El pasado martes 12 de junio de 2007, durante la hora previa del Senado, el legislador Gustavo Penadés (Herrerismo) se refirió a la situación que se viene dando con relación a los vehículos con motor a gasoil que tienen el sistema HDI.
Textualmente, expresó:
«Como consecuencia de la pésima calidad del gasoil que produce actualmente ANCAP, estos vehículos están teniendo serios problemas que realmente le ocasionan perjuicios en su funcionamiento y que lleva a que, a la mitad de los kilómetros en que estaba previsto, deban hacer mantenimiento y correcciones, producto del deterioro que produce el exceso de azufre del combustible que está refinando ANCAP hoy en día.
El perjuicio económico que se está ocasionando a miles de compatriotas que invirtieron no poco dinero en la compra de su vehículo es impresionante. Varias marcas han anunciado ya que han dejado de importar y que no pondrán más a la venta en el mercado nacional vehículos con este sistema de motor, debido a que no quieren hacerse responsables de los daños que la pésima calidad del gasoil uruguayo les ocasiona. Sin embargo, el daño no repercute solamente en el motor, señora Presidenta, sino también en el bolsillo de los ciudadanos que invirtieron sus recursos en comprar estos vehículos y que hoy se ven tremendamente perjudicados.
Repito que estos vehículos fueron pensados para recibir los primeros mantenimientos de alto nivel cuando han recorrido más de 300.000 kilómetros, pero en muchos de ellos ha debido abrirse el motor a los 150.000 kilómetros o menos. ¿Quién paga dicho perjuicio? El pobre ciudadano que tuvo la mala idea de hacer una inversión no menor en dólares con una enorme presión tributaria para comprar estos vehículos.
La pregunta que uno se plantea es quién defiende a estos ciudadanos. ¿Quién hace que la inversión en algo que se ha deteriorado, se les resarza de alguna manera, que la puedan recuperar o, en todo caso, que el vehículo pueda seguir manteniendo su valor? Estos ciudadanos hoy se ven perjudicados por algo que no ha sido responsabilidad de ellos, que es el refinamiento de un pésimo combustible.
Creo que este tipo de situaciones que afecta a no pocas personas sino a miles de uruguayos, deberían ser consideradas por el Gobierno con mucha atención. Asimismo, pensamos que instituciones como la Liga de Defensa Comercial o las que defienden al consumidor, deberían tomar cartas en el asunto exigiendo la inmediata atención de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland en el sentido de mejorar de inmediato la calidad del gasoil que produce o de pensar en la importación de gasoil refinado, que en la región se produce con mejores estándares de calidad. Tomando estas medidas se dejaría de perjudicar a tantos orientales que hoy, lamentablemente, se ven afectados por una razón absolutamente exógena a sus responsabilidades.
En razón de lo expuesto, señora Presidenta, solicito que la versión taquigráfica de mis palabras pase al Ministerio de Economía y Finanzas, a ASCOMA, a la Liga de Defensa Comercial, a la Liga Uruguaya de Defensa del Consumidor y a la Administración Nacional de Combustible, Alcohol y Pórtland».