El presidente Tabaré Vázquez analizará este lunes 30 de julio de 2007 con su gabinete la decisión del gobierno español de continuar deportando ciudadanos uruguayos y las medidas a adoptar. El tema será planteado al Consejo de Ministros por el canciller Reinaldo Gargano.
“Mañana (por hoy) plantearemos este tema al Consejo», aseguró anoche el canciller a Ultimas Noticias. El presidente Vázquez viajará a España en setiembre, en el marco de una gira por diversos países europeos, por lo que no se descarta que plantee el tema directamente ante el gobierno español.
«Si alguien lleva el tema ante el Consejo, tiene que ser Gargano», expresó ayer el ministro de Trabajo, Eduardo Bonomi, ante la relevancia adquirida por las deportaciones. Por su parte el ministro de Ganadería, José Mujica, indicó a Ultimas Noticias que «ese asunto está complicado. Dentro de poco el presidente viajará a España y ahí se verá lo que pasa».
El vicepresidente Rodolfo Nin Novoa también reconoció que existe una «preocupación importante» respecto al hecho de que «se está violando un derecho elemental de cualquier viajero o inmigrante, que es el derecho a una asistencia consular, lo que es práctica común en todos los países del mundo». Uno de los aspectos destacados como más graves por el canciller cuando se tomó conocimiento de las deportaciones fue que las autoridades españolas en ningún momento tomaron contacto con el Consulado uruguayo, cuyos funcionarios se enteraron del tema «de casualidad» y «en ningún momento pudieron contactarse con los ciudadanos». El Ministerio de Relaciones Exteriores no pudo hacer nada para mejorar la situación de los uruguayos detenidos o evitar su deportación, ya que la decisión dependió en forma exclusiva de las autoridades migratorias españolas.
«El diálogo y el acuerdo» serán los caminos que buscará el gobierno para lograr un acercamiento con su par español sobre este tema, según afirmó Nin Novoa. El vicepresidente dijo ayer que «la Cancillería está tomando los recaudos correspondientes, va a hacer el planteo oficialmente y trataremos de encontrar las soluciones como siempre. La preocupación es grande».
Para entrar a España en la actualidad, el pasajero uruguayo debe presentar una carta de invitación en original certificada por funcionarios policiales. Además, se exige la presentación de un equivalente a un salario mínimo de 600 euros y la acreditación de 59 euros diarios por cada día que la persona desee permanecer en España. Según dijo Gargano el viernes, si se cumpliera con el Tratado de 1870 debería haber «un trato preferente para los uruguayos pero España ahora está más dispuesta a cumplir con la Unión Europea que con nosotros. Eso tiene que cambiar».
La semana pasada, el gobierno chileno también presentó quejas ante la Unión Europea por las dificultades que pone España para el ingreso de sus ciudadanos.
La expulsión de ciudadanos uruguayos de España, cuya Corte Suprema considera derogado el Tratado Internacional de 1870, ha generado preocupación en el gobierno desde su asunción. De hecho, Gargano inició conversaciones con el gobierno español en 2005, cuando la Ley de Extranjería hacía peligrar la permanencia de más de diez mil uruguayos. Si bien la expulsión masiva pudo ser detenida, las deportaciones se mantuvieron como una constante y la semana pasada tomaron particular relevancia debido a las denuncias de nueve uruguayos que aseguraron haber sido mal tratados y expulsados del aeropuerto de Barajas pese a tener, en uno de los casos, reserva en un hotel y dinero suficiente para la estadía. «Que no me los traten mal», dijo Gargano visiblemente molesto el viernes ante los medios de prensa. El canciller no descartó la posibilidad de contactarse con el gobierno español para hacer saber su molestia, pero la medida quedó en suspenso hasta hoy, cuando planteará el tema directamente al presidente Vázquez.
JUICIO AL ESTADO
Martín Silva, uno de los jóvenes de España, evalúa plantear un juicio contra el Estado español por los daños y perjuicios sufridos al perder el dinero del pasaje y del hotel que ya había contratado. La información divulgada por El Espectador fue suministrada por Enrique Silva, padre del chico de 20 años, quien aseguró que su hijo, que retornó el sábado a Montevideo, presentaba un golpe en la frente por el maltrato de los funcionarios de Migración del aeropuerto de Barajas. «Yo no quiero hacer plata de esto; quiero cobrar lo que me corresponde, lo que no pude utilizar», sostuvo.
Fuente: Diario Últimas Noticias. www.ultimasnoticias.com.uy