A través de este artículo, el diputado colorado Alberto Scavarelli aborda la complejidad del estado de la seguridad pública.
En un estado de derecho el monopolio de la fuerza debe estar en el estado, y el cumplimiento de la ley se garantiza por la coercibilidad que es un atributo esencial de la ley. Esa coercibilidad significa la posibilidad del uso legítimo y legal de la fuerza para su cumplimiento, un principio que no admite discusión en ningún orden jurídico.
La custodia de la paz y la seguridad publica, sometida al derecho es esencial, para el ejercicio de la libertad. Ante la violencia del delito solo las fuerzas de la ley pueden proteger a la comunidad
Cuando el sistema de protección legal falla por su vulnerabilidad solo resta la legitima defensa y más allá la ley de la selva, la justicia por mano propia y la salvaje fuerza bruta.
La sociedad debe mucho de su paz y su libertad a la eficiencia de las fuerzas policiales y de la justicia. Con sus luces y sombras, sus fallas y fragilidades, lo cierto es que la policía nacional es la línea divisoria en la barbarie del delito y la vida en un mínimo aceptable de seguridad en el creciente riesgo cotidiano de vivir en nuestras ciudades.
El debate sobre la seguridad o mejor dicho sobre la inseguridad se ha instalado. No solo se trata de enfrentar la ola delictiva cuantitativamente analizada, sino de hacer frente al desborde absoluto de la violencia empleada por los delincuentes en la ejecución de sus delitos.
Hoy es moneda corriente que una rapiña termine en lesiones graves o con la muerte de la victima.
La delincuencia se tirotea casi impunemente con la policía hasta vaciar sus cargadores mientras hay quienes pretenden que las fuerzas policiales están cada vez más acotadas en su función porque se dice que la sociedad teme el desborde.
El desborde de un funcionario en el cumplimiento estricto de su responsabilidad de portar armas es mucho más fácil de controlar y prevenir en un estado de derecho, que la violencia de quienes no vacilan en disparar a sangre fría sobre sus victimas. Pensar que la regla del uso de la fuerza para reprimir el delito violento y muchas veces sobreexcitado desde el consumo de drogas, debe regirse para un policía desde las reglas de la legítima defensa, parece un eufemismo desarrollado en un laboratorio sin
ventanas a la realidad.
La represión del delito y los delincuentes, el patrullaje y la investigación criminal eficiente, son instrumentos esenciales en la prevención del delito y requieren de especialización, recursos, formación permanente y como toda fuerza policial, confianza ciudadana. Los delincuentes temen a la sanción penal y a la captura razón por la cual el discurso no debe pasar por el debilitamiento del sistema.
Debemos esforzarnos por separar el potenciar las fuerzas de la ley, de la discusión política sobre los modelos y propuestas que cada sector incluido el gobierno, creen mejor.
La policía en su accionar e imagen, no puede ser rehén de la discusión.
Debemos dotarle de recursos y de confianza, brindarle el reconocimiento suficiente y hasta la cordialidad necesaria para potenciar su autoestima, cuando además la sociedad siquiera es capaz de dotarlas de todo lo que necesitan, incluso su necesaria retribución.
El debe es enorme, tanto que hasta se legitima el llamado 222, ese invento que construimos entre todos, para alquilar la fuerza publica en retribuciones que hoy son esenciales para que un policía pueda vivir y que además por si fuera poco se considera renta para aplicarles impuestos a la renta personal, aunque no se incluyen en su pasividad cuando el policía se retira.
Un policía o un bombero herido o caído en acto de servicio es un héroe de la comunidad, y debe saber cuando actúa que así será considerado y protegido el o su familia que vive de sus ingresos si un día le toca caer en acto de servicio.
Si tengo que elegir mi decisión esta tomada desde hace muchos años.
Mi confianza esta en la policía y en los operadores de la justicia, siempre y primero.
Creo en los jueces y en la policial antes y siempre que en los discursos, proyectos y calificaciones y aun mas allá de la conducción política de turno cualquiera fuere, y por supuesto que siempre y absolutamente cuando la confrontación es con el delito y los delincuentes e incluso ante el ensayo de explicaciones teóricas que muchas veces tiene aroma de justificación.
La pobreza no es ni excusa ni explicación del delito, en todo caso es un oprobio que tenemos el deber de superar con el esfuerzo de todos siendo justos y generando igualdad de oportunidades.
El origen de cualquier acción siempre esta académicamente relacionado con la
consecuencia, pero el accionar contra el delito en manos de las fuerzas policiales no es un tema de teoría, es un tema de acción y de respaldo efectivo, porque literalmente nos va la vida en juego.
Creo en la severidad en la represión del desborde cuando quien portando un arma en nombre de la ley actúa con abuso o deslealmente. Pero también se que esa es la excepción, la minoría menor en absoluto.
Doy mi total respaldo, confianza y mi diario agradecimiento a quienes salen a jugarse la vida cada jornada y que no sienten en nosotros de forma suficiente el mínimo reconocimiento.
No solo la retribución absolutamente insuficiente desalienta el ingreso a la policía a la hora de llenar vacantes. También opera la falta de reconocimiento o la sospecha permanente, la mezquindad a la hora de reconocer por todos los meritos de tantos que son la diferencia entre la protección a la que tenemos derecho desde la garantía de la ley y el miedo terrible por nuestros seres queridos y nosotros mismos cuando el delito y su violencia arrecian.
La represión del delito y la aplicación de fuerza debida no son malas palabras, sino un deber inherente a la coercibilidad de la ley. Si la ley se viola con violencia, la fuerza que reprime debe estar al servicio de la ley.
Si esa línea falla por la razón que fuera solo resta la indefensión o la defensa propia, extremos que no debieran ser posibles en una sociedad democrática de derecho.
En medio del desborde del delito terminan los discursos y solo queda una fuerza policial luchando como puede, para proteger la sociedad.
En otros países hemos visto el esfuerzo de la comunidad por hacer de su policía una fuerza digna y orgullosa de si misma y reconocida por la comunidad que tienen el deber de proteger.
Yo quiero ver pasando por mi cuadra a un policía, para evitar que quienes pasen sean delincuentes acechando para violar nuestros derechos esenciales incluyendo la vida y la seguridad, devaluando esencialmente nuestra libertad.
Siempre será mas fácil discutir políticas y políticos a cargo, pero el verdadero desafió es superar la anécdota y respaldar lo que es esencial respaldar: ese puñado de hombres y mujeres que desde un uniforme policial o desde el enjuiciamiento del delincuente en un juzgado, deben protegernos día a día a todos de un delito que nos desborda, sin sentir al menos el suficiente reconocimiento, ni la protección de la comunidad a la que sirven
y se deben.
Representante Nacional – Partido Colorado- Uruguay.