Los dichos del Comandante del Ejército, Jorge
Rosales no pasaron desapercibidos en la opinión pública y tampoco para el
diputado colorado Alberto Scavarelli, quien expone sobre dicho tema en esta
columna.
«Ha trascendido la molestia del gobierno chileno, por las declaraciones del comandante en jefe del ejército uruguayo que participó en Santiago de Chile de la Décima
Conferencia Militar de los países socios e integrantes del MERCOSUR. Sus declaraciones refirieron a la situación procesal en que se encuentran en Chile dos de sus efectivos activos, al que se suma otro en situación de retiro.
Estos militares uruguayos fueron extraditados por la Justicia Uruguaya,
con la aceptación del Poder Ejecutivo, a solicitud de la Justicia Chilena, Comparecieron en aquel país en el año 2006, convocados por una compleja causa referida al homicidio de un ciudadano chileno, conocida como el caso Berrios, y desde entonces están en Chile, en libertad ambulatoria, pero sin poder salir del territorio chileno.
El tema de hoy, no esta referido a la gravísima situación de la muerte de Berrios que a todos debe conmover, dejando actuar a la justicia; sino a la reacción publica de operadores del gobierno chileno en relación a la preocupación expresada por el alto oficial uruguayo en tierras chilenas por la situación indefinida de restricción de la libertad de sus subordinados.
Nos parece que la reacción de malestar de las autoridades chilenas por el comentario respetuosamente hecho por el alto oficial uruguayo, es inapropiada y omite el centro del asunto. En todo caso se trata de tener una explicación formal que informe la razón por la que se tienen retenidos en suelo chileno a estos ciudadanos uruguayos, que desde hace un año y medio nadie cita a declarar nuevamente, a pesar del compromiso asumido y garantizado de volver cuando se les convoque.
No posible pensar que los militares fugarán, porque además no lo han hecho de Chile en todo este tiempo, ni es posible descreer validamente del compromiso oficial del estado uruguayo que le fuera solicitado por las autoridades chilenas, respecto a la garantía de que estos oficiales allí estarán cuando se les convoque.
Se les prohíbe retornar al país con sus familias y a cumplir con sus deberes funcionales, sin que se autorice su retorno a pesar de las garantías dadas por el propio poder ejecutivo nacional uruguayo y del presidente de la república, respecto a que los militares uruguayos comparecerán a suelo chileno para estar a disposición de la justicia trasandina, cuando y todos las veces que esta lo disponga. Es mas, esa garantía habría sido dada a solicitud del gobierno chileno, pero sin embargo todo sigue en igual situación.
Contrariamente a lo pretendido, creemos que lo expresado en Chile por el comandante del ejercitó uruguayo respecto a la preocupación por la situación de sus subordinados retenidos sin siquiera convocárseles en el ultimo año y medio, fue estrictamente ajustado a su deber.
En todo caso si se tiene un fundamento para mantener esta situación que impide retornen al país, bueno seria expresarlo, una actitud que sin duda facilitaría la compresión de esta inentendible extensión sin plazos en el tiempo de la situación de los afectados.
El comandante de un arma, con la verticalidad y principios que rigen la vida militar, no puede ni debe ser indiferente de la suerte de sus oficiales, respecto de los cuales no se pide más que la aplicación del debido proceso, un principio que debe incluir necesariamente la actuación fundada en plazos razonables.
La ritualidad de la formalidad de un procedimiento judicial, debe estar acompasada necesariamente del cumplimiento de plazos acordes a la complejidad y la necesidad de desarrollo y salvaguardia del proceso mismo.
Toda medida que afecte la libertad de las personas debe estar fundada y avalada por la lógica de los hechos y la razonabilidad media de la sociedad y la justicia que le rige de acuerdo a derecho.
No se entiende por que razón pidió el gobierno chileno se dieran por Uruguay garantías de retorno, para que pudieran volver al país los oficiales uruguayos, manteniendo por llamarlo de algún modo su condición de emplazados
permanentes pero en Uruguay, con cargo a comparecer de inmediato cuando la justicia chilena lo requiriere.
La garantía solicitada fue dada y garantizada por el comandante en jefe del ejercito y por si fuera poco por el Poder Ejecutivo desde el soporte superior del propio Presidente de la Republica.
Sin embargo hasta hoy no se concedió ese retorno provisorio
garantizado y condicionado al país, ni se conoce explicación lógica alguna.
Fue lógico que el comandante en jefe planteara su preocupación, a estar a lo que resulta de la información de prensa que conocemos. Lo hizo con prudencia, públicamente, no actuó con maledicencia ni clandestinidad y expreso respetuosamente una opinión que de algún modo coincide con la preocupación de mucha gente en el país y del propio gobierno, que por así sentirlo ofreció la garantía de presentación de los oficiales al proceso.
Los temas de la libertad personal nunca pueden ser temas menores, sin que signifique opinar sobre el fondo de un complejo y gravísimo asunto que involucra un homicidio cuyas instancias nos son desconocidas y están en
el
procedimiento judicial. Un asunto que deberá dilucidarse con todas las garantías del proceso, garantías que no se han puesto nunca en duda, como no se duda de la calidad del sistema judicial del país trasandino, con figuras señeras del derecho a lo largo de la historia jurídica de nuestro continente.
Pero que hace falta una explicación para esta situación, no debiera caber duda alguna.
El principio es claro, Lo que disponga la justicia debe acatarse, pero siempre es necesario que la situación procesal sea fundada e informada, para que no se tiña de error, de exceso de discrecionalidad o de arbitrariedad, tres virus letales en la difícil tarea de hacer justicia en cualquier estado de derecho».
Representante Nacional – Partido Colorado – Uruguay.
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