Con menos asistentes de lo que se esperaba, a raíz de las intensas lluvias caídas, la presencia de varias autoridades del gobierno y críticas sobre la conducción de la política económica de la administración Vázquez, el PIT-CNT realizó ayer el acto central en conmemoración del Día de los Trabajadores. El presupuesto para la educación y el cumplimiento de la meta del 4,5% del PBI al final del período, el proyecto de ley de reparación económica para los familiares de policías y militares que murieron durante la dictadura y la convocatoria formal al 2º Congreso del Pueblo, fueron los aspectos que más se destacaron de la extensa proclama leída por los dirigentes sindicales Juan Silveira y Jorge Taborda.
Pese a la lluvia, la central sindical congregó a unas 15 mil personas en el acto central en Montevideo.
Tras finalizar los actos, Sepredi difundió los contenidos de las cadenas de radio y TV tanto del ministro de Trabajo Eduardo Bonomi como de la proclama del acto central del PIT-CNT en el Día Internacional de los Trabajadores.
Entre 15 mil y 20 mil personas según cifras aportadas por los organizadores se congregaron ayer en el acto central conmemorativo del Día de los Trabajadores que impulsó el PIT-CNT. En el escenario, que se levantó sobre la Avenida del Libertador Juan Antonio Lavalleja y la calle Mercedes, se podía divisar una imagen, pintada a mano, del líder histórico de la central sindical, José D´Elía, y una gigantografía del primer presidente de la central previo a la dictadura y luchador por los derechos humanos, Hugo Cores, ambos recientemente fallecidos. Se trata del primer acto de la central sin la presencia física de D´Elía y de Cores, a quienes se recordó sentidamente.
En el fondo del escenario se exhibieron los principales reclamos sindicales, entre ellos: «Más y mejores puestos de trabajo, por una ley de negociación colectiva, transformación del Estado y desarrollo productivo, justicia social, cambios en la política económica, reforma del sistema de la salud y hacia una ley de educación».
En tanto que, entre los trabajadores, se levantaron banderas del Frente Amplio y de distintos sectores de la izquierda y también variadas pancartas mediante las cuales organizaciones sociales y sindicales plantearon sus reclamos.
Entre ellas, se destacaron los requerimientos de la Asamblea Nacional de Ex Presos Políticos del Uruguay (Crysol), que reclaman «anular» la Ley de Caducidad, porque «sin verdad y justicia no hay memoria».
También se podía apreciar un pasacalle de los funcionarios guardahilos de Antel exigiendo «la renuncia del directorio» del organismo.
Asimismo, se erigió una enorme pancarta firmada por el Sindicato Unico Nacional de la Construcción y Afines (Sunca), a través de la cual se expresaba rechazo por la reciente visita del presidente de Estados Unidos, George W. Bush, a Uruguay. «Fuera Bush del Uruguay y de la Patria Grande». Incluso, la Asociación de la Prensa del Uruguay (APU) requirió «mayor libertad de expresión».
Al acto asistieron los ministros José Mujica (Ganadería), Reinaldo Gargano (Relaciones Exteriores), Jorge Brovetto (Educación), Mariano Arana (Vivienda), María Julia Muñoz (Salud) y Héctor Lescano (Turismo), los subsecretarios José Bayardi (Defensa), Martín Ponce de León (Industria), Miguel Fernández Galeano (Salud), Felipe Michelini (Educación) y Jorge Bruni (Trabajo).
También estaban presentes el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Enrique Rubio; el presidente del Banco Central del Uruguay, Walter Cancela; la presidenta de Antel, María Simón; el director de la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicación, León Lev; el director general de Salud Pública, Daniel Olesker, y el director general de Trabajo, Julio Baráibar, además de legisladores frenteamplistas.
El único parlamentario de la oposición que se encontraba entre las autoridades fue el senador nacionalista Julio Lara (Alianza Nacional), mientras que el senador Gustavo Lapaz Correa y el diputado Pablo Abdala, ambos herreristas, remitieron sendos mensajes de salutación y adhesión.
