Horacio Melo, delegado argentino en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), desmintió que se esté estudiando o analizando la factibilidad de generar una nueva represa sobre el río Uruguay aunque reconoció que discrepancias en el seno del organismo binacional —suscitadas por la instalación de las plantas de celulosa— han sido determinantes en el estado actual de mínimo funcionamiento de la CARU.
«La delegación argentina interpreta que se violó el Tratado del Río Uruguay por parte de Uruguay y consecuentemente por decisión de la Nación argentina se mantienen solo sus actividades administrativas y las técnicas inevitables, por lo que mal se puede estar desarrollando proyectos de estas características con la CTM y en la misma CARU», dijo el delegado en declaraciones publicadas en el diario «El Argentino», de Gualeguaychú.
Con relación a la eventual instalación de una nueva represa en el río Uruguay dijo que «en los estudios sobre mejora de la navegabilidad, fue una alternativa que CARU descartó inicialmente, por cuanto la misma chocaba con la ley 9.092 de Entre Ríos, conocida como ley antirepresa o libertad de los ríos, y que fuera sancionada en el segundo gobierno del gobernador Jorge Busti».
«Hay que tener en cuenta las características del río Uruguay, como las diferencias de lecho desde Colón hacia el Norte y su anchura en toda su extensión. También la viabilidad en cuanto a los costos, no solamente referidos a lo económico sino al costo ambiental, que es el que más me preocupa», agregó.
En este sentido, insistió en que en el ámbito de la CARU no se está trabajando en ningún proyecto que viole la ley entrerriana de libertad de los ríos.