Representantes de organizaciones sociales presentaron este jueves 18 de octubre de 2007, a título individual, una acción de amparo ante el Juez Pablo Eguren, del Juzgado Letrado de lo Contencioso Administrativo de Tercer Turno, ante la denegatoria ficta del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de hacer lugar a una petición de información realizada por varias organizaciones ambientalistas y productivas en el mes de mayo. Dicha petición implicaba conocer los fundamentos manejados por la empresa española ENCE –dedicada a la producción de pasta de celulosa-, para su solicitud de operar en el departamento de Colonia en régimen de «zona franca». El recurso que en esta oportunidad se interpondrá aparece como la única vía eficaz para garantir aquello que flagrantemente se ha visto lesionado: el acceso a la información y los restantes derechos que de ella dependen para su pleno ejercicio.

De darse lugar a la acción de amparo, en 72 horas se convocaría a una audiencia entre las partes.

(Montevideo, 18/10/2007) El pasado 8 de mayo, representantes de REDES-Amigos de la Tierra Uruguay, el Grupo Guayubira, la Casa del Pueblo Arco Iris (Tarariras, Colonia) y la Asamblea por un Uruguay Natural Multiproductivo, solicitaron al Ministerio de Economía y Finanzas una copia de la solicitud de autorización de

ENCE para la explotación de zona franca y otra copia de su proyecto de inversión, lo cual fue denegada con fecha del 5 de octubre de 2007.

Esta nueva acción pretende hacer efectivo el derecho a la información, sin el cual la participación ciudadana como manera de control del accionar político y por tanto como garantía para la plena democracia, no es posible.

El acceso a la información es un derecho en sí mismo así como un medio necesario para el ejercicio de otros, ya que la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales está supeditada en gran medida a la definición previa de la conducta debida por el Estado y la misma resulta a su vez imposible sin información previa acerca de la situación de cada derecho. Como derecho humano fundamental -derivado del derecho a la libertad de expresión-, supone: recibir información sin ser perturbado e investigar sin ser obstaculizado. Además se constituye como esencial para hacer efectiva la transparencia de la acción y gestión de los gobernantes y autoridades públicas; y por tanto esencial para la democracia.

El ejercicio del derecho a la información tiene como contracara el deber de las Autoridades Públicas de informar con rectitud, sin deformaciones ni abusos. El derecho a la información se encuentra consagrado en nuestra Constitución, en los artículos 7 y 72, así como en la legislación internacional (Declaración de Río, entre

otras). En materia ambiental, puntualmente, el acceso a la información pública tiene una regulación normativa específica que lo refuerza, el artículo 47 de la carta magna, en el cual se establece que:

«La protección del medio ambiente es de interés general. Las personas deberán abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación graves al medio ambiente. La Ley reglamentará esta disposición y podrá prever sanciones para los transgresores».

Y por su parte su artículo 50 dispone:

«El Estado orientará el comercio exterior de la República protegiendo las actividades productivas cuyo destino sea la exportación o que reemplacen bienes de importación. La ley promoverá las inversiones destinadas a este fin, y encauzará preferentemente con este destino el ahorro público».

Organizaciones como REDES-AT y el Grupo Guayubira han advertido en repetidas ocasiones sobre los riesgos ambientales y sociales que implica la producción a gran escala de pasta de celulosa. En ese sentido, también han denunciado las consecuencias sociales, económicas y ambientales del modelo forestal uruguayo,

caracterizado por las grandes extensiones de monocultivos de eucaliptos y pinos.

Ese modelo forestal se consolida con el desarrollo de la industria de la celulosa, que necesita de la madera como materia prima y es ambiental y socialmente insustentable. En ello contradice el artículo 50 de la Constitución, que consagra un paradigma de desarrollo productivo (además, conforme la reforma de 1996, regional y ecológicamente sustentable). Estas organizaciones han señalado, asimismo, que desde la aprobación de la Ley Forestal en 1987 las empresas forestales están liberadas del pago de impuestos, beneficio que se extiende ahora a las compañías dedicadas a la producción de pasta de celulosa y que sin embargo no se aplica a los productores agropecuarios.

Por más información:

Oscar Díaz

Asamblea por un Uruguay

Natural Multiproductivo. Colonia

0520 4158 – 096829893

asamblea@uruguay-natural.org

Nahuel Borgogno

Casa Pueblo Arco Iris. Tararira Colonia

099350096

05743525

María Selva Ortiz

REDES-Amigos de la Tierra Uruguay

099259822

9082730

agua@redes.org.uy

Dr. Javier M. Palummo

REDES-Amigos de la Tierra Uruguay

099680657

Ricardo Carrere

Grupo Guayubira

4132989, 4100985

info@guayubira.org.uy

rupo Guayubira

Maldonado 1858

Montevideo 11200 – Uruguay

tel: 413 2989 – fax: 410 0985

http://www.guayubira.org.uy

e-mail: info@guayubira.org.uy