Tras el escándalo que generó el envío de ayudas a gallegos residentes en Uruguay en una fecha considerada clave, la directora gerente de la Fundación Galicia Emigración, la española Pilar Pin Vega, presentó este miércoles 2 de mayo su dimisión tras admitir que fue un «error» gestionar esos subsidios que otorga la Xunta de Galicia -el gobierno autónomo- a sus ciudadanos en el exterior.

La polémica se desató porque algunos sectores políticos consideraron fraude realizar los envíos en plena época pre-electoral. El próximo 27 de mayo se celebran las elecciones provinciales en España, un país que contempla el voto epistolar. La comunidad gallega en Uruguay resulta un bastión importante para los políticos de Galicia, ya que significa un sufragio de más de 40.000 votos.

De hecho en las últimas elecciones, el voto de los gallegos residentes aquí fue decisivo, pues rompió con una tradición que siempre daba como ganador al Partido Popular (PP) y puso al frente al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el sector que integra José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del gobierno español.

El País de Madrid en su edición gallega publicó que el secretario general del PSOE en Uruguay y delegado de la mencionada fundación, José Antonio Fernández, repartió el pasado miércoles 344 cheques asistenciales por valor de 300 euros (unos 408 dólares) cada uno, a otros tantos emigrantes gallegos en un céntrico hotel de Montevideo.

Por su parte, el presidente del conservador PP de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, había pedido la dimisión del responsable del gobierno gallego que tramitó esas ayudas y consideró «lamentable» la actuación del Ejecutivo regional por hacer entrega de los cheques asistenciales en periodo pre-electoral, lo que representa un uso «fraudulento».

En tanto, el presidente regional, el socialista Emilio Pérez Touriño, considera un «error grave», del que se derivan responsabilidades políticas, el «momento y la forma del procedimiento» para hacer efectivas las ayudas «legales» a las que tienen derecho los emigrantes.

Ahora, el presidente del gobierno gallego aceptó la dimisión de Pin Vega y dio «instrucciones concretas» a la Secretaría General de Emigración para que arbitre un nuevo mecanismo de reparto de ayudas que, mediante la transferencia bancaria, evite la entrega en mano de cheques.

De este modo se eliminará el vínculo «directo» entre la administración y los emigrantes, lo que permitirá disipar «toda duda sobre la transparencia, la limpieza y las garantías del sistema», indicó hoy el Gobierno gallego en un comunicado.