El diputado Bertil Bentos (Alianza Nacional) presentó en marzo de 2007 un proyecto de ley por el cual se modifica el monto para los beneficiaros que viven en zonas rurales.
El texto de la iniciativa señala lo siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo 1º.- Se aumenta el monto del beneficio de asignaciones familiares para aquellos beneficiarios residentes en localidades apartadas a más de veinte kilómetros de ciudades y localidades urbanas.
Artículo 2º.- Dicho monto será de un 50% (cincuenta por ciento) más de lo que le corresponde a un beneficiario residente en ciudades o localidades.
Artículo 3º.- El Banco de Previsión Social (BPS) deberá realizar una declaración jurada sin excepciones de cada beneficiario, teniendo como objetivo determinar el lugar de residencia del mismo.
En la exposición de motivos, Bentos considera los siguientes elementos:
“Las localidades ubicadas en el interior del interior del país corren siempre en desventaja con las ciudades capitales en los más diversos órdenes: salud, educación, prestaciones en dependencias del Banco de Previsión Social, Oficinas de Identificación Civil, transporte, comunicaciones, etcétera.
Niños que deben realizar varios kilómetros para llegar hasta la escuela, personas que deben ser asistidas con urgencia en un centro asistencial y que no sea la policlínica de la localidad, el cobro de prestaciones del BPS en localidades apartadas, debiéndose hacer coincidir los horarios de transporte, si es que ese día la línea pasara por tal paraje, que algún vecino los acerque o logren conseguir locomoción de paso para trasladarse.
En muchos de los casos deben permanecer alejados de sus lugares de residencia por más de veinticuatro horas hasta que le coincidan los horarios de transporte, lo que se torna en un verdadero problema.
Es decir, siempre el ciudadano del interior del interior del país corre en desventaja, como si se tratase de un ciudadano de segunda clase.
Uno de los grandes temas que preocupan está ligado directamente con la prestación de asignaciones familiares, cuyo monto es igual para todos los niños del país.
Es aquí donde queremos que los habitantes del interior del interior del país, marquen su diferencia, teniendo en cuenta los gastos que muchos de los padres realizan para trasladarse hasta el lugar donde se abonará la retribución.
Este tipo de situaciones, sumadas a otras han motivado que nuestro país esté sufriendo un proceso migratorio campo-ciudad.
Un informe divulgado el año pasado por el Instituto Nacional de Estadística, a partir de proyecciones sobre los datos definitivos del censo de junio del año 2004, indica que la población del Uruguay crecerá un 6,4% en las próximas décadas y pasará a tener 3,5 millones de habitantes, en tanto la población rural descenderá un 30% y por lo tanto crecerá en la misma medida la concentración en ciudades y localidades urbanas.
De persistir este triste perfil, la población rural uruguaya será solo del orden de las 150.000 personas, lo que vale decir un 4% del total.
Es por eso que pretendemos mejorar estos aspectos, propiciando que para aquellas localidades apartadas a más de 20 kilómetros de ciudades y localidades urbanas, se paguen asignaciones familiares diferenciales, atendiendo a las necesidades de los habitantes del interior del interior del país”.