El Ministerio de Turismo adelantó que con la finalidad de entusiasmar la presencia de visitantes extranjeros y locales en los principales puntos estivales del país, se estudia la posibilidad de suspender la vigencia del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a los alquileres, aunque no estarían comprendidos aquellas rentas de viviendas consideradas de alto costo porque «deben contribuir solidariamente al esfuerzo fiscal de toda la sociedad» aquellos que tienen acceso a esas viviendas de alto nivel, dijo el ministro del área, Héctor Lescano. Por otro lado, su cartera decidió alterar la forma de promocionar las oportunidades turísticas del país en la entrante temporada veraniega.

«El Ministerio siempre ha dedicado casi todo su dinero en la propaganda institucional pero también hemos puesto mucho dinero en Internet. Estamos haciendo una promoción con el metabuscador Google», ilustró la subsecretaria del Ministerio de Turismo, Liliam Kechichian.

«Nos dimos cuenta de que la gente entraba a Internet a buscar qué me lleva, dónde voy, qué me ofrecen y cuánto me sale», indicó Kechichian.

El convenio con el buscador Google es que la búsqueda de, por ejemplo, playas limpias sea la manera más rápida de meterse en Uruguay. «Nos parece que está bueno tener ese perfil», agregó la jerarca, quien informó que se quintuplicó el número de entradas a sitios turísticos uruguayos desde el inicio de este tipo de propaganda.

Por su parte, el ministro Lescano afirmó que el país está preparado y cuenta con medidas y beneficios provenientes tanto del sector público como del privado, que incentivarán el arribo de turistas. Informó que Uruguay gasta, en promoción institucional, el doble de la cifra histórica destinada a tales fines. Agregó que esta labor, se está haciendo en consonancia con el sector privado y consiste, entre otras cosas, en la participación en ferias de turismo pero con especial enfoque en Argentina que, según dijo, es y continuará siendo, el principal mercado.

El Secretario de Estado indicó que se trata de un trabajo mancomunado del sector público nacional, el público departamental y el privado, en defensa de los 50.000 puestos de trabajo directos y de los entre 120 y 150 mil indirectos que el turismo estival genera cada año.