En este caso el diputado colorado Alberto Scavarelli opina sobre la actual situación de la salud, exponiendo como ejemplo los problemas críticos que deben afrontar el Casmu y el Hospital de Clínicas.
Dos grandes entidades de nuestro sistema de salud entraron casi simultáneamente en crisis y les puso al filo del cese de actividades, preocupando a miles de personas. Una es estatal: el formidable Hospital universitario de Clínicas que presta asistencia a la población y que ha formado a los médicos uruguayos con un altísimo nivel, que asegura desde hace décadas que un habitante de este país tenga la misma expectativa de vida que en un país desarrollado. La otra fue una institución privada enorme: el Centro Asistencial del Sindicato Médico del Uruguay, que forma parte del sistema de asistencia médica colectiva privada.
Aún con problemas a superar y con mortalidad infantil lamentablemente incrementada en estos últimos años, la atención médica fue asegurada a todos desde siempre, por un sistema de salud pública con su red de hospitales por un lado y por otro desde sistemas privados como la medicina empresarial y el privado colectivizado, que atiende a la mitad de la población, por medio de un sistema mutual pensado y puesto en práctica a principios del siglo veinte, prueba de un Uruguay Batllista, humanista y solidario, donde en entidades privadas y sin finalidad de lucro, todos aportamos solidariamente mes a mes, para contar con sus servicios cuando la vida aprieta en materia de salud, aunque no es la única experiencia.
Entre esos servicios privados de asistencia médica colectiva, el sindicato que nuclea a los médicos como gremio, tiene un centro de asistencia médica con afiliados directos, el CASMU, con mas de doscientos treinta mil afiliados, mil quinientos médicos, y siete mil personas trabajando, entre auxiliares, técnicos y servicios de apoyo, más todo lo que gira entorno de la cada vez más compleja prestación de servicios de salud.
Recientemente el gobierno, con demasiada urgencia y sin dar tiempo para alinear infraestructuras y métodos, impuso el Fondo Nacional de Salud. Se pasó de un sistema de solidaridad, donde todos pagaban igual para solventar a los que demandaban mas servicios, a un sistema de seguro soportado desde los aportes descontados de los salarios, que se debe volcar al sistema de salud para cubrir el costo de cada persona usuaria, en lo que se ha dado en denominar el pago de «cápitas». Este FONASA, recaudado y manejado por el estado, le debe dar a la prestadora del servicio de salud publica o privada, una suma que en los hechos es ahora menos de la mitad de lo que antes esa misma institución médica privada recibía por concepto de cuota mutual de los menores y menos de la mitad de lo que debiera recibir del Fondo por los adultos mayores.
Esta diferencia de aportes se funda en la evidencia de que un joven requiere menos gastos en salud que un adulto mayor. La ecuación económica y financiera de las entidades privadas prestatarias, podría equilibrase si el fondo pagara como corresponde. Sin embargo el gobierno aplicó el nuevo mecanismo a medias, descalzando el soporte del sistema, al reducir el aporte a las instituciones. Por costoso, el gobierno resolvió poner en práctica este aporte por los usuarios mayores recién para dentro de dos años, después de pasado el actual período de gobierno. Resulta claro que así difícilmente resistirá, sobre todo en las entidades como el CASMU, que tiene una enorme proporción de socios mayores demandantes de servicios cada vez más costosos.
La resultancia era previsible. Comenzó el desfinanciamiento, el atraso en los pagos de salarios y proveedores, hasta que apareció el enlentecimiento de los servicios de salud, con efectos que comenzaron a afectar hasta las intervenciones quirúrgicas, con la angustia de quienes dependen de la normal atención de sus dolencias.
Mas allá de las ineficiencias que deba resolver el Casmu, y lo que la autoridad sanitaria del país le exija en ejercicio de su función de control y supervisión, el Centro Asistencial del Sindicato Médico del Uruguay (CASMU), informó que a diciembre de 2007, había equilibrado trabajosamente sus finanzas, comenzando incluso a pagar lentamente su gravoso, pero entonces manejable pasivo. Todo esto cambia, cuando se pone forzadamente en funcionamiento el Fondo Nacional de Salud y se retarda el pago de las cápitas de los mayores.
