Proclama de los sindicatos de la enseñan ante el paro del 9 de octubre de 2008. Compañeras y compañeros: Hace unos pocos días una delegación de compañeros de la enseñanza anduvo por aquí. Su intención era ser recibidos por la llamada “comisión de amase”, que por resolución del último Congreso de la fuerza política ante cuya sede estamos, debe alcanzar un consenso sobre el tema “Ley de educación”. Pedían plantearles a los miembros de la comisión, en su mayoría legisladores de la bancada oficialista, nuestras posiciones sobre el tema. No se nos recibió: se pretende primero resolver el asunto, a puertas cerradas, y después comunicar. Escuchar, parece que no, o al menos no todo lo que se debería. Por eso es que estamos aquí, movilizados, para hacer oír nuestra voz, que es la de todo el pueblo, pues no reclamamos otra cosa que el cumplimiento de las resoluciones del I Congreso de educación, convocado por el propio gobierno frenteamplista. Denunciamos el abandono, por parte del Poder ejecutivo y de los legisladores del FA, del proceso participativo que comenzó con el Debate Educativo y tuvo su síntesis en el Primer Congreso de la Educación, “Maestro Julio Castro”, proceso que no permitiremos que se corte ni tergiverse. Queda claro hoy, con el proyecto de ley a la vista, que el Poder Ejecutivo no podía hacer otra cosa, porque sus ideas no son las del pueblo representado en ese Congreso.Pero además está reñido con la propia historia del FA, expresada en el proyecto de ley del 13 de marzo de 1990 y en las resoluciones de los Congresos Alfredo Zitarrosa y Líber Seregni.El proyecto que propone el Poder Ejecutivo resulta un texto ambiguo y particular que no cumple con las formalidades propias de una norma jurídica. En el nuevo Proyecto de Ley de Educación, muchas concepciones sobre el sistema educativo se presentan confusas y el texto aborda el tratamiento de aspectos del sistema educativo en forma particular, cuando la norma jurídica debe cumplir con el tratamiento en general. En ese sentido, algunos de los artículos de la Ley, implican una reforma educativa, que en realidad debe ser competencia del Ente de la enseñanza en tanto es autónomo. Desconoce las expresiones de las bases sociales que se manifestaron en el Debate Educativo. El proyecto del Poder Ejecutivo desconoce de modo absoluto las expresiones de los actores sociales que participaron del Debate Educativo, del Congreso de la Educación y, aún más, de los aportes brindados por la Unidad Temática de la Educación, que integra la fuerza política del gobierno. Por otro lado, propone: Un retaceo de la ya escasa autonomía del Ente de la enseñanza. Por ejemplo, el principio de autonomía no se afianza, sino que se disgrega creándose varios organismos que le sustraen especificidad y competencia y que además se le superponen jerárquicamente. Asimismo propone la injerencia drecta del Poder Ejecutivo a través del MEC. La extinción de la concepción del cogobierno de la enseñanza. Las expresiones de nuestros sindicatos y del Congreso Nacional de la Educación en los términos del cogobierno real como forma de participación en la toma de decisiones en el sistema educativo, fueron desestimadas y sustituidas por expresiones de participación y limitadas al apoyo de padres y estudiantes a los centros educativos. Las ATD pierden valor significativo en la participación del sistema educativo, limitándolas a la consulta sobre la elaboración de planes y programas sin carácter vinculante en sus expresiones. Se pierde así la posibilidad de convertir la educación en una herramienta democrática y democratizadora de la formación ciudadana. Una burocratización y centralización en la órbita del Poder Ejecutivo. El proyecto de Ley del Poder Ejecutivo, genera una mayor burocratización del sistema educativo proyectando mayores dificultades de gestión del mismo. La creación de nuevos organismos, institutos de evaluación y consejos desconcentrados generan una mayor complejidad de la estructura del sistema que provoca un gasto excesivo de recursos destinados a la educación y que no son volcados diirectamente a la acción educativa. Finalmente, el Poder Ejecutivo, adopta nuevos roles en la planificación, evaluación, designación de autoridades y representación en el gobierno de la enseñanza, perdiéndose la histórica lucha de los sindicatos de la enseñanza por la afirmación de la autonomía de la enseñanza de los intereses partidarios. De la misma manera, se abren puertas para la municipalización de la educación, al otorgarle potestades propias del Ente a órganos de las intendencias municipales. Una tendencia a la privatización de la enseñanza. El articulado del proyecto del Poder Ejecutivo, da cabida a actores del mercado, empresariales y de la educación privada en la