Al inicio del acto la dirigente estudiantil Virginia Ramos, en representación de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, reclamó la derogación de la Ley de Caducidad y rechazó el proyecto de ley de reparación de familiares de víctimas de los enfrentamientos armados que impulsó el diputado colorado Daniel García Pintos y que recogió el Ejecutivo. También rechazó la «penalización» de la protesta.
Por su parte, el representante de la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu), Paulino Borrás, remarcó que a pesar de las mejoras impulsadas por el gobierno aún «persisten las jubilaciones miserables».
Sin embargo, unas de las exposiciones más críticas partió de parte de Daniel de Souza, de la Federación Uruguaya de Cooperativas por Ayuda Mutua (Fucvam), quien señaló que el problema del gobierno es «la política económica», a la que comparó con «una sábana corta» ya que por querer «cubrir la cabeza, se dejan los pies a la intemperie».
También hicieron uso de la palabra el representante de la Central de Trabajadores de Cuba, Manuel Ríos, y Blanca Gómez en representación de la Coordinadora Obrera de España.
Por otra parte, se procedió a la lectura de un comunicado del Sindicato Unico de Telecomunicaciones (Sutel), mediante el cual los trabajadores ponen en conocimiento de la población que, «ante el desconocimiento del Directorio de Antel tanto de la organización sindical como de los derechos laborales de los trabajadores del call center», han resuelto ocupar el sector, deslindando toda responsabilidad por la afectación del servicio.
Estando aún en curso la oratoria del acto central, irrumpió por Avenida del Libertador una columna proveniente del «contraacto» realizado en la Plaza 1º de Mayo. En ese trayecto se produjeron algunos forcejeos entre manifestantes y se registró la rotura de vidrios de un taxímetro y de la fachada de un local comercial de la Cooperativa Policial.
Pocos minutos después, los manifestantes se retiraron del lugar y se dispersaron.
El dirigente Juan Silveira se encargó de aclarar que «el acto era de los trabajadores y de la unidad, donde no hay oficialistas ni opositores, sino la clase obrera organizada», en un claro mensaje a la interna del PIT-CNT y en particular a aquellos sectores radicales de izquierda que tildaron a la cúpula de la central obrera de progubernamentales y organizaron un acto aparte del tradicional.
El movimiento sindical aprovechó el acto del 1º de Mayo para realizar un balance de los dos años del gobierno progresista. En tal sentido, el PIT-CNT entiende que el contexto político actual es «de una fase de tránsito, de un gobierno en disputa», dado que «pese a que otras fuerzas sociales (izquierda) hayan accedido al gobierno, esto no implica el acceso al poder», según dijo uno de los oradores centrales del acto, el dirigente Jorge Taborda.
El PIT-CNT sostiene que «los resortes fundamentales del poder los siguen manteniendo los ámbitos de las altas finanzas, las cámaras empresariales, sectores de la alta burocracia del Estado, los mandos de las Fuerzas Armadas y los oligopolios de la comunicación», señaló Taborda.
Acto seguido, el dirigente señaló que «la ideología (de estos sectores) seduce y permea inclusive a múltiples sectores de la tecnocracia de la propia fuerza de gobierno (FA) y es por ello que se trata de un gobierno en construcción, de un gobierno en disputa».
Como ejemplo de esta situación, la proclama del PIT-CNT indicó que por un lado «el gobierno aplica una política macroeconómica ortodoxa que impone restricciones a la construcción de un Uruguay Productivo» y por el otro lado «la vía de los Consejos de Salarios y el proceso de regularización de lo que el capital había desregulado, induce a la organización de la clase obrera».
Por tanto, según la proclama del PIT-CNT es necesario consolidar ese «gobierno en construcción» y para ello hizo un llamamiento formal a las demás organizaciones sociales para llevar adelante este año el 2º Congreso del Pueblo.
Educación peleará por el 4,5%
«El proceso de cambios que comenzó hace dos años presenta elementos de avance que incluyen a las grandes mayorías de nuestro pueblo, como ser: Ley de Fueros Sindicales, ley de tercerizaciones, de prescripciones de créditos laborales, los Consejos de Salarios, el Plan de Emergencia, la disminución del desempleo, avances en la investigación sobre los crímenes cometidos por la dictadura, la prisión de Bordaberry y de Blanco», dijo Taborda al leer la proclama.