Se desata entonces el conflicto y no llega del gobierno el crédito puente para salvar la etapa y seguir adelante. Se declara el concurso civil del Casmu, (una especie de concordato para entidades no comerciales) y se complejiza cuando los proveedores exigen pago contado por sus insumos. Increíblemente hubo un momento donde el diálogo se empantanó entre televisados reproches y desconfianzas compartidas, y se agravó la crisis que resultó en la angustia de miles de personas que creyeron estar a salvo por haber pagado regularmente sus aportes, muchas veces con enormes sacrificios.
Fue un error, porque primero se debe asegurar la regularidad del servicio y luego la confrontación por la evaluación de los hechos y la adopción de correctivos de fondo. No nos interesa la prolija autopsia posterior de una entidad dejada caer en la debilidad de su situación mas crítica, por no apoyarla mientras aún es posible. Es un deber insoslayable proceder antes que nada al apuntalamiento institucional, asegurando los servicios, mientras se buscan los correctivos desde la tranquilidad de los usuarios que son la razón de ser de todo sistema de salud.
La salud pública estatal tiene al gigantesco Hospital de Clínicas semiparalizado, una red hospitalaria pública descentralizada administrada por ASSE que opera con visibles dificultades y un sistema mutual sobre exigido, que con la misma infraestructura de ayer, no encuentra aún su punto de equilibrio. Si el Casmu en crisis, con sus 230.000 afiliados la gran mayoría con bastante edad, quedara fuera de funcionamiento, al tener que atenderse en otro lado, se jaquearía definitivamente el sistema de salud nacional ya en difícil situación. Un paciente con una grave enfermedad o un complejo tratamiento, desespera cuando se entera del enfrentamiento mediático y las vacilaciones para conceder como adelanto un préstamo puente para salvar el problema, por una suma que es inferior a lo que en una sola tarde el Banco Central vierte en plaza para regular en un par de puntos o menos la cotización del dólar.
La intervención del Banco Central es vital para la economía y la competitividad del país y es parte de su misión; pero el comparativo entre lo que se invierte en la regulación monetaria en una tarde y la vacilación para adelantar al Casmu un préstamo puente solicitado como anticipo de lo que será suyo, es evidente. El accionar del gobierno por la urgida puesta en práctica incompleta del FONASA, que incluso no incluyó a todos los jubilados, ha sido determinante en la actual crisis y le obliga a ser parte de la solución de las dificultades generadas.
Hicimos pública la necesidad de asegurar primero los servicios y la continuidad institucional y discutir las medidas de fondo en paralelo, sosteniendo que hoy todos los uruguayos somos parte del CASMU aun sin serlo, porque no podemos abandonarlo a su suerte en medio de tensiones y discusiones que debieran desarrollarse con otra ponderación y oportunidad. Afirmamos que quienes tienen responsabilidad institucional deben asegurar la continuidad de los servicios y velar por la tranquilidad de los usuarios.
Como siempre presumimos buena fe. No podemos creer las versiones que especulan con que en esta situación agravada, incide la pertenencia política de las autoridades del Casmu y del propio Sindicato Médico, ambas de signo contrario al gobierno.
Al final de la semana, apareció el préstamo puente requerido, a cuenta de lo que el Fondo debe aportarle al CASMU por sus 230.000 personas afiliadas. Hubiera sido mejor empezar por allí, evitar la cesación de pagos temporal, con todas sus consecuencias sobre el crédito y haber evitado la preocupación de tanta gente por la atención de su salud, en un país que con la asistencia medica colectiva, construyó un formidable instrumento solidario, para entre todos procurar la protección necesaria ante los riesgos de la vida. En el periodo pasado de gobierno de mi partido, debí enfrentar con éxito la pretendida afectación oficial del Hospital de Reumatología, y lo hicimos con la misma convicción de ahora, porque sentimos que con estos asuntos institucionales no se experimenta. Hoy en otro escenario, seguimos convencidos de la validez de este principio.
19 de octubre de 2005.-SALUD PÚBLICA.- Versión taquigráfica sin corregir de lo expresado en Cámara de Diputados por el Diputado Scavarelli. http://www.scavarelli.com/articulos/preview.php?id=1132580273&page=14
Representante Nacional – Partido Colorado- Uruguay.