FUCVAM, la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida (CNDAV) y REDES-Amigos de la Tierra Uruguay declaran su profundo rechazo a la determinación del Poder Ejecutivo anunciada el lunes 8 de octubre de 2007, de prohibir la realización de asambleas o manifestaciones sociales en la ciudad de Fray Bentos. Consideran que la medida del gobierno uruguayo es una limitación inadmisible de los derechos de libre expresión y reunión que garantiza nuestra Constitución nacional.
Además, la nueva disposición profundiza gravemente una continua actitud del actual gobierno tendiente a defender los intereses de la empresa finlandesa Botnia y así honrar el Tratado de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones firmado en 2004 entre Uruguay y Finlandia.
Botnia es una corporación transnacional instalada en el país con unas 100.000 hectáreas forestadas con eucaliptos -con las consecuencias ambientales y sociales que esto conlleva-, y una planta de celulosa que es una amenaza ambiental grave para nuestro país.
(Montevideo, 10/10/07) FUCVAM, la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida y REDES-Amigos de la Tierra Uruguay, repudian la decisión del gobierno nacional de prohibir las manifestaciones sociales en Fray Bentos, por considerar que de esa forma se coartan derechos fundamentales de la población uruguaya como los que consagran la libertad de expresión y reunión.
«Vamos a hacer regir en todos sus términos la legislación vigente y no vamos autorizar en ese lugar (Fray Bentos) ninguna concentración, ni asamblea ni nada que se le parezca», anunció a la prensa el lunes 8 de octubre la Sra. Ministra del Interior, Daisy Tourné, citada por el sitio web de la Presidencia de la República. Tourné explicó que la resolución pretende evitar enfrentamientos entre ciudadanos de Fray Bentos perjudicados por los cortes de ruta y manifestantes. La nueva medida se apoya en una ley que incluye la necesidad de pedir autorización para la realización de manifestaciones, autorización que será negada a partir de ahora por el Ministerio del Interior. «Se trata de un decreto ley del siglo XIX», explicó el martes a 1410 AM LIBRE el constitucionalista y Senador socialista José Korzeniak.
REDES-Amigos de la Tierra Uruguay y la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida consideran que la medida del Poder Ejecutivo lo que realmente busca es evitar las manifestaciones de uruguayos en contra de Botnia y se encuadra fundamentalmente en el cumplimiento del Tratado de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre Uruguay y Finlandia. Ese tratado bilateral asegura a Botnia la posibilidad de reclamarle al Estado uruguayo indemnizaciones por los perjuicios que pudieran provocarle a su imagen corporativa las manifestaciones de la ciudadanía en su contra.
No obstante, no es la primera vez que el gobierno de Uruguay realiza una defensa férrea y por demás cuestionable de los intereses de la empresa Botnia. En diciembre de 2006 un decreto del Poder Ejecutivo encomendó al Ejército montar una guardia perimetral del predio de Botnia en Fray Bentos, al tiempo que se dispuso que la Policía se ocupara de la seguridad y vigilancia dentro del establecimiento.
La prohibición de movilizaciones en Fray Bentos va en la misma dirección.
Los uruguayos que quieran manifestar su rechazo a la instalación de Botnia en el país, preocupados por la consolidación del modelo forestal a gran escala, excluyente y en manos de transnacionales, y por el riesgo que significa dicho emprendimiento celulósico para su salud y el medio ambiente, no podrán hacerlo. Sorprende que esta medida provenga de un gobierno progresista cuando a nivel internacional está reconocido el derecho de los pueblos a manifestar su oposición al creciente control de los territorios por parte de las corporaciones transnacionales.
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