen en
forma coordinada y tengan un Consejo Coordinador de todos
aquellos sectores y ámbitos de la institucionalidad estatal y
actores sociales para que participen en un mejor desarrollo. Por
eso estamos creando un Consejo Coordinador, integrado por
representantes del INAU, del Consejo de Educación Inicial y
Primaria, del Ministerio de Educación y Cultura y del Ministerio de
Salud Pública -incluimos a esta última Cartera porque en esta
franja etaria es fundamental la salud, en los centros de educación
privados-, y representantes de los educadores que trabajan con la
primera infancia.
Para los centros de educación infantil privados, en cuanto al
contralor y supervisión de distintos aspectos hoy rige la Ley de
Guarderías; estamos tomando aspectos fundamentales de esa
norma vigente y estamos modificando algunas cuestiones para
avanzar en el tema.
En primer lugar, quitamos el título de guardería, porque
encierra un significado que no nos parece el más adecuado para
los niños de cero a tres años de edad que tienen que estar en
centros de primera infancia. Los padres no llevan a sus niños para
que se los guarden mientras tanto y no suceda nada, sino para que
durante el tiempo en que deben permanecer allí logren la
integración y el desarrollo educativo de acuerdo con sus características
psicológicas, físicas, fisiológicas y sociales. No es una
guardería, y por eso la modificación del nombre, entre otros
cambios.
Educación policial y militar
En este proyecto de Ley General de Educación también nos
estamos refiriendo a la educación policial y militar, y claramente
establecemos y reafirmamos algo que para nosotros es clave: los
aspectos específicos y técnicos deben estar a cargo de los
Ministerios del Interior y de Defensa Nacional. En esto somos muy
claros y categóricos porque, felizmente, para nosotros está muy
vigente la esencia de los derechos humanos y la igualdad de
formación de todos los seres humanos en una sociedad democrática;
en todo momento, en la educación policial y militar los
valores deben ser exactamente los mismos, compartidos por toda
la sociedad uruguaya. Por lo tanto, la selección y el ingreso de los
docentes a este tipo de centros educativos debe cumplir con los mismos requerimientos que existen para ingresar a Secundaria, UTU o a otros niveles de la educación.
Nos parece fundamental repensar para el futuro la formación policial y la militar. Muchas veces el pasado nos deja enseñanzas, muchas veces nos deja prejuicios, muchas veces nos deja aspectos a corregir. Por lo tanto, en un ámbito de racionalidad para sopesar serenamente todo lo que significa la educación de los seres humanos -más allá de si están en la Policía, en el Ejército o en las Fuerzas Armadas-hay que ver cómo modificamos, construimos y repensamos las situaciones.
Coordinación del Sistema Nacional de Educación Pública.
Creamos la Coordinación del Sistema Nacional de Educación Pública. No queremos chacras aisladas, sino respetar la autonomía; la coordinación no va en desmedro de ello, tal como lo establece la Constitución de la República. Por lo tanto, estamos integrando todos los Entes Autónomos y el Ministerio de Educación y Cultura.
Instituto Nacional de Evaluación Educativa
También estamos creando el Instituto Nacional de Evaluación Educativa como persona de derecho público no estatal, a efectos de dar mayor grado de independencia a lo que representa el sistema de educación formal. Desde allí se tendrá la posibilidad, no solo de realizar evaluaciones internas -que no hay que sustituirlas jamás-sino también evaluaciones externas. La evaluación interna es la que hace el docente en las aulas; la evaluación de la Dirección se hace en cada centro educativo; la evaluación de la inspección se hace en cada circunscripción, y la que realizan los Consejos en cada uno de los subsistemas son insustituibles, fundamentales para avanzar.
La evaluación externa está inmersa en ese proceso educativo porque fruto de las evaluaciones son los avances. Esas evaluaciones permiten ver en qué se ha sido fuerte, qué debilidades hay que corregir y en qué hay que avanzar. Estos son los motivos de la creación de este Instituto Nacional de Evaluación Educativa.
Como no puede ser de otra manera, decimos que el principio de interpretación de la ley, con las disposiciones transitorias establecidas, siempre debe poner como prioridad al sujeto educativo.