El Directorio del Banco de Previsión Social (BPS), encabezado por Ernesto Murro reivindicó las prestación de la entidad destinada a personas con discapacidades y puntualizó que actualmente “paga unas 15.000 Ayudas Especiales y cerca de 7.000 órdenes de tratamiento (OTES)”.
Los conceptos de Murro fueron realizados el pasado martes 6 de noviembre de 2007 en la Comisión de Salud Pública del Senado, en donde el jerarca puntualizó la acción del organismo frente a las críticas efectuadas por diferentes entidades de padres de niños que denunciaban que se había interrumpido el respaldo estatal.
“Las Ayudas Especiales constituyen una prestación económica sobre la base de un monto aproximado de $ 2.300, que el Banco paga inicialmente al niño pero que en general y en la práctica -lo cual no es un hecho menor- se transfiere por poder a los institutos. Por otro lado, como decía, tenemos las OTES, órdenes de tratamiento externo, de las que se ha hablado poco pero que tienen mucho que ver con este asunto y que implican un monto que también paga el Banco de Previsión Social a especialistas que no son sus funcionarios para que realicen determinadas tareas de rehabilitación. Entre ellos hay fonoaudiólogos, psicomotricistas, etcétera”, dijo Murro.
Actualmente, agregó “el Banco de Previsión Social paga unas 15.000 Ayudas Especiales y cerca de 7.000 OTES, cuyos beneficiarios, reitero, pueden ser los dos colectivos: los beneficiarios de Pensiones por Invalidez y los de Asignaciones Familiares dobles”.
Ahora bien, se preguntó Murro, “¿por qué decimos que no ha habido una disminución de las prestaciones? Porque durante esta Administración se han aumentado las Ayudas Especiales: de las 12.000 que había en el año 2004 se ha pasado a cerca de 16.000 entre 2006 y 2007. No es cierto, entonces, que este Directorio haya hecho recortes, sino que, por el contrario, ha aumentado en forma significativa la cantidad de prestaciones y de Ayudas Especiales que otorga. Y lo propio ha sucedido con las OTES”.
Por otra parte, “no todos estos institutos son tan interdisciplinarios como dicen. Algunos son excelentes instituciones, indispensables para el país, y otros son lamentables. Ya hemos señalado cómo estamos trabajando para instrumentar esta reforma, pero vuelvo a reiterarlo. Tenemos a 21 técnicos y funcionarios trabajando, en forma interdisciplinaria, para la reforma del régimen de Ayudas Especiales; entre ellos, podemos mencionar asistentes sociales y psicólogos, es decir, profesionales de las especialidades que el tema involucra”.
Según Murro, “estos institutos tienen un importante apoyo del Banco de Previsión Social, a través de las Ayudas Especiales, y también de las OTES, porque algunos reciben las dos cosas. Tenemos un registro de instituciones vinculadas a la discapacidad; si la memoria no me falla, son doscientas cincuenta”.
Finalmente, el BPS prorrogó estas prestaciones por seis meses a partir del 1º de enero de 2008.
“Denuncias Penales”
El director del BPS, Ariel Ferrari reveló que en el marco de la política de calidad del organismo en prestaciones por discapacidad “esta Administración está preocupada por ello y ha venido haciendo cambios: se han eliminado de la lista algunos institutos y se han hecho denuncias penales por cobros indebidos”.
“La falta de control del BPS era tal que permitía que un usuario pudiera solicitar una Ayuda Especial en Maldonado y otra en San Carlos, y como no había un contralor entre una sucursal y la otra, quizás se otorgaba en los dos lados. Si bien esto ocurrió en otro departamento, sirve como ejemplo para dar una idea de cómo se multiplicaban las prestaciones, quizás, por una docena de beneficiarios. Esto no sólo determinó la baja de la institución, sino también una denuncia penal que ahora está en proceso”, comentó Ferrari.
No obstante, “debemos reconocer que lo hecho es insuficiente y que todavía falta coordinación de políticas en lo que tiene que ver con la educación y el Estado”.
Expuso como ejemplo el caso de “una niña que asistía a un instituto, que su padre era militar y por eso ya recibía una ayuda, por parte de la madre tenía la Asignación Familiar, además el INDA les daba el alimento seco y el BPS hacía el aporte correspondiente al instituto al que concurría. A su vez, la Intendencia Municipal suministra carne o leche al instituto y todos estos son recursos del Estado que, en muchos casos, alcanzan los $ 9.000 o $ 10.000 por beneficiario”.
Ferrari puntualizó que “no estoy proponiendo recortar este aporte, pero es necesario que se tenga en cuenta que quizás hay otras personas que no acceden a ese derecho porque tienen una discapacidad de menos del 66%, lo que determina que no reciban una pensión o a una Ayuda Especial”.
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