Compartimos este informe de Samuel
Blixen titulado «Los avances del megaproyecto de La Paloma», y que fuera
difundido por la publicación digital Alternativas y Solidaridad.

«El impulso que cobró el
megaproyecto de puerto de aguas profundas en La Paloma

obliga al gobierno a asumir
definiciones estratégicas en los planos de la integración

regional, la política energética y
el posicionamiento frente a Brasil y Argentina.

No era ciencia ficción: la
construcción de un puerto de aguas profundas en La Paloma,

que redimensionará el papel
estratégico de Uruguay en el Cono Sur como puerta de

entrada y salida del corredor
bioceánico, impulsará el proyecto de país productivo con un

polo de desarrollo en el este, y
contribuirá sustancialmente a la transformación de la

matriz energética (que los precios
del petróleo y las alteraciones climáticas imponen con

dramática urgencia), ingresó en
una etapa de concreción acelerada tras los anuncios del

ministro de Transporte y Obras
Públicas, Víctor Rossi, sobre los resultados de sus

contactos en España con los grupos
inversores que impulsan la iniciativa, y tras las

definiciones del foro social
realizado en Rocha que culminó con un compromiso de todos

los partidos políticos.

Rossi ha declarado que el
«proyecto fue aceptado por el gobierno», pero que aún falta la

firma del presidente Tabaré
Vázquez sobre la declaración de «interés privado» que

activará la presentación de un
estudio de factibilidad y permitirá un llamado a licitación

internacional, en el que el
gobierno definirá los límites de los condicionamientos que

aseguren los criterios de
soberanía y los niveles de participación y control estatal.

De cumplirse esta etapa,
independientemente del llamado a licitación, los inversores

españoles, agrupados tras la
consultora Benel, iniciarían los trabajos de cateo para la

construcción del canal de entrada
del nuevo puerto multimodal con los recusos

aportados a tal fin por la Corporación Española,
que ascienden a unos 300 mil euros.

La inversión en La Paloma está estimada en
unos 1.200 millones de dólares, un paquete

que incluye la construcción del
puerto propiamente dicho, la instalación de una planta

regasificadora, y el tendido de un
gasoducto y una vía férrea desde la zona hasta

Montevideo.

Fuentes cercanas a los inversores
indicaron a Brecha que el impulso que cobró el

megaproyecto aseguró el compromiso
de participación de futuros usuarios del puerto, en

especial Río Tinto, la
trasnacional que explota la extracción de hierro de los yacimientos

de El Mutún en Bolivia y de
Corumbé en Brasil, y la papelera portuguesa Portucel, que

ya habría acordado con Benel la
utilización del puerto para la salida de su producción de

pasta de celulosa y de papel.
Portucel negocia actualmente con el gobierno su

instalación en Uruguay, con una
inversión superior a los 2 mil millones de dólares para

realizar el ciclo completo de la
madera. Sus acuerdos con Benel estarían definiendo la

cuestión de la locación de la
papelera. En un plano inferior de definición, manifestaron su

interés en el proyecto portuario
una empresa chilena que se instalaría en La Paloma

para la introducción de carbón
nigeriano, y las empresas mineras que actualmente

operan en la zona norte y este del
país. Finalmente, se informó que, en virtud del

respaldo del gobierno español al
megaproyecto, se estudia la posibilidad de instalar en

Uruguay un apostadero pesquero
como base de operaciones de la flota pesquera

española. Con los caladeros en el
Atlántico sur, los costos de combustible hacen cada

vez más onerosa la
industrialización del pescado en las instalaciones del norte de

España. Las autoridades uruguayas
evalúan la posibilidad de la creación de ese

apostadero español condicionado a
que parte del procesamiento se realice en tierra con

mano de obra uruguaya.

Las negociaciones que estos
futuros «clientes» están desarrollando con el consorcio

español confirman las
apreciaciones sobre el carácter integrador del proyecto de puerto

de aguas profundas: de cara al
hinterland del continente, las intenciones de Río Tinto

apuntan a multiplicar la
producción de hierro boliviano utilizando la hidrovía para

concentrar en Colonia los
volúmenes exportables, que después serían trasladados a

Rocha en barcazas oceánicas. Se
estima que para una exportación de 20 millones de

toneladas anuales se requerirán
unas 600 barcazas, lo que estimularía la construcción

naviera regional. Simultáneamente,
el trasiego de carbón potenciaría las obras viales y

ferroviarias del corredor
bioceánico, que con un extremo en las costas chilenas del

Pacífico desembocaría en La Paloma. Lo mismo
ocurriría con la producción de arroz y de

minerales del sur brasileño, que
diseñarían una vía de comunicaciones hacia el este

uruguayo, abaratando notablemente
los costos de transporte. Dichas proyecciones

implicarían fuertes inversiones
uruguayas.

