“Con patente única y sin índice vial departamental”, es el título que en esta vez lleva la columna del legislador del Partido Colorado, Alberto Scavarelli.
”Los gobiernos municipales acordaron cobrar a los automotores nuevos, una patente única en todo el país. Lo han hecho puertas cerradas, unificando un equivocado mecanismo fiscal, que deja toda justicia tributaria por el camino y por fuera el derecho de los administrados.
No importa la diferencia en la calidad y cantidad de los servicios de infraestructura vial que cada gobierno municipal brinde. Ahora se deberá pagar lo mismo en todas partes aunque la calidad de la contraprestación municipal tenga diferencias abismales entre si.
La norma debiera ser que cada intendencia cobre en función de la ecuación entre el valor del vehiculo y el índice de la infraestructura vial departamental brindada en contraprestación por la administración. El contribuyente debería pagar en función del valor de su vehiculo, y cada intendencia cobrar por el valor comparado de su oferta en infraestructura vial departamental.
Es muy fácil saber hoy cuantos quilómetros de vía pública están debidamente pavimentados. En un país de territorio integrado como el nuestro, es simple saber el índice de desarrollo vial de cada departamento, y no caer en esta injusticia de imponer de espaldas a la realidad, que todo auto de igual año y marca pagará la misma patente en todas partes sin considerar las diferencias de ese índice vial de cada departamento. Aplicar como se pretende, una patente de valor único en función del vehiculo sin considerar la diferencia en la contraprestación municipal en materia de pavimento y
servicios en la vía publica, es una absoluta injusticia con el contribuyente.
Imagine que se debieran pagar los mismos impuestos por vivir donde debe andar entre basura, sin veredas, por donde corren aguas servidas y todavía se quisiera cobrar como impuestos como si se viviera en una zona con saneamiento, iluminación, locomoción cercana, limpieza, pavimento, veredas y plazas transitables.
Sin embargo ahora, la guerra entre intendencias por cobrar la patente, termina pretendiendo cobrar lo mismo por usar las calles de una ciudad que esta en buenas condiciones, que por tener que circular con su automóvil entre pozos y charcos sin fondo que le destrozan su vehículo -incluso de trabajo- en pocos años.
Ni siquiera se asume el compromiso de asignar esos recursos, exclusivamente al desarrollo de la infraestructura vial del departamento.
Hace tiempo hemos puesto un ejemplo simple: Dos automóviles idénticos, uno circulando por calles destrozadas y otro circulando igual tiempo en una ciudad con calles con razonable pavimentación y conservación. En pocos años, uno estará semi destruido mientras el otro mantendrá mayor valor por estar con el desgaste normal. Quién pagara los perjuicios causados a ese contribuyente, al que sin embargo se le cobró lo mismo de patente.
Venimos sosteniendo desde estas mismas paginas, que en Uruguay la patente se paga por estar habilitado a circular, si se entrega la placa de matricula de un automóvil, al no estar ya habilitado, cesa la obligación de pagar la patente de rodados, justamente porque el fundamento de su pago es precisamente el uso de la vía pública. Gravar la propiedad del automóvil por su valor es otra cosa y se hace por otros impuestos desde su importación a su venta o por el impuesto al patrimonio de su dueño. La patente en cambio debe pagar el derecho a circular en función del valor del vehiculo, pero
desde un índice diferencial que tenga en cuenta, la calidad del servicio vial que se le preste a ese contribuyente en su departamento.
Desde ya que se debe controlar estrictamente que nadie empadrone su vehículo donde no debe, porque empadronar donde le cobran menos aunque allí no le corresponda es un abuso inadmisible. Contra ese ilícito comportamiento hay que ser severo, y ese punto es un tema de fiscalización que esta fuera de discusión. Pero también es un abuso por parte de las administraciones municipales ponerse de acuerdo para cobrar la misma patente en cualquier departamento, sin importar el índice que mide comparativamente las
condiciones de su red vial, y la calidad de los servicios, que son su fundamento.
La administración, entre forcejeos, olvida su principal deber: proteger los derechos básicos de los administrados a los que se debe, y al mismo tiempo –con justicia- exigir se contribuya con las cargas públicas municipales.
Representante Nacional – Partido Colorado – Uruguay.
Cargando ...
Últimos Comentarios