planificación, evaluación y pautas programáticas que se propondrían en el ejercicio del accionar educativo. De esa manera se pierde una rica tradición histórica en la concepción de la enseñanza pública y estatal y se produce una pérdida de la formación del ciudadano, en favor de una mercantilización del individuo y de la educación. Y paralelamente no se propone la construcción de un sistema de Educación técnico profesional, abarcativo de todos los niveles, con capacidad de construir sinérgicamente entre ellos y que encare la investigación en sus áreas específicas. Las organizaciones populares que participamos en el Congreso Nacional de Educación, representadas por la Comisión de Seguimiento de las Resoluciones, hemos elaborado y difundido nuestro proyecto. El mismo apunta a la efectiva autonomía del sistema educativo público, posible sólo en conjunción con el cogobierno. La consagración por Ley de estos dos principios es el único curso de acción consecuente con el impulso democratizador y participativo que se abrió con el inicio del Debate Educativo. Proponemos una ANEP cuyos Consejos, tanto el Drectivo como los de Primaria, Secundaria, UTU y de Formación Docente sean cogobernados. Esto implica que los órdenes de estudiantes, egresados y padres donde corresponda, docentes y funcionarios no docentes elijan sus representantes en los Consejos y en el Consejo Diirectivo de la ANEP, concebido como coordinador, también. Esos consejeros tendrán poder decisorio. Este avance democrático (representantes electos por los actores sociales de la educación ocupándose de drigirla) se complementa con su obligación de responder ante los órdenes y consultar preceptivamente a sus organismos representativos (Asambleas Técnico Docentes, así como también las instancias de deliberación y representación que se den los otros órdenes). Sería el fin de la subordinación del Sistema Educativo público a los gobiernos de turno y a los partidos políticos, lo que permitiría trazar y ejecutar políticas educativas de largo plazo, cumpliendo con la aspiración vareliana de “…dar independencia a las autoridades y a la administración escolar para liberarla de la acción deletérea de las pasiones y de los acontecimientos del día.” (“La Educación del Pueblo”). Educando al fin para la libertad, con libertad. Por décadas se ha planteado que la educación pública debe ser “política de Estado”. Las líneas de acción emanadas del Congreso van un paso enorme más allá: posibilitan que la educación pública se convierta en política de pueblo. Y avientan lejos el fantasma del corporativismo, en tanto no ponen la gestión educativa en manos de un solo estamento: estudiantes, funcionarios, padres y docentes vienen a ser ni más ni menos que toda la población, y esto sin desmedro de que los Poderes del Estado conserven intactas todas su competencias. En efecto, el Poder Ejecutivo ha de seguir enviando sus mensajes de Presupuesto y Rendición de Cuentas para la ANEP, el Legislativo ha de seguir decidiendo el Presupuesto, teniendo en cuenta las propuestas del Ejecutivo pero también las de la ANEP, cualquier particular seguirá pudiendo llevar a la ANEP ante los estrados judiciales si entiende que aquella obra de modo contrario a derecho. Más aún: seguirá habiendo Tribunal de Cuentas que observe los gastos de la ANEP que pudieran no ser legítimos, seguirá existiendo el Tribunal de lo Contenciosos Administrativo para que los funcionarios que entiendan que el Ente lesiona su derecho hagan sus reclamos. Y será la Corte Electoral la que supervise las elecciones de consejeros y representantes para todos los órdenes, sujetos a su posible revocación por los mismos. La alternativa es clara: un proyecto, el del Poder Ejecutivo, malogra la oportunidad de democratizar nuestra educación pública, otro, el que emanó del pueblo reunido en Congreso de Educación, abre amplias avenidas para el avance de la educación y la democracia. La etapa de discusión parlamentaria en que nos hallamos implica muchas posibilidades, pero entre ellas no se cuenta ni por asomo la del hecho consumado. No sólo porque los Sres. Legisladores tengan la potestad de aprobar, rechazar o modificar el Proyecto que se les remite y hasta incluso presentar uno sustitutivo. Tienen que volver a abrir los causes democráticos y participativos para respetarlos y potenciarlos; es la principal obligación de signo popular y democrático de esta etapa en la Educación. Además de las potestades legislativas está la propia soberanía popular, la propia ciudadanía, con su derecho a movilizarse en defensa de las formulaciones que ella misma se diera en el Debate Educativo que fuera sintetizado en el Congreso Nacional de Educación, y que sigue teniendo la palabra. .
ATES – AFUTU – ADEMU – SINTEP – FENAPES.