De cara al Atlántico, el puerto
multimodal insertaría a Uruguay como punto clave en las

rutas navieras del Atlántico sur,
que anudan el tráfico de mercancías entre Europa y

China y el sudeste asiático, y
establecería un lazo directo entre África y América. En esa

perspectiva, en un esquema de
construcción del puerto mediante etapas, La Paloma

desarrollaría instalaciones para
el acopio a granel de minerales y productos agrícolas y

desarrollaría una playa de
contenedores para recibir los buques de gran calado, los

llamados pospanamax, que
concentran en un punto las cargas luego distribuidas

mediante los llamados feeders,
barcos de porte mediano que operan con los puertos

regionales de profundidades
limitadas. Las perspectivas sugieren, en otras etapas, la

instalación de un complejo
metalúrgico y la construcción de un aeropuerto.

Aunque hay quienes bautizan a La Paloma como el «puerto de
Argentina» (por las

insuperables limitaciones de
Buenos Aires y las dificultades para la construcción de un

puerto de aguas profundas en Bahía
Blanca), el proyecto se erige más bien como un

puerto del Mercosur que, vinculado
al corredor bioceánico, exigirá una negociación

diplomática, por lo alto, de las
cuestiones vinculadas a las estrategias de integración

regional.

EL DILEMA DE LA PLANTA DE
REGASIFICACIÓN. La concreción del proyecto de La

Paloma se inserta en un esquema de
puja de intereses por el control de las vías del

comercio marítimo, que enfrenta a
Europa con Estados Unidos. Uruguay está ausente en

los proyectos sobre corredores
bioceánicos que impulsan organismos internacionales en

el marco de los intereses
estadounidenses, tanto del gobierno como de las

trasnacionales vinculadas. La
opción que implica La Paloma
en ese nivel estratégico

requerirá una definición de la estructura
de la cancillería, históricamente inserta en el

esquema que promueve Washington,
si el gobierno uruguayo se decide a tomar la

iniciativa en el plano regional
para articular su nuevo protagonismo geoestratégico.

En el esquema de las múltiples definiciones
estratégicas cumple un papel esencial el

proyecto de instalar en La Paloma una planta de
regasificación de gas licuado,

fundamental en la perspectiva de
una transformación de la matriz energética para reducir

la dependencia del petróleo.

Curiosamente, la difusión del
megaproyecto para un puerto de aguas profundas en la

costa este (véase Brecha,
13-VII-07) aceleró los planes para la construcción de una

planta regasificadora en
Montevideo, que se erigió como una formidable competencia y

un elemento de confrontación de
intereses en el seno del gobierno progresista.

De hecho, en el último año
coexistieron dos proyectos de planta regasificadora. Sobre la

base de un consenso de que el país
requiere con urgencia la instalación de una planta

de tales características, la
iniciativa de apurar las negociaciones para su instalación en

Puntas de Sayago, en el puerto de
Montevideo, implicó una opción de asociación con

capitales argentinos, en
detrimento del proyecto español. La iniciativa tuvo un impulso

inicial de la consultora csi,
vinculada al ex ministro de Transporte Lucio Cáceres, que

desarrolló un proyecto inversor de
mil millones de dólares. El proyecto incorporó a British

Energy, a Pan American Energy, a
Naviera del Sur (del argentino Roberto Virasoro), y a

lobbistas de Petrobras vinculados
a su gerente en Montevideo, Clovis Correa. El

esquema obtuvo el respaldo del
entonces ministro de Industria, Jorge Lepra, que terminó

anudando acuerdos de participación
de ancap y ute, por la parte uruguaya, y Enarsa, por

la parte argentina. Quizás la
posibilidad de acceder al mercado argentino para la venta

de excedentes de producción de gas
procesados por la planta uruguaya diluyó algunos

aspectos críticos del proyecto,
como las dificultades de operatividad de barcos

metaneros en la bahía de
Montevideo o los riesgos de instalación de los tanques de

almacenamiento de gas en una
peligrosa proximidad con la refinería de La Teja.

El alejamiento de Petrobras,
inicialmente un socio prominente, disminuyó las

posibilidades de este proyecto
que, sumado a las gestiones del ministro Rossi ante los

inversores españoles, terminaron
por colocar a la planta regasificadora de La Paloma

como la opción más viable. No es
menor el hecho de que las autoridades de Petrobras

en Rio de Janeiro resolvieran
concentrar las decisiones de sus inversiones en Uruguay,

en lo referente al gas, limitando
las potestades de su representante en Montevideo,

después de analizar las cifras:
mientras que la inversión para la construcción de la planta

en Montevideo se estima en unos
mil millones de dólares, los proyectos de Benel

reducen el costo a 250 millones de
dólares, incluido el gasoducto La
Paloma-

Montevideo. Petrobras,
considerando que el proyecto de La
Paloma es una «ventana de

oportunidades» para su expansión
en el Cono Sur, propuso su participación en la

construcción y operación de la
planta de La Paloma,
mediante una asociación con

ancap, ute y Benel, y mantiene la
oferta en la medida en que las definiciones surjan en

breve plazo.

