La Cámara de Tarjetas de Crédito cuestionó aspectos del proyecto de ley de mejora al combate a la usura porque “podría decirse que el Estado nos utiliza como un gran móvil para sus intenciones recaudatorias y fiscalistas, y después nos regula todo el negocio, generando ineficiencias en el mercado del dinero” y “en definitiva, se restringe el mercado formal, se expande el mercado informal y el Estado termina recaudando menos impuestos”.
Los conceptos fueron realizados por el presidente de la gremial, el contador Horacio Hugues y el asesor, doctor Gonzalo Aguirre el pasado 17 de mayo en la Comisión de Hacienda del Senado.
“Vayamos al tema medular del proyecto: la tasa de interés. Antes, hasta junio del año 2000, el Banco Central publicaba tasas para la actividad bancaria y tasas para administradoras de crédito, que contemplaban los riesgos diferentes de los distintos tipos de crédito. Está claro que no es lo mismo que se dé un crédito de $ 100.000, por parte de un banco de primera línea, a un profesional con sus respectivas garantías, a que una administradora de crédito otorgue vales por $ 2.000 a cincuenta personas, en un shopping, un domingo de tarde”, dijo Hugues.
Por tanto, “son riesgos y costos distintos. Sin embargo, están regulados por la misma norma y el mismo tope: hoy el 75% y en este proyecto un 60%. El valor previsto del 60%, que podría ser razonable a primera vista, no lo es al comprobar que se comparan cosas distintas, para ser más gráficos, peras con manzanas”.
“Las tarjetas de crédito son un gran dinamizador del comercio, facilitan la relación entre estos y los compradores. Además, son formalizadoras de transacciones comerciales, lo que repercute en una menor evasión, en un menor informalismo y en una mayor recaudación para el Estado”, agregó.
Hugues sostuvo que “las tarjetas le dan la posibilidad de acceso al crédito masivo a los segmentos de población con ingreso medio y medio bajo, haciendo posible los consumos de estas franjas que no acceden a otro tipo de crédito”.
En realidad, “deberíamos ser el socio potencial ideal del Estado para formalizar la economía. Sin embargo, se nos grava con impuestos adicionales -o se nos gravó fuertemente en el período de la crisis-; se nos topea con tasas que no reflejan la relación riesgo-beneficio y, ahora, a los comercios se nos exige retención de impuestos”.
Para Aguirre, “todo el proyecto de ley ha sido redactado por el economista Polgar que como economista es muy competente, pero no es Legislador. Considero que las leyes deben ser redactadas por los abogados -y por supuesto, por los Jueces- que son quienes manejan los conceptos jurídicos, los que las aplican y los que deben interpretarlas a la hora de defender a los que llegan a un litigio en función de una norma que se ha incumplido”.
Por lo tanto, “muy respetuosamente me permito sugerir a la Comisión que de aprobarse este proyecto de ley, este artículo 7º sea redactado en castellano, porque tal como está es para iniciados. Por ejemplo, las normas del Código Civil tienen su terminología jurídica, pero son comprensibles por cualquier persona, cosa que no ocurre en este caso. Este es un primer defecto grave que le encuentro al proyecto de ley porque su norma central es ininteligible”, consideró el asesor legal.