Los legisladores oficialistas Edgardo Ortuño, Carlos Maseda, Pablo Álvarez López, Gustavo Bernini, Doreen Ibarra, Gonzalo Mujica, Carlos Varela y Álvaro Vega presentaron un proyecto de ley por el cual “se consideran Talleres de Producción Protegida aquellas instituciones u organizacines sin fines de lucro que cuenten con personería jurídica, y que produzcan bienes o presten servicios, con el objetivo de capacitar y ocupar laboralmente a personas con discapacidades que no estén en condiciones de integrarse al mercado laboral abierto.
La iniciativa ingresó en marzo de 2007 y fue derivada a la Comisión Especial de Población y Desarrollo.
En la exposición de motivos se señala que “resulta una realidad que este conjunto de personas de carácter heterogéneo -como son las personas con discapacidad- se enfrentan con la discriminación a la hora de conseguir empleo. La influencia de la economía de mercado y sobre todo en países subdesarrollados como el nuestro, se manifiesta en sistemas de producción orientados a la reducción de costos y a la libre competencia estructural no dando prioridad a absorber la oferta de mano de obra”.
Por tanto, “dentro de la lógica del sistema de mercado, los primeros en ser
desplazados de las posibilidades laborales, son los individuos que tienen alguna limitación física, mental o sensorial. Además el empresario busca obtener la mayor ganancia al menor costo posible, por lo que su planificación
económica-financiera no considera lógico contratar a una persona cuya capacidad productiva sea aparentemente escasa o mermada”.
La última encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística arroja como resultado que solamente la quinta parte de la población con discapacidad de 14 años o más participa en el mercado de trabajo. Su tasa de actividad es muy baja en relación a la población sin discapacidad (19,6% contra 62,4%).
Asimismo, “resulta trascendente además que solamente un 16,5% de la población con discapacidad económicamente activa está empleada, porcentaje que contrasta con el empleado dentro de la población sin discapacidad económicamente activa, que asciende al 53,4%”.
“Buena parte de esa posición desventajosa que ocupan estas personas en el mercado de trabajo, se debe también a una buena dosis de desinformación, prejuicios e infundados estereotipos que fundamentan una convicción social (sobre bases falsas) acerca de la verdadera aptitud de la persona con discapacidad para el trabajo”, agregan los legisladores del FA.
Estiman que “resulta también notorio que este grupo ‘vulnerable’ de personas afronta también serias dificultades una vez ya insertos en el mercado de trabajo, con problemas que si bien en países subdesarrollados como el nuestro pueden
ser denominador común con otra clase de trabajadores, en estas personas
se potencian a su máxima expresión”.
Nos referimos, aluden, “a la obtención de trabajos mal pagos, en condiciones precarias o no decentes, o sometidos a condiciones de explotación, inseguridad, inestabilidad”.