Con el reclamo a los gobiernos de Uruguay y España de «diálogo, voluntad y solución», la Federación de Asociaciones y Casas de Uruguayos en España (FAYCUE) convocó para el próximo sábado 3 de marzo a llevar a cabo un «Ayuno por reconocimiento del Tratado de 1870».
La medida a desarrollarse entre la hora 10 y la hora 20 prevé la consumición de líquidos.
Los compatriotas residentes en España estiman que «la solución se debe instaurar en el ámbito parlamentario, creando una Comisión interparlamentaria (España – Uruguay), en que al menos los actores sociales involucrados seamos consultados, que la misma establezca normas claras sobre ‘la cuestión del régimen de entrada, trabajo y residencia de los ciudadanos uruguayos mediante la aplicación de los criterios más favorables’, y que las Administraciones demuestren certeramente su voluntad de solución en los plazos mas breves».
La Federación de Asociaciones y Casas de Uruguayos en España (FAYCUE) sostiene que «la última Sentencia (setiembre de 2006) dificulta las aspiraciones de los uruguayos que se encuentran en situación irregular, es de destacar que dicho Tratado continúa en plena vigencia ya que el fallo judicial no pone en entredicho esta, pero establece una interpretación exageradamente restrictiva, que por otra parte se difunde la semana anterior a la XVI Cumbre de Presidentes Iberoamericanos, (Montevideo-Uruguay) facilitando así la acción de la Administración en dicha cumbre en relación al diferendo con Uruguay por la no aplicación del Tratado mencionado».
«Si bien el Tribunal Supremo sienta jurisprudencia (en España) ante la solicitud del Abogado del Estado, la Administración del Gobierno debe tener presente el pronunciamiento de los Diputados por unanimidad, cosa que no está haciendo, desconociendo el pronunciamiento de uno de los Poderes del Estado del 21 de diciembre de 2005», aluden.
En aquella ocasión, «se aprobó el siguiente Proyecto No de Ley: «Ante la controversia surgida acerca de la interpretación del Tratado de Reconocimiento, Amistad y Cooperación de 1870 con la República Oriental del Uruguay y las implicaciones de la legislación española y de las obligaciones de España con la Unión Europea, así como de la diversa jurisprudencia española en esta materia, se aborde, en el plazo máximo de 4 meses, conjuntamente con las autoridades uruguayas, en el marco de la Comisión de Alto Nivel prevista en el Tratado General de Cooperación y Amistad de 1992, la cuestión del régimen de entrada, trabajo y residencia de los ciudadanos uruguayos mediante la aplicación de los criterios más favorables».
Señalan que «hechos históricos y culturales llevaron a que los Diputados aprobarán una salida negociada al diferendo planteado que deja a miles de uruguayos en la irregularidad, sin siquiera aplicarse el principio de Reciprocidad establecido en el Convenio de 1992, el pronunciamiento parlamentario establece la aplicación de los ‘criterios más favorables para el régimen de entrada, trabajo y residencia’, es de destacar que la voluntad expresada por estos es la de aplicar facilidades a la concesión de los permisos no al trámite, como viene a interpretar el fallo judicial, la separación de poderes establecidos en la Constitución debe respetarse dándole prioridad al pronunciamiento de los Representantes del Pueblo, que interpretan el sentir popular, esencia sobre el que asienta el sistema democrático».
Desde su punto de vista, «la actual Administración española debería asumir la tarea de solucionar un problema que lleva años en que los diferentes Gobiernos se rehusaron a respetar el Tratado de 1870, visualizar con espíritu humanitario y respetuoso de la historia, reconocer el aporte cultural e integrador que los uruguayos aportan a la sociedad, incluyendo a estos según la percepción popular expresada por sus representantes, arbitrando acciones políticas que zanjen esta afrenta a la historia y sus actores».
Por ello, «ambos Gobiernos se encuentran ante el desafío de dar respuesta a la historia y plena satisfacción al sentir de sus pueblos, (que abriga serías esperanzas de solución al tema en cuestión), a estar por la afinidad político-ideológica de estos, no defraudar estas esperanzas es responsabilidad de los gobernantes, en tal sentido hacemos un llamado al compromiso institucional que dé solución negociada a la situación de miles de uruguayos que se encuentran trabajando en la economía sumergida junto a sus familias, condenados a la marginación sin que los empresarios puedan regularizarlos por insuficiencia de la Ley de Extranjería».