Sin embargo, el mismo dirigente sindical sostuvo que «hay una necesidad de renegociar la deuda pública» para poder invertir parte de ese dinero en el propio desarrollo del Uruguay. En este contexto, una de las principales críticas del movimiento sindical para con el gobierno es el dinero que éste le ha destinado a la Educación en el proyecto de Rendición de Cuentas.
En tal sentido, Taborda señaló: «Sepa ministro (Danilo) Astori que la educación no va a dejarse trampear el 4,5% del PBI para su presupuesto. Sépalo bien, aunque esté en el exterior como estuvo el año pasado, ministro Astori, que sin educación, salud, vivienda y ocio para que el trabajador confraternice, no habrá patria para todos».
Tercerizaciones y aborto
En el capítulo en el cual se abordó el tema de las tercerizaciones laborales, el otro orador central, el dirigente Juan Silveira, señaló que las mismas «han significado la más burda e impune violación de las normas laborales y los derechos de los trabajadores, en donde las patronales e incluso el Estado han aprovechado esta modalidad para evadir responsabilidades», dijo Silveira.
Empero, acto seguido el dirigente sindical sostuvo que pese a que el gobierno aprobó una ley de tercerizaciones que no es la que plantea el movimiento sindical, «es un avance para terminar con los contratos basura, los salarios de hambre y las listas negras», concluyó.
Silveira sostuvo que el movimiento sindical está dispuesto a discutir en su totalidad «una negociación colectiva, pero no que sea sólo un instrumento para regular las ocupaciones de los lugares de trabajo, sino que también pretendemos impulsar una alternativa al régimen de seguridad social imperante, que debería ser sin Afaps y por este tema es que relanzaremos una campaña de desafiliación», subrayó.
El PIT-CNT también exigió «que se apruebe la ley de Salud Sexual y Reproductiva (aborto) y que el gobierno deje de lado las especulaciones políticas».
Anular la Ley de Caducidad
El PIT-CNT calificó como «un resquebrajamiento de la impunidad construida por los gobiernos colorados y blancos, el procesamiento de ocho terroristas de Estado y el del ex presidente de facto, Juan María Bordaberry, y el canciller de la dictadura, Juan Carlos Blanco».
Sin embargo y pese a esos avances, el PIT-CNT lanzó formalmente una campaña nacional de recolección de firmas para anular la Ley de Caducidad ya que la misma «es una lacra que impide el pleno accionar de la Justicia y su anulación es un imperativo democrá- tico ineludible», dijo Silveira.
Además, en esta área la central obrera criticó también «que el gobierno haya hecho suyo el proyecto de reparación económica elaborado por la autodenominada Asociación 14 de Abril (que lidera el diputado colorado Daniel García Pintos), que constituye una aberración política, jurídica y ética».
Silveira sostuvo que «resulta agraviante que se pretenda equiparar a compañeros como Elena Quinteros, Fernando Miranda, Walter Medina y todos los que dieron sus vidas por la democracia, con los asesinos de la dictadura.
Cuando se habla de ´nunca más´ se debe tener claro que es nunca más al terrorismo de Estado», sentenció Silveira.
El PIT-CNT también rechazó el fallo judicial que procesó bajo el delito de sedición a un activista de Plenaria Memoria y Justicia, en la marcha anti-Bush realizada el 9 de marzo. «La terminología de ´sedición´ nos retrotrae a la época del terrorismo de Estado», agregó el dirigente sindical.
Política de tierras
El gobierno debe definir rápidamente la política de tierras para repoblar la campaña y en tal sentido la central obrera planteó que «es necesario rediseñar un esquema de tenencia de tierras en función de los miles de uruguayos que la quieren trabajar y no la tienen y es por eso que el Instituto Nacional de Colonización debe hacer un análisis de las tierras que posee para determinar quiénes son los colonos que tienen tierras y ver si pagan renta y si producen, porque hasta este momento las tierras fueron entregadas con un criterio netamente clientelístico, político partidario, sin tener en cuenta el desarrollo productivo», sentenció Silveira.
Fuente: Diario La República. www.larepublica.com.uy