Uruguay se encuentra en una situación “preocupante” en materia de uso y tenencia de armas pequeñas y ligeras porque oficialmente “hay casi 600 mil armas
legalmente registradas, lo que significa que hay casi un arma por cada 5 personas”, reconoció este viernes 10 de noviembre la diputada Daisy Tourné, presidenta del Foro Parlamentario que analiza esta problemática.

La Red de Acción Internacional sobre Armas Ligeras (IANSA, por su sigla en inglés) considera que al menos 639 millones de armas pequeñas y livianas circulan hoy por el mundo, de las cuales el 60 % se encuentra en manos de civiles. Los guarismos más altos de mortalidad por armas de fuego se registran en América Latina y el Caribe.

En el Parlamento uruguayo, entre el jueves y viernes pasados se realizó en el Palacio Legislativo la IV reunión anual de representantes del foro parlamentario sobre armas pequeñas y ligeras.

La ONG IANSA estima que al menos 639 millones de armas pequeñas y livianas circulan en la actualidad en el mundo, de las cuales el 60 % está en manos de la población civil. Paralelamente, anualmente se producen más de 8 millones de este tipo de artefactos junto a 16 billones de municiones.

Tourné admitió que la preocupación entre los legisladores de América Latina está
la relación de las armas con la seguridad pública, lo cual es “entendible porque se trata del continente más violento y que registra el mayor número de muertes por armas de fuego”.

Respecto a la situación de Uruguay, la parlamentaria consideró que se debe trabajar intensamente a nivel educativo y cultural para intentar modificar los vínculos violentos que se están profundizando en la sociedad.

Compromiso

En el pronunciamiento final del foro parlamentario se establece el compromiso, por parte de los países participantes del mismo de “adoptar legislaciones nacionales, fomentar la conciencia y sensibilización sobre la temática y ratificar el protocolo contra la fabricación y tráfico ilícito de armas de fuego y sus piezas, componentes y municiones”.

Los parlamentarios reiteran su convicción de que la proliferación y presencia de armas en manos de particulares, aun aquellas legalmente registradas, ”pueden constituir un problema en sí mismo ya que su fácil disponibilidad facilita su desplazamiento al mercado ilegal y, aun dentro del sistema de
control, propicia la resolución letal de conflictos interpersonales y facilita el acceso y manipulación de estos peligrosos materiales por parte de menores”.

Desde su punto de vista, el marco legal no puede restringirse sólo a un “sistema de control», sino debe ampliarse su cometido a políticas orientadas a disminuir la presencia y proliferación de armas en las sociedades, sobre la base de criterios restrictivos de otorgamiento de licencias e, incluso, el decomiso de armas ilegales a través de la entrega voluntaria”.

Otro aspecto alarmante es el involucramiento de niños y jóvenes en grupos armados, “tanto en situación de conflicto como de no conflicto».