El proyecto de la planta
regasificadora en La Paloma
supone el procesamiento de gas

licuado que atendería todas las
necesidades uruguayas y permitiría exportar a Argentina,

en la medida en que el nuevo
gasoducto entroncaría con el de Cruz del Sur. En el

esquema de las negociaciones
impulsadas por el ministro Rossi, el Estado uruguayo

incrementaría su participación
accionaria en la sociedad de Cruz del Sur para explotar el

suministro de gas en la zona que
comprende los departamentos de Rocha, Maldonado y

Canelones. Subsidiariamente, se
considera la posibilidad de instalar en las proximidades

de La Paloma una planta de ciclo
combinado (gas y petróleo) para la producción de

energía eléctrica destinada al
polo de desarrollo que se estimularía a partir de la

construcción del puerto de aguas
profundas.

En la propuesta de Petrobras (que
de competidor se transforma en socio del proyecto de

La Paloma)
surge un incentivo adicional: la petrolera brasileña ofrece instalar en el

puerto de Montevideo un barco
regasificador, que procesaría el gas licuado mientras se

construye la planta en el este,
por un plazo de cuatro años (véase recuadro).

En el abanico de inversiones e
intereses que desata la factibilidad del megaproyecto de

La Paloma,
el protagonismo geoestratégico vinculado al corredor bioceánico y el tema

clave de la transformación de la
matriz energética, la decisión que adopte el presidente

Vázquez resulta clave. Al parecer,
la división de posturas entre ministros y directores de

entes respecto a la planta
regasificadora va quedando atrás, de modo que las

definiciones parecen inminentes.

La planta de regasificación

La propuesta de Petrobras

Cualquiera de los dos proyectos
para la construcción de una planta regasificadora de

gas licuado (que supone para el
país un sustancial abaratamiento de los costos

energéticos) incorporaba una
solución de corto plazo. Tanto el proyecto de Puntas de

Sayago como el de La Paloma incluían la
instalación en el puerto de Montevideo de un

barco regasificador, que actuaría
como planta procesadora y como lugar de

almacenamiento. Esta opción, que
permitiría cubrir las necesidades energéticas y

comenzar la sustituición de la
dependencia del petróleo, exige del gobierno uruguayo la

realización de obras de
infraestructura para conectarlo con el gasoducto Cruz del Sur

Existen escasos barcos
regasificadores en el mundo y, simultáneamente, producto de la

disparada de los precios del
petróleo, una creciente demanda. La compra de un barco de

esas características no es una
opción porque no resuelve el problema de la

transformación de la matriz
energética; es apenas una solución provisoria para cubrir el

lapso (unos cuatro años) que
demanda la construcción de una planta.

Desde el punto de vista económico,
el barco regasificador disminuye los costos de

producción de energía, pero en el
largo plazo se vuelve oneroso porque su utilización se

realiza mediante el alquiler a las
empresas que los explotan.

En ese sentido, la propuesta de
Petrobras modifica sustancialmente la ecuación. La

petrolera brasileña cuenta con un
barco regasificador y ofrece a Uruguay su utilización,

condicionada a los acuerdos sobre
participación en la proyectada planta de La Paloma,

que implica también una
participación en la comercialización de excedentes,

principalmente al mercado
argentino. La producción de gas en el barco ubicado en

Montevideo también permitiría un
excedente a comercializar en Argentina con

participación de Petrobras.

El nudo de la negociación son los
términos que proponen los brasileños para la

asociación. Según pudo saber
Brecha, Petrobras se inclina por la formación de una

sociedad anónima uruguaya que
explotaría la planta de La
Paloma con una participación

accionaria de la petrolera
brasileña de entre 30 y 40 por ciento, una participación similar

de ancap y ute y una participación
de entre 25 y 30 por ciento del grupo Benel. El capital accionario se situaría
en un 20 por ciento del capital total. Puesto que se estima que se obtendría un
financiamiento para el 80 por ciento de la inversión, los socios deberían aportar
aproximadamente unos 80 millones de dólares. En ese sentido, se considera como
posible el aporte de ancap y ute de su cuotaparte.

En este esquema, el ofrecimiento
del buque regasificador se instala como una oferta

tentadora para precipitar las
definiciones».

Fuente: Alternativas y Solidaridad. http://www.archivos-alternativas.org